# España: programa ciudadano de mejora > Borrador inicial independiente de cualquier partido político. Un documento abierto para identificar problemas, contrastar propuestas y convertir las mejores ideas en medidas viables. ## 1. Propósito y principios Mejorar la calidad de vida en España mediante instituciones fiables, vivienda accesible, mejores salarios, educación útil y una economía capaz de desarrollar y aprovechar el talento. - **Evidencia antes que ideología:** distinguir los problemas percibidos de los demostrados y publicar los datos que justifican cada medida. - **Derechos y garantías:** respetar los derechos fundamentales, el Estado de derecho y las obligaciones europeas e internacionales. - **Viabilidad económica:** explicar el coste, la financiación y el mantenimiento de las propuestas. - **Responsabilidad clara:** identificar qué corresponde al Estado, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos o a la Unión Europea. - **Evaluación pública:** medir resultados, revisar lo que no funciona y evitar prometer ahorros o mejoras sin fundamento. - **Normas revisables:** no confundir legalidad vigente con conveniencia. Cuestionar, reformar o derogar reglas que no cumplan su finalidad, con evidencia, garantías y responsabilidad. - **Participación plural:** recoger aportaciones de ciudadanía, profesionales y personas afectadas, sin exigir afiliación política. - **Unir esfuerzos, no repartir culpas:** buscar soluciones compartidas, reconocer aportaciones ajenas y corregir errores propios. El «y tú más» no sustituye responder por una decisión; cooperar no significa ocultar responsabilidades, renunciar a la crítica ni pensar todos igual. ### 1.1. Diez exigencias ciudadanas al Gobierno y a nuestros representantes No pedimos que todos pensemos igual. Exigimos unas reglas mínimas a cualquier gobierno y representante, sea del partido que sea, también a quienes votamos. La responsabilidad política no empieza únicamente cuando hay una condena penal; una sospecha tampoco equivale a culpabilidad. - **1. La verdad ante el Parlamento.** Rectificar públicamente los errores y dimitir cuando se acredite una mentira deliberada sobre hechos relevantes, mediante un procedimiento con independencia, pruebas, audiencia y resolución motivada. Opiniones, previsiones fallidas y cambios de criterio no son por sí solos mentiras. La renuncia al escaño no se presenta como pérdida automática del mandato. Desarrollo: [integridad pública](#eje-1). - **2. Reglas éticas con consecuencias.** Un código público que explique obligaciones, investigación de incumplimientos y consecuencias proporcionadas. Cumplir la ley es obligatorio, pero no agota la responsabilidad política. Desarrollo: [integridad pública](#eje-1). - **3. Saber quién asesora y por qué.** Publicar funciones, currículum profesional pertinente, retribución y justificación del nombramiento de asesores y personal de confianza, respetando datos privados. Desarrollo: [transparencia y nombramientos](#eje-1). - **4. Competencia para gestionar, no favoritismo.** Selección transparente y auditorías de adecuación al puesto para funciones técnicas y directivas. No exigir un título universitario para representar a la ciudadanía ni confundir títulos con capacidad. Desarrollo: [mérito y controles](#eje-1) y [administración eficaz](#eje-6). - **5. Conflictos de interés prevenidos desde el primer día.** Declararlos, revisarlos de forma independiente y resolverlos mediante medidas escritas, abstención efectiva y sustitución cuando corresponda. Incluir intereses familiares relevantes sin convertir el parentesco en prueba de una infracción. Desarrollo: [sistema preventivo de conflictos de interés](#eje-23). - **6. Dinero público y financiación política rastreables.** Cuentas comprensibles, contratos y subvenciones contrastables, controles independientes y seguimiento público de recomendaciones. Desarrollo: [financiación e integridad](#eje-1) y [contratación pública](#eje-12). - **7. Representantes accesibles y que rindan cuentas.** Encuentros periódicos abiertos en sus circunscripciones, preguntas ciudadanas y seguimiento público de compromisos. No basta con aparecer durante la campaña. Desarrollo: [rendición de cuentas democrática](#eje-22). - **8. Debate parlamentario sin insultos personales.** Reglas claras y medidas disciplinarias proporcionadas, incluida la expulsión de la sesión cuando proceda, con garantías frente a su uso partidista. Discrepar con dureza no equivale a insultar. Desarrollo: [calidad del debate y participación](#eje-22). - **9. Vivienda asequible entregada, no solo anunciada.** Ampliar el alquiler asequible mediante actuaciones públicas y colaboración privada cuando aporte valor, preservando el patrimonio público y la asequibilidad. Medir viviendas disponibles y esfuerzo económico de los hogares. Desarrollo: [vivienda accesible](#eje-2). - **10. Oportunidades reales para construir una vida.** Educación con conocimientos básicos, pensamiento crítico y experiencia práctica; menos trámites redundantes para trabajar y emprender, sin eliminar protecciones necesarias. Medir obstáculos eliminados y resultados, no únicamente ayudas anunciadas. Desarrollo: [educación](#eje-9), [empleo](#eje-4) y [emprendimiento](#eje-14). Cada exigencia se desarrolla en los ejes enlazados y deberá concretarse con responsable competente, plazo, prueba de cumplimiento y respuesta ante el incumplimiento antes de ejecutarse. El decálogo no activa nuevos pilotos ni modifica las metas ya propuestas; las ampliaciones requieren diagnóstico, desarrollo jurídico, recursos y financiación. Estas propuestas recogen ideas de la transcripción de una entrevista a Miriam González sobre España Mejor facilitada por una persona participante: ética pública, asesores, mérito, conflictos de interés, encuentros ciudadanos, debate, vivienda y oportunidades. No se presentan como citas literales, como reproducción de sus 99 principios ni como colaboración o respaldo de esa organización. Las cifras, acusaciones y comparaciones de la entrevista no se incorporan como hechos verificados. ### 1.2. Cambios que impulsamos Estos ocho pilares prácticos resumen el programa, no son reformas aprobadas ni resultados obtenidos. Los 31 ejes conservan el desarrollo, el decálogo y las demás propuestas. OpenSpain puede investigar, formular, reunir apoyos y solicitar acuerdos; las instituciones competentes deben autorizar y ejecutar cada cambio. - **1. Reforzar la ley frente a la corrupción y los delitos graves.** Proponer una revisión de penas e inhabilitaciones cuando se acrediten insuficiencias, recuperar el dinero obtenido ilícitamente y reforzar investigación y ejecución de resoluciones. Explicar qué delitos y artículos cambiarían, con proporcionalidad, pruebas, defensa y control judicial; no prometer menos delitos solo por elevar penas. Mantener transparencia, prevención de conflictos y dimisión por mentira deliberada acreditada. Desarrollo: [integridad](#eje-1), [conflictos de interés](#eje-23) y [justicia](#eje-31). - **2. Bajar impuestos para mejorar la renta disponible.** Diseñar rebajas sostenibles para trabajadores, autónomos y empresas, con perfiles comparables, coste recaudatorio y financiación explícita. Combinar menor carga con productividad, formación y cumplimiento laboral: una rebaja no garantiza por sí sola subir el salario bruto ni atraer inversión. No contar ahorro futuro o crecimiento supuesto como dinero disponible. Desarrollo: [fiscalidad](#eje-16) y [mejores ingresos](#eje-4). - **3. Innovar, emprender y crecer desde España.** Reducir trámites hasta poder operar, coordinar permisos y ofrecer reglas previsibles. Conectar investigación con productos y servicios, talento, prototipos, primeros clientes, capital privado y mercados internacionales. Impulsar innovación también en empresas existentes, industria y servicios públicos, no solo en startups. Condicionar el apoyo público a criterios transparentes, hitos verificables y evaluación; no exigir rondas a todos los negocios ni garantizar rentabilidad. Medir transferencia de conocimiento, mejoras comprobadas, empresas operativas, ventas cobradas y empleo sostenible, no solo altas o ayudas anunciadas. Desarrollo: [innovación](#eje-5), [industria tecnológica](#eje-26), [emprendimiento](#eje-14), [autónomos](#eje-15) y [startups](#eje-11). - **4. Atraer inversión extranjera que cree actividad y empleo.** Ofrecer seguridad jurídica, tramitación previsible, infraestructura y conexiones con empresas y centros de investigación españoles. Facilitar capital privado y redes de inversores para proyectos viables, sin depender de contactos políticos. Vincular el apoyo a transferencia de conocimiento, proveedores locales y empleo de calidad; comprobar riesgos de dependencia y concentración. Evaluar incentivos fiscales o públicos solo con coste, inversión adicional y controles, con devolución por incumplimiento; medir capital desembolsado, actividad real y empleo mantenido. No confundir inversión anunciada con ejecutada ni ofrecer privilegios por nacionalidad o contactos. Desarrollo: [inversión y empresas globales](#eje-11) y [relaciones exteriores](#eje-8). - **5. Atraer talento y nómadas digitales con vías claras.** Agilizar las categorías de permisos aplicables, facilitar reconocimiento profesional y estudiar plazos y renovaciones más previsibles. Ofrecer información clara sobre requisitos y autorizaciones antes de trasladarse, sin prometer que una oferta de empleo conceda automáticamente un permiso. Conectar llegada e integración con investigación, empresas y transferencia de capacidades, complementando la formación y las oportunidades de quienes ya viven aquí. Facilitar idioma, reconocimiento de competencias y orientación laboral voluntaria; prevenir explotación y empleo precario. Distinguir talento, emprendimiento y teletrabajo internacional: las ampliaciones son reformas propuestas, no permisos vigentes ni exenciones fiscales automáticas. Comparar una continuidad más sencilla con cambios de duración, explicando su coste y su tramitación legal. Evaluar también vivienda y servicios, acceso al empleo formal y tiempos reales de resolución; no medir el éxito solo por llegadas o solicitudes. Desarrollo: [talento y permisos](#eje-7). - **6. Menos burocracia. Un Estado más sencillo y eficiente.** Revisar normas, permisos y organismos; modificar o eliminar requisitos obsoletos, duplicados o sin utilidad acreditada mediante el cauce legal correspondiente. Pedir documentación una sola vez cuando sea legal, coordinar administraciones y simplificar trámites para ciudadanos y empresas. Mantener seguridad, derechos laborales, protección ambiental y controles contra el fraude. Auditar funciones y puestos de confianza; limitar o eliminar los que no justifiquen su necesidad, con criterios públicos. Compartir servicios y revisar diputaciones y estructuras autonómicas donde exista redundancia acreditada, asegurando atención y apoyo a municipios pequeños. Descontar transición y obligaciones del ahorro; no se adopta una abolición general de comunidades autónomas ni un recorte indiscriminado de servicios. Revisar también beneficios tras el cargo sin retirar pensiones ordinarias o seguridad necesaria. Medir tiempo y coste por trámite, documentación repetida y requisitos eliminados, no solo leyes derogadas. Desarrollo: [administración](#eje-6), [trámites para emprender](#eje-14), [asesores](#eje-1) y [cargos públicos](#eje-23). - **7. Ordenar la inmigración laboral con contratos reales.** Facilitar vías legales de contratación y autorizaciones de trabajo según necesidades acreditadas, verificando empleador, contrato, salario y condiciones. Tramitar con plazos previsibles y combatir contratos ficticios, trata y explotación. Un contrato no autoriza por sí solo a trabajar ni sustituye el permiso exigible; respetar las reglas para quienes no necesitan visado y mantener separadas protección internacional, reagrupación e inmigración laboral. Desarrollo: [migración e integración](#eje-7). - **8. Construir vivienda social y ampliar el parque público.** Impulsar promociones y nuevos barrios de alquiler social o protegido donde exista demanda, con suelo, urbanización, transporte, escuelas y servicios financiados. Combinar construcción, rehabilitación y colaboración privada cuando aporte valor, preservando patrimonio público, asequibilidad y criterios transparentes de acceso; evitar segregación y barrios sin servicios. Medir viviendas habitables entregadas y mantenidas como asequibles, no anuncios ni suelo reclasificado. Desarrollo: [vivienda](#eje-2). La financiación, el encaje legal, los responsables y las condiciones de cada pilar se desarrollan en los ejes enlazados. Este resumen no modifica sus metas ni activa nuevos frentes. Las reformas penales, fiscales, migratorias o territoriales necesitan su diagnóstico, tramitación y aprobación; no se anuncian penas, tipos tributarios, permisos o presupuestos ya aprobados. ### 1.3. Qué queremos cambiar en ocho mensajes Guion editorial del vídeo horizontal, vinculado a los ocho pilares. Resume propuestas, no logros ni decisiones institucionales ya tomadas. - **1. Corrupción con consecuencias.** Recuperar el dinero robado y revisar penas, con pruebas y garantías judiciales. - **2. Menos impuestos.** Que trabajar y emprender deje más dinero disponible, con financiación clara. - **3. Innovar, emprender y crecer.** Llevar buenas ideas a productos, empresas y primeros clientes. - **4. Inversión que cree empleo.** Reglas claras para invertir, abrir negocios y mantener puestos de trabajo. - **5. Talento que suma.** Facilitar la llegada de talento, su integración y el intercambio de conocimientos. - **6. Trámites fáciles. Gasto útil.** Pedir menos papeles, coordinar administraciones y cuidar los servicios esenciales. - **7. Trabajo con vías legales.** Contratos reales, permisos claros y protección frente a la explotación. - **8. Vivienda para construir una vida.** Alquiler social, rehabilitación y barrios con transporte, escuelas y servicios. No basta con anunciar cambios: hay que explicar quién los ejecuta, cuánto cuestan y cómo se comprueban. ### 1.4. Nuestros valores Queremos una España donde vivir con libertad, prosperar y contribuir esté al alcance de más personas. Estos valores cívicos compartidos están abiertos a personas con ideas y convicciones distintas y se concretan en los compromisos del apartado siguiente, con derechos, pruebas y garantías. - **Dignidad y libertad.** Reconocer el valor de cada persona y su libertad para pensar, elegir y construir su vida. Respetar su dignidad en cualquier situación y defender la libertad propia junto a los derechos de los demás. - **Cuidado y generosidad.** Compartir tiempo, conocimiento, oportunidades y recursos por el valor de ayudar. Acompañar a quienes atraviesan dificultades para que recuperen autonomía, y fortalecer familias, amistades y comunidades que se cuidan. - **Honestidad y confianza.** Hablar con claridad, contrastar los hechos y comprometer lo que podemos cumplir. Construir confianza con información comprensible, reconocer los errores y rectificar públicamente. - **Humildad y apertura.** Escuchar con curiosidad, comprender las causas y aprender de otras experiencias. Reconocer nuestros límites y tener la libertad de cambiar de opinión ante mejores argumentos o pruebas, también sobre una propuesta propia. - **Vocación de servicio.** Poner las capacidades al servicio de toda la ciudadanía y compartir el mérito. Ejercer el cargo con remuneración justa, rendición de cuentas y disposición a preparar relevos: servir es una responsabilidad temporal. - **Justicia y oportunidades.** Aplicar las mismas reglas, reconocer el esfuerzo y el mérito y abrir oportunidades reales para avanzar. Combinar responsabilidad personal y solidaridad para que más personas puedan desarrollar su potencial. - **Diálogo y convivencia.** Discrepar con respeto, defender las ideas con firmeza y construir acuerdos útiles. Cooperar desde nuestras diferencias, actuar con serenidad y alzar la voz ante las injusticias. - **Responsabilidad y reparación.** Hacernos cargo de nuestras decisiones, cumplir los compromisos y reparar el daño acreditado. Favorecer la reconciliación y las segundas oportunidades junto a una rendición de cuentas efectiva. - **Prosperidad y bien común.** Celebrar el éxito económico legítimo y el trabajo honesto. Emprender, invertir y crear valor con respeto a las personas; disfrutar de lo conseguido y contribuir a una sociedad con más oportunidades, cuidando también los recursos públicos. - **Cuidado del futuro.** Construir sobre lo mejor de lo recibido y dejar más oportunidades a quienes vendrán. Cuidar el entorno, transmitir conocimiento y valorar las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo. ### 1.5. Cómo los cumplimos Estos son compromisos de conducta para OpenSpain, también en su fase de borrador. No afirmamos que existan ya registros, órganos de control o sistemas de reclamación operativos. - **Decir la verdad y rectificar.** Distinguir hechos contrastados, opiniones y propuestas. Corregir los errores detectados con una explicación pública de qué cambia y por qué, sin divulgar datos privados. - **Escuchar, compartir y unir.** Recoger argumentos de personas con posiciones distintas, reconocer sus aportaciones y compartir conocimiento y oportunidades sin exigir favores. Responder a las críticas sin insultos ni descalificaciones personales. Buscar acuerdos sin exigir unanimidad. - **Servir sin privilegios.** Declarar y gestionar los conflictos de interés relevantes antes de intervenir en una decisión, con abstención y sustitución cuando corresponda. Ninguna aportación económica comprará influencia ni trato preferente. - **Responder y reparar.** Acompañar los compromisos de responsable, plazo y prueba de cumplimiento. Explicar los bloqueos y los incumplimientos, corregir lo que no funcione y proponer reparación cuando exista daño acreditado, con medidas proporcionadas y garantías. - **Cuidar los recursos y el futuro.** Justificar el gasto, su financiación y su utilidad. Evaluar los efectos sobre quienes tienen menos oportunidades, el entorno y las próximas generaciones; no presentar ahorros supuestos como dinero disponible. - **Decidir con atención y actuar con constancia.** Escuchar antes de responder, contrastar las consecuencias y priorizar lo importante. No decidir por impulso, miedo o revancha. Mantener el seguimiento de los compromisos, también cuando dejan de ocupar titulares, y revisar o abandonar lo que no funcione, aunque sea una propuesta propia. ## 2. Mapa de problemas y propuestas Los problemas siguientes son hipótesis de trabajo y preocupaciones ciudadanas. Su alcance y sus causas deben contrastarse antes de aprobar medidas. **Primera lectura:** cada eje empieza con una explicación en párrafos cortos que une el problema, la propuesta, un ejemplo y los intereses que hay que equilibrar, sin repetir etiquetas. Los ejemplos son situaciones hipotéticas: ayudan a entender una medida, pero no son casos documentados, resultados obtenidos ni derechos nuevos. No necesitas compartir una etiqueta política para valorar una propuesta; sí conocer sus beneficios posibles, costes y límites. **Para profundizar:** «Plan de actuación» reúne los objetivos del primer año y de cuatro años, el calendario y los responsables. Después encontrarás gráficos y una explicación del problema y las alternativas, las medidas en una lista y su evaluación, fuentes, costes y garantías en párrafos sin etiquetas repetidas. Las cantidades y los plazos se conservan para poder exigir explicaciones: son planes propuestos para ámbitos delimitados, no previsiones nacionales ni resultados garantizados. **Palabras que usamos:** «trazabilidad» significa poder seguir quién decide, qué hace y con qué dinero; «interoperabilidad», que sistemas distintos puedan intercambiar información con autorización; «línea base», la situación medida antes de empezar; «cohorte», el mismo grupo seguido durante un período; y «adicionalidad», la mejora que no habría ocurrido sin la ayuda o medida. Medir una actividad no demuestra que haya causado un resultado. **Qué significa «haremos»:** expresa la actuación que proponemos impulsar, no una medida ya aprobada. OpenSpain puede investigar, preparar propuestas, reunir apoyos y solicitar acuerdos; las administraciones y demás entidades competentes deben autorizar y ejecutar lo que les corresponde. Si falta un acuerdo, personal o financiación, publicaremos el bloqueo, no una entrega ficticia. **Qué necesita reforma constitucional:** cada alternativa debe identificar si basta un acuerdo administrativo, una reforma legal o estatutaria, o si exige cambiar la Constitución. Suprimir el Senado, sustituir la circunscripción provincial del Congreso o introducir nuevas causas de cese obligatorio del Gobierno no son simples cambios de gestión. Cambiar la forma de Estado o eliminar el derecho a la autonomía exige el procedimiento agravado del artículo 168. La [guía de reformas constitucionales](#eje-30) distingue estos casos de las mejoras posibles dentro del marco vigente [F35]. Comparar una alternativa no significa adoptarla. **Cómo leer los plazos:** el primer año tiene como referencia octubre de 2026–2027 y el horizonte de cuatro años, octubre de 2030. Los códigos M3, M6, M12 y M48 indican meses desde el inicio de referencia; sirven para seguir los pasos, no para afirmar que todos los ejes estén activos. Los capítulos 4 y 5 explican condiciones, calendario y financiación. Las demás medidas de cada eje requieren su propio desarrollo antes de ejecutarse. ### 2.1. Corrupción, partidos y confianza institucional Queremos saber en qué se gasta el dinero público y poder exigir explicaciones cuando algo no encaja. Para ello, proponemos publicar quién financia a los partidos y sindicatos, quién decide sobre fondos públicos y qué intereses personales pueden influir. La propuesta incluye reforzar controles independientes, proteger a quienes denuncian irregularidades y revisar penas e inhabilitaciones por corrupción cuando se acrediten insuficiencias, con proporcionalidad y garantías judiciales. En un caso hipotético, una asociación recibe una subvención para actividades del barrio. Cualquier persona puede consultar cuánto recibió, para qué y cómo justificó el gasto. Si falta información, se pide una explicación y se revisa; no se acusa de delito solo por una duda. La ciudadanía necesita transparencia; las entidades, controles claros que no bloqueen su trabajo; y las personas investigadas, garantías y protección de sus datos. Revisar cuesta recursos, pero no debe depender de a quién afecte. Para saber si funciona, proponemos comprobar si la información llega a tiempo, se atienden las recomendaciones y se recuperan fondos cuando lo ordena una resolución firme. Publicar más datos no demuestra menos corrupción. #### Plan de actuación En el primer año, en 10 entidades públicas adheridas, proponemos publicar en plazo el 90 % de los documentos exigibles según un catálogo fijado en M3 y responder motivadamente a todas las recomendaciones de control recibidas en un máximo de 90 días. En cuatro años, el objetivo es extender a 30 entidades, alcanzar un 95 % de publicación en plazo y ejecutar o justificar públicamente todas las recomendaciones vencidas. La ejecución correspondería a unidades de transparencia y órganos de control; el calendario previsto incluye catálogo, diagnóstico y recursos en M1–M3; publicación reutilizable y registro de recomendaciones en M4–M6; revisión trimestral desde M7. La fiscalización será independiente del equipo fiscalizado. Queremos estudiar las posibles irregularidades en financiación, nombramientos, subvenciones y contratación, así como los conflictos de interés y las dificultades para exigir cuentas. Una sospecha requiere comprobación; no equivale a un delito demostrado. Poder seguir quién decide y cómo se utiliza el dinero facilita detectar problemas y exigir explicaciones. Por eso, proponemos reforzar la capacidad y la independencia de los órganos de control existentes y comprobar qué recomendaciones se ejecutan, antes de crear otro organismo sin una función clara. Publicar más información, por sí solo, no demuestra que haya menos corrupción. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar financiación, donaciones, subvenciones y gastos de partidos y entidades vinculadas en formatos reutilizables, con los límites de protección de datos que correspondan. - Publicar la financiación de sindicatos y organizaciones empresariales, distinguiendo cuotas, servicios, patrimonio, subvenciones y contratos públicos. Contrastar sus cuentas auditadas con presupuestos, resoluciones y la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sin depender únicamente de datos de los propios beneficiarios ni revelar identidades de afiliados [F38]. - Evaluar finalidad, resultados e independencia de las subvenciones sindicales y comparar mantenerlas con condiciones, reducirlas o sustituirlas por recursos propios. Estimar efectos sobre representación y servicios antes de cambiar el modelo; recibir financiación pública no demuestra por sí solo obediencia política ni corrupción. - Exigir criterios públicos de acceso a ayudas y canales independientes de reclamación frente a concesiones partidistas, coacciones o compra de votos. Investigar indicios con garantías, sin presumir cómo votan las personas beneficiarias ni condicionar sus derechos políticos a recibir una ayuda. - Conectar los controles de integridad electoral del eje 22 con canales seguros para denunciar compra de votos, suplantaciones, coacciones o uso partidista de recursos públicos. Remitir indicios documentados a los órganos electorales, Fiscalía o tribunales según proceda, conservando pruebas y protegiendo a denunciantes; no atribuir fraude a un partido o modalidad de voto por una sospecha. - Reforzar la independencia, los recursos y la capacidad de seguimiento de los órganos de fiscalización. - Proponer reformas concretas de penas e inhabilitaciones por corrupción y delitos graves cuando un diagnóstico jurídico y de ejecución acredite insuficiencias. Identificar tipos penales, artículos, efectos y alternativas, con proporcionalidad, no retroactividad desfavorable, defensa, presunción de inocencia e independencia judicial; no afirmar que aumentar penas reduzca automáticamente la delincuencia. - Reforzar investigación patrimonial, recuperación de activos obtenidos ilícitamente y ejecución de resoluciones por los órganos competentes, respetando pruebas, recursos y derechos de terceros. Medir fondos efectivamente recuperados, no sumarlos como financiación anticipada del programa. - Establecer criterios públicos de mérito y procedimientos transparentes para puestos técnicos y directivos. - Publicar funciones, currículum profesional pertinente, retribución y justificación del nombramiento de asesores y personal de confianza, con los límites legales de protección de datos. Justificar la necesidad del puesto, no solo su ocupación. - Revisar dotación y coste de asesores y puestos de confianza por función y carga acreditadas; proponer limitar o suprimir puestos sin necesidad justificada, sin sustituir personal técnico indispensable ni eludir procedimientos laborales o de cese. - Auditar la adecuación de capacidades y experiencia a funciones técnicas y directivas mediante criterios previos y revisión independiente, sin exigir titulaciones como condición general para representar a la ciudadanía ni presumir incapacidad por afiliación política. - Proponer un código ético público para el Gobierno y compromisos equivalentes para representantes, con obligaciones concretas, órgano revisor competente, procedimiento, consecuencias proporcionadas y publicación de su cumplimiento. No sustituir la ley ni dejar su aplicación únicamente al criterio del cargo afectado. - Exigir rectificación pública de errores ante el Parlamento y dimisión cuando se acredite una mentira deliberada sobre hechos relevantes, con independencia, pruebas, audiencia y resolución motivada. Distinguir responsabilidad política de delito y diferenciar ministros y otros cargos del Ejecutivo de diputados y senadores; estudiar el encaje jurídico de cada consecuencia, sin presentar la pérdida del escaño como automática. - Proteger a quienes denuncien irregularidades y facilitar canales seguros con seguimiento. - Aplicar controles proporcionados sobre conflictos de interés y puertas giratorias, con sanciones efectivas y garantías. - Conectar esos controles con el sistema preventivo del eje 23: declaraciones al inicio y durante el mandato, revisión independiente, medidas escritas, abstenciones efectivas, sustitución y seguimiento. - Preparar un mapa abierto de decisiones y cargos que conecte personas, funciones, instituciones, nombramientos, intereses declarados y contratos mediante relaciones documentadas. Cada conexión incluirá fuente, fecha y tipo de relación; se distinguirán hechos, datos pendientes e indicios sometidos a revisión, sin llamar «red clientelar» a una mera coincidencia. - Utilizar estimación asistida por IA para identificar posibles sobrecostes en contratación, con el método, los límites y la revisión humana descritos en el eje de licitaciones. Una desviación estimada no demuestra por sí sola corrupción. Para comprobar los avances, compararemos los documentos exigibles según el catálogo de cada entidad con los publicados dentro de plazo, utilizando sus registros y una muestra independiente. Publicaremos la cobertura, los retrasos, el tiempo de fiscalización y la proporción de recomendaciones atendidas respecto de las vencidas. También seguiremos la recuperación de fondos cuando la ordene una resolución firme. En las ayudas, contrastaremos la financiación pública y propia de cada entidad, sus cuentas, la finalidad de los fondos, los resultados verificados y las reclamaciones resueltas con garantías. Explicaremos las reservas legales que impidan publicar información. Las denuncias son señales para investigar, no una medida de corrupción ni una prueba de cómo votan sus beneficiarios. No prometemos una cifra de corrupción eliminada ni de ahorro. El mapa reutilizará registros y documentos oficiales antes de crear otra base de datos. Verificaremos identidades para evitar confundir homónimos, conservaremos fechas de vigencia y ofreceremos corrección y revisión. Una relación profesional, familiar o partidista no demuestra trato de favor; no recopilaremos familiares por defecto ni publicaremos domicilios, contactos privados u otros datos innecesarios. El acceso público a un documento no elimina la obligación de justificar su reutilización y proteger datos personales. Mediremos cobertura documental y errores de enlace, no personas supuestamente corruptas. La revisión de veracidad identificará la afirmación concreta, su relevancia, las pruebas de falsedad y de conocimiento de esa falsedad y la respuesta del afectado. Una opinión, una previsión fallida, un cambio de criterio o un error de buena fe no equivalen por sí solos a mentir deliberadamente. No se creará un mecanismo para sancionar discrepancias políticas. La rectificación deberá quedar vinculada a la intervención original. El compromiso de renuncia de un representante no equivale a que una comisión pueda retirar su escaño; cualquier mecanismo obligatorio requiere analizar las garantías del mandato y la reforma correspondiente [F35]. Para asesores, código ético y veracidad, publicaremos cobertura de puestos con documentación exigible completa, revisiones pendientes, rectificaciones y resoluciones motivadas dentro del plazo fijado antes de aplicar cada medida. Una auditoría de mérito no sustituye los procedimientos de selección o cese ni permite represalias políticas. Estos desarrollos se integran en el frente de integridad según capacidad, sin cambiar sus metas ni declarar instituciones adheridas. El Estado y las demás administraciones aplicarían las medidas dentro de sus atribuciones. Los órganos de control y la justicia actuarían con independencia. El diagnóstico deberá revisar auditorías, financiación política, resoluciones y cumplimiento de transparencia. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir fiscalización, canales de denuncia, sistemas de publicación, auditorías de mérito, revisión del código ético y de veracidad parlamentaria y revisión de ayudas y financiación sindical. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar acusaciones sin prueba, proteger denunciantes y preservar independencia judicial. ### 2.2. Vivienda: escasez de oferta y precios elevados Queremos encontrar una vivienda que se pueda pagar y alquilar con seguridad, tanto para quien vive en ella como para quien la ofrece. Para ello, proponemos ampliar el alquiler público y protegido, rehabilitar vivienda y facilitar nueva oferta donde haya demanda, servicios y garantías. Además, planteamos resolver conflictos sin dejar desprotegidos a inquilinos ni propietarios. En un caso hipotético, una persona busca alquiler cerca del trabajo y otra tiene un piso que teme alquilar por posibles impagos. Más vivienda asequible y una respuesta fiable ante problemas pueden ampliar opciones para ambas. Construir requiere tiempo; habilitar suelo no garantiza por sí solo un alquiler más barato. Inquilinos necesitan precios asumibles; propietarios, cobrar y conservar su vivienda; vecinos, servicios y un barrio habitable. Construcción, ayudas y parque público tienen costes: hay que comparar dónde aportan más y evitar desplazar el problema a otro barrio. Para saber si funciona, proponemos medir qué parte del ingreso se destina al alquiler, cuántas viviendas asequibles están disponibles y cuánto tardan los conflictos en resolverse con garantías. #### Plan de actuación En el primer año, en 3 municipios con demanda acreditada, proponemos reducir un 20 % la mediana de días hasta resolver licencias residenciales y dejar identificadas, presupuestadas y con vía de ejecución 150 viviendas de alquiler asequible. En cuatro años, el objetivo es tener las 150 viviendas realmente disponibles y reducir un 35 % los plazos de licencia. Limitar alquiler y gastos obligatorios del programa al 30 % del ingreso neto del hogar adjudicatario, financiando explícitamente la diferencia cuando proceda. La ejecución correspondería a ayuntamientos y comunidad autónoma; el calendario previsto incluye inventario de demanda, suelo y vivienda recuperable en M1–M3; personal técnico, financiación y contratos en M4–M6; licencias y adjudicaciones en M7–M12; rehabilitación, movilización o construcción en M13–M36; comprobación de ocupación y mantenimiento en M37–M48. Coordinar garantías de alquiler, mediación y apoyos vulnerables sin sustituir decisiones judiciales. Alquilar o comprar resulta difícil para muchos hogares, especialmente donde se concentra el empleo. Queremos comprobar dónde faltan viviendas asequibles y qué obstáculos impiden construir, rehabilitar o poner en uso las que ya existen. Cuando muchas personas buscan vivienda y hay pocas disponibles para vivir, ampliar la oferta y agilizar las actuaciones puede aliviar el problema. Compararemos rehabilitar, recuperar viviendas sin uso y construir según su coste y el tiempo necesario. Las ayudas económicas también deben evaluarse: si no aumenta la oferta, parte de la ayuda puede acabar trasladándose a precios más altos. La experiencia de Auckland aporta evidencia sobre construcción tras cambios urbanísticos, pero no garantiza alquileres más bajos en España [F5]. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Elaborar diagnósticos locales de demanda, oferta, suelo disponible, vivienda vacía y capacidad de infraestructuras. - Aumentar el parque público y protegido de alquiler con mecanismos que preserven su asequibilidad a largo plazo. - Impulsar promociones y nuevos barrios de vivienda social o protegida donde haya demanda acreditada, con suelo y urbanización, transporte, escuelas, salud y otros servicios financiados. Aplicar criterios transparentes de acceso, integración urbana y prevención de segregación; conservar el destino asequible y la titularidad pública cuando corresponda, sin contabilizar anuncios o suelo reclasificado como viviendas entregadas. - Evaluar colaboración pública y privada para ampliar alquiler asequible cuando aporte valor verificable, con adjudicación transparente, reparto explícito de riesgos, mantenimiento y condiciones que preserven el patrimonio aportado públicamente y su finalidad asequible a largo plazo. No contabilizar anuncios o convenios como viviendas entregadas. - Evaluar habilitar suelo residencial y revisar restricciones urbanísticas innecesarias donde exista demanda acreditada, con costes de urbanización, agua, transporte y servicios financiados y respeto a seguridad, ambiente y garantías. No confundir reclasificar suelo con entregar viviendas habitables ni prometer que todo suelo debe urbanizarse. - Agilizar licencias con procedimientos claros, plazos verificables y personal suficiente, sin eliminar controles de seguridad o ambientales. - Facilitar rehabilitación y movilización de vivienda vacía mediante incentivos y garantías evaluables, distinguiendo viviendas habitables de inmuebles inutilizables. - Conectar las políticas de vivienda con transporte, servicios y empleo para evitar construir donde no existe demanda. - Evaluar las ayudas a la demanda para que no se traduzcan principalmente en aumentos de precios. - Proteger también a propietarios que alquilan mediante contratos comprensibles, reglas previsibles y vías de resolución frente a impagos, daños y ocupación ilícita, diferenciando situaciones jurídicas y respetando garantías. - Mejorar la capacidad judicial y los mecanismos de mediación para resolver conflictos de vivienda en plazos razonables, sin sustituir decisiones judiciales por desalojos privados o automáticos. - Evaluar garantías y coberturas de alquiler con condiciones transparentes y coste acreditado, para reducir riesgos de pequeños propietarios sin ocultar responsabilidades ni trasladar todo el coste a inquilinos. - Coordinar la protección de hogares vulnerables con apoyos públicos y alternativas habitacionales, evitando que su coste recaiga indefinidamente sobre un propietario sin mecanismos de apoyo; cualquier medida requiere encaje legal y financiación. Para comprobar los resultados, mediremos las viviendas habitables realmente entregadas y mantenidas como asequibles, la oferta residencial de cada zona y qué proporción del ingreso neto del hogar se destina a vivienda y gastos obligatorios. No contaremos anuncios como viviendas disponibles. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE mide precios de compra, no alquileres ni asequibilidad por sí solo [F4]. Los registros municipales permitirán comparar los plazos de licencia con los 12 meses anteriores al inicio de referencia, T0. Publicaremos la mediana —el plazo que divide los expedientes en dos mitades— y el percentil 90 —el plazo dentro del que se resuelve el 90 %—, sin ocultar expedientes pendientes o denegados. La mejora no puede lograrse eliminando controles de seguridad ni recurriendo a desalojos automáticos. La aplicación correspondería principalmente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Estado intervendría en financiación, legislación aplicable y coordinación. El diagnóstico deberá revisar oferta y demanda local, ingresos, licencias y parque de vivienda. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El IPV nacional del segundo trimestre de 2026 registra un aumento anual del 12,2 % en precios de compra [F4]. No mide alquileres. Interior registra 14.875 hechos conocidos por allanamiento y usurpación en 2025, frente a 16.426 en 2024 y 15.289 en 2023 [F7]. No son viviendas únicas ocupadas ni condenas; la serie incluye distintos inmuebles y delitos. No se presenta como un dato anual de 2026. El Censo de 2021 contabilizó 26.623.708 viviendas, 18.536.616 principales en el apartado de parque y 3.837.328 clasificadas como vacías por consumo eléctrico [F14]. Los 18.539.223 hogares familiares son otro universo: no se restan hogares o personas del parque para declarar un excedente. Disponibilidad, estado, ubicación y precio deben contrastarse. Estas cifras son históricas, no el stock actual. La encuesta de 2022 registró 28.552 adultos usuarios de centros de alojamiento o restauración en municipios de más de 20.000 habitantes [F15]. No cuenta a todas las personas sin hogar ni a todos los hogares que necesitan una vivienda asequible. Este programa no dispone aún de un total nacional comparable y verificado. Para dimensionar cada piloto, habrá que depurar listas de solicitantes y emergencia residencial, estimar formación de hogares y emancipación retrasada y cruzar demanda con oferta habitable y asequible; se identificarán solapamientos para no contar dos veces un hogar. Antes de proponer penas por ocupación, hay que distinguir estas situaciones y sus respuestas legales: | Situación | Marco penal de referencia | Respuesta a evaluar | |---|---|---| | Entrada o permanencia en morada ajena contra voluntad del morador | Art. 202.1: prisión de 6 meses a 2 años; con violencia o intimidación, art. 202.2: 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. | Protección, investigación y medidas judiciales procedentes según el caso. | | Usurpación con violencia o intimidación | Art. 245.1: prisión de 1 a 2 años, además de las penas de la violencia ejercida. | Investigación de violencia y actividad organizada cuando haya indicios; reparación y garantías. | | Ocupación sin autorización de inmueble que no constituye morada | Art. 245.2: multa de 3 a 6 meses. | Resolución con garantías y evaluación de proporcionalidad y eficacia de sanciones. | | Impago de alquiler o controversia contractual | No se convierte automáticamente en allanamiento o usurpación. | Vía correspondiente, mediación cuando proceda y apoyos públicos sin trasladar indefinidamente el coste al propietario. | La cárcel ya existe para determinadas conductas; condena y cumplimiento efectivo no son lo mismo. El artículo 795 de la LECrim incluye los artículos 202 y 245 desde abril de 2025, sujeto a requisitos procesales: no garantiza desalojo universal en 48 horas [F8]. La propuesta prioriza capacidad judicial, restitución procedente, reparación y protección; cualquier cambio de sanciones necesita evaluación jurídica y empírica. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir suelo, construcción, rehabilitación, garantías y apoyos habitacionales. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar ayudas que eleven precios, desplazamientos y traslados de costes sin financiación. ### 2.3. Vivienda turística y convivencia Queremos poder visitar España a un precio asumible sin que los barrios pierdan vivienda o tranquilidad. Para ello, proponemos facilitar alojamiento turístico legal, diverso y a precios accesibles, actuar contra la oferta irregular y ajustar las reglas a lo que ocurre en cada barrio, sin tratar todo alquiler turístico como un problema. En un caso hipotético, en una misma calle hay un alojamiento legal, una familia que busca alquiler y un comercio que vive del turismo. Antes de ampliar o limitar plazas se estudian vivienda, ruido y servicios. Una regla útil allí puede no servir en un municipio con poca demanda turística. Visitantes buscan opciones asequibles; negocios y trabajadores, actividad estable; residentes, vivienda y descanso. Los controles deben proteger la convivencia sin favorecer solo a grandes operadores ni dar por hecho que cualquier restricción recuperará vivienda. Para saber si funciona, proponemos comparar el precio final de estancias similares, el empleo, la vivienda disponible para residentes y las quejas. Un viaje más barato no basta si empeora la vida del barrio. #### Plan de actuación En el primer año, en 3 municipios, proponemos comprobar la situación registral del 90 % de los anuncios turísticos de una muestra reproducible y revisar todos los posibles incumplimientos detectados. Fijar en M3 la cesta de precios y publicar desde M6 un seguimiento mensual de precio final y oferta legal, con un plan municipal para eliminar barreras redundantes y ampliar capacidad compatible donde exista demanda. En cuatro años, el objetivo es extender a 10 municipios, comprobar el 95 % de la muestra y reducir un 50 % la proporción de oferta sin autorización exigible respecto a T0. Mantener la serie de precios y evaluar anualmente si aumentó la accesibilidad sin empeorar disponibilidad residencial o convivencia. No comprometer una rebaja porcentual antes de verificar línea base, costes y respuesta del mercado. La ejecución correspondería a turismo autonómico, ayuntamientos e inspección; el calendario previsto incluye muestra y acceso legal a registros en M1–M3; coordinación con plataformas y notificaciones en M4–M6; expedientes con garantías desde M7. Proponer límites territoriales solo donde el diagnóstico los justifique. En algunas localidades, la vivienda turística puede desplazar alquiler residencial, aumentar la presión sobre los barrios o funcionar sin la autorización exigida. Su impacto debe comprobarse en cada zona: no explica por sí solo todos los precios de la vivienda. Una oferta turística legal más diversa y una competencia efectiva pueden facilitar los viajes y el gasto local, pero precios menores no garantizan mayor beneficio neto ni mejores salarios. Compararemos ampliar la capacidad compatible con el barrio, repartir la actividad durante el año, mejorar el transporte y simplificar requisitos redundantes con establecer límites donde exista presión acreditada. Una prohibición general puede desplazar la actividad sin recuperar vivienda; también hay que estudiar los costes de servicios y los efectos en municipios próximos. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Hacer verificables los registros y autorizaciones exigibles, coordinando administraciones y plataformas conforme a la normativa. - Inspeccionar la oferta irregular y exigir responsabilidad por incumplimientos con procedimientos garantistas. - Aplicar límites territoriales proporcionados donde los datos acrediten presión sobre la vivienda y la convivencia. - Evaluar mecanismos para que la actividad turística contribuya al coste de servicios e infraestructuras. - Medir si las restricciones recuperan vivienda residencial o generan desplazamientos a otras zonas. - Favorecer competencia entre hoteles, hostales, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas legales donde sean compatibles. No reservar el mercado a grandes cadenas ni equiparar precio económico con actividad irregular. - Simplificar requisitos duplicados y hacer previsibles autorizaciones, tasas y plazos, sin retirar controles necesarios de seguridad, accesibilidad, consumo y convivencia. - Exigir información clara del precio final, incluyendo limpieza, tasas y otros cargos obligatorios, así como condiciones de cancelación, para comparar costes reales y no precios de entrada engañosos. - Evaluar nueva oferta y rehabilitación de edificios compatibles, especialmente inmuebles sin uso residencial cuando la normativa lo permita. Coordinar capacidad con transporte y servicios; no desplazar residentes o dañar espacios protegidos para aumentar plazas. - Favorecer temporadas y destinos con capacidad disponible mediante información y conectividad, sin prometer crecimiento ilimitado o subvencionar viajes sin beneficio adicional contrastado. Para evaluar la actividad no autorizada, compararemos los anuncios únicos sin autorización exigible con todos los anuncios revisados en una muestra estable, contrastándolos con registros turísticos, inspecciones y resoluciones. Separaremos indicios, expedientes y resoluciones firmes. Seguiremos el precio final por noche de una cesta fija de estancias, manteniendo comparables ocupantes, fechas, duración, categoría y cargos obligatorios. Publicaremos la mediana, las diferencias entre precios, la disponibilidad por temporada, el empleo, la actividad local, el coste público y las reclamaciones vecinales. La vivienda recuperada para residencia y los alquileres residenciales se comprobarán con fuentes específicas. Vigilar los municipios próximos permitirá detectar desplazamientos; no atribuiremos automáticamente toda variación de precios a esta regulación. La aplicación correspondería a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, dentro del marco estatal y europeo aplicable. El diagnóstico deberá revisar registros turísticos, inspecciones y mercado residencial por zona. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir registro, inspección y gestión territorial. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar restricciones indiscriminadas y desplazamiento de actividad a otras zonas. ### 2.4. Salarios bajos y calidad del empleo Queremos que el sueldo permita vivir y que el trabajo ofrezca estabilidad y posibilidades de mejorar. Para ello, proponemos combinar formación y mejores herramientas con cumplimiento de derechos laborales y negociación. Producir mejor debe poder traducirse en mejores ingresos, no solo en más trabajo. En un caso hipotético, un taller incorpora una herramienta que evita repetir tareas. Se comprueba si mejora la producción y si el equipo recibe formación, mejores condiciones o salario. Comprar una máquina no demuestra por sí solo que las personas trabajadoras vivan mejor. Trabajadores necesitan ingresos y descanso; empresas, poder sostener empleo e inversión; clientes, calidad y precios. Hay que comprobar quién recibe la mejora y evitar financiar empleos que desaparezcan al terminar la ayuda. La representación laboral necesita tiempo y controles, no privilegios sin justificación ni su eliminación indiscriminada. Para saber si funciona, proponemos medir lo que el sueldo permite comprar, el dinero disponible, la estabilidad y el valor producido por hora. Crear puestos no basta si son precarios. #### Plan de actuación En el primer año, en una cohorte de 200 pymes y 1.000 trabajadores, proponemos mejorar un 3 % el salario mediano real por hora frente a T0 mediante formación, inversión y acuerdos laborales. En cuatro años, el objetivo es incorporar 1.000 pymes y 5.000 trabajadores al seguimiento y alcanzar una mejora del 8 % en la cohorte inicial, contando también cierres y salidas. La ejecución correspondería a servicios de empleo, empresas y agentes sociales; el calendario previsto incluye sectores y medición inicial en M1–M3; formación aplicada, inversión y acuerdos de reparto de mejoras en M4–M6; aplicación desde M7. Ampliar en años 2–4 solo con resultados y financiación. Queremos estudiar los salarios que no alcanzan para afrontar el coste de vida, la baja productividad de determinados sectores y las dificultades para desarrollar una carrera profesional. La formación y la inversión pueden aumentar el valor producido, pero no aseguran que esa mejora llegue al trabajador. Por eso deben combinarse con negociación y cumplimiento de las normas laborales. Antes de subvencionar empleo sin una mejora duradera, evaluaremos el salario por hora, la continuidad y la productividad. La EPA describe la situación del empleo, pero no demuestra el efecto de este piloto [F1]. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Favorecer inversión productiva, formación y adopción tecnológica, especialmente en pequeñas empresas. - Reforzar el cumplimiento de la normativa laboral y la negociación colectiva. - Revisar el uso y coste del crédito horario y las liberaciones sindicales según ley y convenio, con controles proporcionados y datos agregados. Preservar tiempo suficiente para representación, negociación y defensa de trabajadores, sin vigilancia de afiliación, represalias ni supresión general de la figura [F38]. - Evaluar atención a trabajadores, acuerdos, conflictos resueltos y cumplimiento de obligaciones de representación, no solo horas o número de reuniones. La falta de utilidad debe acreditarse en cada caso; medir costes no demuestra por sí solo que la representación sea innecesaria. - Diseñar formación y acreditaciones conectadas con demanda laboral real, con evaluación de inserción y mejora salarial. - Facilitar el crecimiento empresarial eliminando trabas innecesarias sin rebajar derechos laborales. - Evaluar salarios, fiscalidad y prestaciones conjuntamente para mejorar la renta disponible y evitar desincentivos injustificados. La evaluación seguirá a todo el grupo participante, utilizando nóminas y horas efectivamente trabajadas a las que se pueda acceder legalmente. Calcularemos la mediana del salario bruto por hora y descontaremos el efecto de la inflación con el IPC general [F2]. Registraremos por separado desempleo y salidas: excluir a quienes cobran menos no puede presentarse como una mejora salarial. Compararemos los resultados con empresas similares y observaremos renta disponible, productividad por hora, estabilidad laboral y pobreza de personas ocupadas. En la representación laboral, revisaremos costes y uso agregado del crédito horario, atención, acuerdos y cumplimiento, sin identificar afiliados ni justificar represalias. La mejora no puede basarse en horas no pagadas ni presentarse como una previsión salarial para toda España. El Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales intervendrían según sus atribuciones y la medida concreta. El diagnóstico deberá revisar la EPA, las estadísticas salariales y los datos de productividad y coste de vida. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir formación, inspección, apoyo a inversión productiva y revisión proporcionada del crédito horario. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá confundir más productividad con mejoras salariales automáticas ni rebajar derechos. ### 2.5. Tecnología, inteligencia artificial e innovación Queremos que la tecnología ahorre trabajo innecesario y mejore servicios, no que añada errores o complicaciones. Para ello, proponemos desarrollar conocimiento propio y probar inteligencia artificial solo donde sea útil, con revisión humana, protección de datos y comparación con soluciones más sencillas. En un caso hipotético, una oficina prueba una herramienta que prepara borradores de respuestas frecuentes. El personal los revisa antes de enviarlos y registra errores. Si revisar cuesta más que redactar, se cambia o se abandona la herramienta. Usuarios necesitan respuestas fiables y privacidad; trabajadores, formación y capacidad de corregir; proveedores, reglas claras. La rapidez no justifica decisiones opacas ni dependencia costosa de una empresa. Para saber si funciona, proponemos medir tiempo ahorrado, calidad, coste completo y errores. Contar herramientas instaladas no demuestra que funcionen mejor. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos completar 5 pilotos de IA en tareas de bajo riesgo y reducir un 20 % el tiempo por tarea en al menos 3, manteniendo la calidad de las pruebas definidas antes del despliegue. En cuatro años, el objetivo es mantener 15 aplicaciones evaluadas y lograr que al menos 10 conserven esa mejora del 20 %, con coste total por tarea no superior al inicial. La ejecución correspondería a titulares de los procesos, centros tecnológicos y responsables de datos; el calendario previsto incluye tareas y pruebas en M1–M3; contratación interoperable y portabilidad en M4–M6; pilotos supervisados en M7–M12; ampliación de casos útiles en años 2–4. Queremos identificar qué impide desarrollar tecnología propia, adoptar herramientas que realmente ayuden y llevar los resultados de la investigación a empresas y servicios. Automatizar tareas repetitivas puede liberar tiempo, pero corregir errores, supervisar resultados y depender de un proveedor puede consumir ese beneficio. Compararemos la IA con reorganizar el proceso y utilizar software convencional. La alternativa elegida deberá mantener la calidad con el menor coste total, no limitarse a ofrecer una demostración llamativa. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Facilitar colaboración entre universidades, centros de investigación, startups, empresas existentes e industria mediante acuerdos transparentes, para convertir investigación en productos, procesos y servicios útiles. - Apoyar proyectos innovadores con convocatorias competitivas, hitos verificables y publicación de resultados. - Ofrecer formación práctica en competencias digitales e IA a trabajadores, empresas y empleados públicos. - Probar IA en servicios públicos con evaluación previa, supervisión humana, protección de datos y vías de reclamación; no usarla como sustituto opaco de decisiones que afectan a derechos. - Favorecer interoperabilidad, estándares abiertos y portabilidad para reducir dependencia de proveedores. - Evaluar cada aplicación por su utilidad y coste total, no por incorporar la etiqueta «IA». Compararemos los minutos de trabajo y el coste completo de una tarea equivalente con y sin herramienta, utilizando registros del piloto y pruebas revisadas. El cálculo incluirá tareas fallidas, correcciones, reclamaciones, supervisión humana, mantenimiento y costes de cambiar de proveedor. También observaremos la adopción útil, la transferencia de investigación, la inversión privada movilizada y los resultados e incidentes de los proyectos. Una demostración no se contará como productividad conseguida. Ante incidentes graves habrá que suspender la aplicación; no se automatizarán decisiones opacas que afecten a derechos. El Estado, las comunidades autónomas, las universidades y la Unión Europea intervendrían dentro de sus atribuciones. El diagnóstico deberá revisar estadísticas de innovación, transferencia y evaluaciones de aplicaciones. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir investigación, formación, pilotos, infraestructura y mantenimiento. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá proteger derechos y datos, evitar dependencia tecnológica y proyectos sin utilidad. ### 2.6. Administración, duplicidades y empleo público Queremos resolver un trámite sin ir de una oficina a otra ni entregar varias veces el mismo documento. Para ello, proponemos aclarar quién responde, compartir información con autorización y revisar tareas, organismos y personal según la carga real. La revisión incluiría evaluar el servicio con garantías y estudiar ingresos complementarios sin perjudicar la atención. En un caso hipotético, para pedir una ayuda, una persona entrega un certificado que otra administración ya tiene. Si la ley permite consultarlo, las oficinas lo intercambian de forma segura y explican qué falta. Digitalizar no debe significar obligarla a repetir la gestión en una pantalla. Ciudadanía necesita atención sencilla; empleados públicos, medios y responsabilidades claras; administraciones, uso eficiente de recursos. Quitar controles o personal sin medir necesidades puede empeorar el servicio. Revisar Senado, CCAA y centralización exige comparar funciones, costes y servicios, no dar por hecho que eliminar una institución elimina el trabajo que realiza. Para saber si funciona, proponemos medir esperas, trámites repetidos, errores y coste total. Comprobar que también se atiende a quien no puede hacer gestiones por internet. #### Plan de actuación En el primer año, en 10 procedimientos de 3 administraciones, proponemos reducir un 20 % la mediana de resolución y un 50 % las peticiones repetidas de documentación ya disponible legalmente. En cuatro años, el objetivo es extender a 50 procedimientos y 10 administraciones; en los procedimientos iniciales, reducir un 35 % los plazos y un 80 % las peticiones repetidas. La ejecución correspondería a administraciones participantes; el calendario previsto incluye mapa de procesos y cargas en M1–M3; recursos, formación e intercambio legal de datos en M4–M6; eliminación de pasos redundantes desde M7. Tramitar por separado reorganizaciones que requieran reformas y descontar transición del ahorro neto. Los trámites repetidos, las competencias que se solapan y los sistemas que no intercambian información pueden dificultar la atención. Esto no permite presumir que sobre personal en todos los servicios: antes hay que conocer su trabajo y sus necesidades. Reutilizar datos con autorización y aclarar responsabilidades puede evitar trabajo duplicado. Recortar plantillas antes de medir la carga, en cambio, puede aumentar las esperas. Compararemos integrar procesos y compartir servicios antes de suprimir organismos. X-Road muestra una infraestructura de intercambio autenticado y registrado, no un porcentaje de ahorro que pueda trasladarse automáticamente a España [F6]. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Auditar procesos y competencias antes de proponer recortes o reorganizaciones. - Revisar normas, permisos y requisitos por su finalidad, necesidad, tiempo y coste de cumplimiento; proponer modificar o eliminar los obsoletos, duplicados o sin utilidad acreditada mediante el cauce legal correspondiente. Mantener seguridad, derechos laborales, protección ambiental y controles contra el fraude; no medir el éxito solo por el número de leyes derogadas. - Aplicar el principio de aportar los datos una sola vez cuando exista base legal para compartirlos. - Simplificar formularios y conectar sistemas manteniendo atención presencial y accesibilidad. - Reasignar recursos y formar personal cuando se eliminen tareas redundantes, preservando la calidad del servicio. - Publicar tiempos de respuesta, costes y resultados por servicio, evitando premiar solo el volumen de expedientes. - Publicar un mapa de responsabilidades, financiación y servicios por nivel de gobierno, distinguiendo una duplicidad real de una competencia compartida o un servicio de apoyo necesario. - Evaluar fusiones, servicios compartidos, reasignación de funciones o supresión de organismos donde exista redundancia acreditada. Para diputaciones y otras entidades territoriales, comparar alternativas que aseguren asistencia a municipios pequeños y continuidad de los servicios. - Distinguir una reforma de organismos de una modificación de la organización territorial: eliminar niveles de gobierno o alterar competencias puede requerir cambios constitucionales, estatutarios o legales, no una decisión administrativa simple. - Comparar el Senado actual, una reforma de su representación territorial y su supresión mediante reforma constitucional. Identificar sus funciones legislativas, de control y territoriales, quién las asumiría y qué contrapesos cambiarían; publicar costes y ahorro neto, no afirmar que carece de toda función [F35]. - Comparar mantener y mejorar la organización autonómica con reasignar competencias, compartir servicios o propuestas de centralización y supresión de niveles autonómicos. Contar personal, deuda, contratos, sistemas, proximidad y continuidad de servicios: no presumir que la convivencia o el gasto mejoran por eliminar las CCAA. - Analizar el cauce jurídico de cada alternativa territorial. Eliminar el derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 afectaría al título preliminar y requeriría el procedimiento del artículo 168, con nuevas Cortes y referéndum obligatorio; otras reformas deben identificar sus cambios constitucionales, estatutarios y legales [F35]. - Comparar centralización de funciones concretas con coordinación y estándares comunes de educación, sanidad y otros servicios. Evaluar calidad, acceso y coste total por territorio, preservando derechos, diversidad lingüística, rendición de cuentas y atención cercana; centralizar no garantiza por sí solo menos sesgo político o mayor eficiencia. - Estimar el ahorro neto de cada reorganización, descontando transición, sistemas, obligaciones y servicios que otra entidad deba asumir; no confundir eliminar una entidad con eliminar su coste. - Evaluar ingresos complementarios de entidades públicas mediante publicidad, aprovechamiento de espacios y otros servicios compatibles con su misión. Estudiar, por ejemplo, espacios publicitarios en transporte público como Metro de Madrid, sin presuponer sus ingresos actuales ni que cubran todos sus costes. - Adjudicar estos aprovechamientos de forma competitiva y transparente, con límites de privacidad, accesibilidad, seguridad y saturación comercial. - Publicar coste, ingresos propios y aportación pública de cada servicio. No exigir autofinanciación universal: transporte, sanidad y otros servicios pueden generar beneficios sociales que no se reflejan en su facturación. - Analizar necesidades de personal por servicio, carga de trabajo y territorio antes de afirmar que existe exceso de funcionarios; detectar también déficits y puestos cuya función haya cambiado. - Evaluar desempeño con criterios públicos relacionados con calidad, plazos, complejidad, recursos disponibles y trato al ciudadano. No usar solo expedientes cerrados ni métricas que incentiven rechazar casos difíciles. - Asociar la evaluación a formación, mejora de procesos, movilidad y reconocimiento profesional; tratar incumplimientos acreditados mediante los procedimientos legales, con revisión y recurso. - Distinguir funcionarios de carrera, personal interino, laboral y cargos de confianza: sus sistemas de acceso, estabilidad y responsabilidades no son idénticos. - Revisar reglas de empleo público cuando sea necesario, preservando mérito, imparcialidad y protección frente a ceses arbitrarios o represalias políticas. La estabilidad no debe confundirse con ausencia de responsabilidad. Los registros administrativos permitirán comprobar cuántas veces se pide el mismo documento por expediente, cuánto tarda la resolución y qué cuesta el procedimiento completo. Publicaremos los casos pendientes, su complejidad, la mediana y otros percentiles de espera, las reclamaciones y el coste de transición, para no presentar como ahorro una carga trasladada al usuario. Suprimir el Senado o modificar la composición fijada en el artículo 69 requiere reforma constitucional, en principio por el artículo 167 si no afecta a materias protegidas por el 168; habría que revisar todos los artículos afectados y redistribuir sus funciones. Compartir servicios o reorganizar organismos dentro de las competencias vigentes puede hacerse mediante acuerdos o cambios legales. Una reasignación territorial exige identificar qué disposiciones constitucionales, estatutos y leyes habría que modificar; eliminar el derecho a la autonomía del artículo 2 requiere el artículo 168. No se adopta aquí ninguna supresión institucional [F35]. #### Catálogo inicial de simplificación Este orden propone qué recorridos revisar primero, no afirma que sus requisitos sean innecesarios ni que ya estén eliminados. La selección definitiva de los 10 procedimientos de las 3 administraciones participantes se hará en M1–M3 según volumen, tiempo, coste, riesgo y capacidad de coordinación; no se activan todos los recorridos de la tabla ni se amplía el piloto. | Prioridad | Recorrido | Cambio que evaluar | Comprobación | |---|---|---|---| | 1 | Documentación que ya posee una administración | Consulta o reutilización con base legal, trazabilidad y corrección de errores, en lugar de pedir de nuevo el mismo certificado | Documentos repetidos por expediente, tiempo del ciudadano y errores de intercambio | | 2 | Abrir y mantener un pequeño negocio | Requisitos, tasas y responsables publicados de una vez; expediente coordinado hasta poder operar legalmente | Días desde el primer contacto y desde la solicitud completa, coste y horas de gestión | | 3 | Declaraciones fiscales y regularización de cotizaciones | Reutilizar información legalmente disponible y ofrecer formularios y cálculos comprensibles, sin eliminar obligaciones necesarias | Horas por ciclo, errores, rectificaciones y protección conservada | | 4 | Licencias de obra y rehabilitación | Lista completa de requisitos desde el inicio, seguimiento y coordinación técnica sin suprimir controles de seguridad o ambientales | Tiempo total, pendientes, peticiones sucesivas y calidad de la resolución | | 5 | Facturación y cobro de contratos públicos | Evitar presentar información ya disponible legalmente y aclarar recepción, conformidad y estado del pago | Días hasta conformidad y cobro, documentos repetidos e incidencias | | 6 | Cierre ordenado de actividad | Coordinar comunicaciones y explicar obligaciones pendientes, sin borrar deudas ni derechos de trabajadores o acreedores | Gestiones, coste, tiempo de cierre y obligaciones correctamente resueltas | Cada ficha identificará administración competente, responsable del recorrido, requisito y fundamento legal, cambio propuesto, coste de implantación y prueba de cumplimiento. Distinguiremos cambios de formulario, acuerdos de intercambio y reformas normativas: OpenSpain no puede derogar una obligación ni conceder una licencia. Publicaremos lo inventariado, lo aprobado, lo realmente eliminado y lo bloqueado, sin contar trasladar el trámite a otra oficina como simplificación. Mantendremos atención asistida, privacidad y los controles necesarios; las licencias, la fiscalidad y la apertura de negocios conservan además sus propias metas en los ejes 2, 14, 15 y 16. La evaluación incluirá ahorro neto verificado, ingresos complementarios netos, adecuación de plantillas, calidad según la complejidad de los casos, accesibilidad y satisfacción ciudadana. Mantendremos la atención presencial. No mejoraremos las cifras excluyendo casos difíciles o denegando más solicitudes. La aplicación correspondería a todas las administraciones, mediante coordinación y acuerdos cuando sean necesarios. El diagnóstico deberá revisar el mapa de competencias, los procesos, las cargas de trabajo y las cuentas de cada entidad. Para comparar el Senado y las alternativas territoriales, se examinarán el marco constitucional [F35], las funciones, los presupuestos y las obligaciones que habría que redistribuir. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir auditorías, transición, interoperabilidad, formación y comparación jurídica y económica de modelos territoriales y parlamentarios. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá dar por hecho ahorro al suprimir entidades ni deteriorar servicios o garantías laborales. ### 2.7. Migración irregular, vías legales e integración Queremos que la migración se gestione con vías legales claras, integración y protección frente a abusos. Para ello, proponemos agilizar permisos con garantías, facilitar idioma y reconocimiento de capacidades y combatir la explotación. Atraer talento debe complementar la formación y las oportunidades de quienes ya viven aquí, no fomentar empleo precario. En un caso hipotético, una profesional con una oferta de empleo necesita saber qué permiso y reconocimiento de estudios le corresponden. La empresa necesita plazos previsibles y el municipio, capacidad de vivienda y servicios. Una información clara evita falsas expectativas; no crea un permiso nuevo. Personas migrantes necesitan derechos y seguridad; trabajadores residentes, oportunidades y condiciones justas; empresas, personal cualificado; municipios, recursos. La protección internacional y la contratación laboral tienen finalidades distintas y no deben confundirse. Para saber si funciona, proponemos medir esperas de permisos, acceso a protección, integración y respuesta ante abusos. La nacionalidad no es una medida de delincuencia. #### Plan de actuación En el primer año, en 3 oficinas de extranjería, proponemos reducir un 20 % la mediana de resolución de las categorías de permisos seleccionadas y ofrecer orientación voluntaria a 500 personas. En cuatro años, el objetivo es extender a 10 oficinas, reducir un 35 % los plazos iniciales y alcanzar un 60 % de empleo formal a los 12 meses entre participantes habilitados para trabajar inscritos en acompañamiento laboral. La ejecución correspondería a unidades estatales de extranjería y servicios autonómicos y locales; el calendario previsto incluye separar categorías y necesidades en M1–M3; reforzar tramitación, traducción y derivaciones en M4–M6; orientación, idioma e inserción desde M7. Sobre el teletrabajo internacional, los artículos 74 quater y 74 quinquies de la Ley 14/2013 distinguen visado de hasta un año, autorización de residencia de hasta tres años y renovaciones por períodos de dos años si se mantienen las condiciones [F19]. No significa un límite total de un año para vivir en España. Proponer plazos iniciales más largos y renovaciones más previsibles; comparar, como escenario de reforma, visado de hasta dos años y residencia inicial de hasta cinco con simplificar la continuidad del régimen actual. Los plazos ampliados no son permisos vigentes ni una decisión legal aprobada. Antes de M12, se propone publicar una comparación jurídica y económica de ambas opciones, con tiempos, coste administrativo, atracción y retención, vivienda y servicios; someter una propuesta motivada a las instituciones competentes. En M48, informar si se aprobó y aplicó, de sus resultados o del bloqueo. No contabilizar una propuesta como permisos concedidos. Queremos estudiar las entradas y estancias irregulares, la explotación laboral, los obstáculos administrativos y la capacidad de acogida e integración. Una situación administrativa irregular no debe equipararse automáticamente con delincuencia. El talento internacional puede aportar conocimiento, emprendimiento y conexiones comerciales si encuentra condiciones para desarrollar su actividad y compartir capacidades. El beneficio no es automático: depende también del empleo, la vivienda, los servicios y la continuidad de la estancia. Compararemos refuerzo de personal, simplificación legal y acompañamiento, incluyendo idioma y reconocimiento de competencias, sin utilizar la nacionalidad o la irregularidad como indicador de delincuencia. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Mejorar la tramitación de permisos y las vías legales vinculadas a necesidades reales, reagrupación y protección internacional. - Facilitar contratación laboral desde el exterior por vías legales según necesidades acreditadas, verificando empleador, contrato, salario y condiciones e informando de la autorización exigible antes de iniciar el trabajo. Un contrato no concede automáticamente un visado ni autoriza a trabajar; combatir contratos ficticios y explotación, distinguir situaciones que no requieren visado y no condicionar el asilo o la reagrupación a un contrato. - Reforzar la lucha contra la trata, el tráfico de personas y la explotación laboral, incluida la responsabilidad de empleadores. - Coordinar gestión fronteriza y cooperación internacional respetando el derecho de asilo y la prohibición de devolución a situaciones de riesgo. - Ejecutar, cuando procedan legalmente, decisiones de retorno con examen individual, recursos y garantías. - Facilitar aprendizaje del idioma, reconocimiento de cualificaciones e integración laboral. - Dotar a los territorios de recursos según sus necesidades de acogida y servicios, con atención específica a menores. - Conectar universidades, investigación, formación y empresas con profesionales internacionales y españoles que deseen regresar, mediante procesos abiertos y selección por competencias; reconocer experiencia y cualificaciones por las vías aplicables. - Ofrecer orientación coordinada sobre permisos, reconocimiento profesional, idioma, empleo de familiares cuando proceda y servicios. Distinguir ciudadanos de la UE, nacionales de terceros países y categorías de autorización; no pedir un visado a quien no lo necesita. - Atraer y retener capacidades en investigación, salud, ingeniería, formación, industria, emprendimiento y otros ámbitos con necesidad acreditada. Medir actividad real y transferencia de conocimiento, sin asumir talento únicamente por salario, título o nacionalidad. - Evaluar plazos más largos para teletrabajo internacional con criterios públicos y continuidad documental. Mantener requisitos de actividad, medios, cobertura y obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social; no ofrecer exenciones automáticas. - Mantener separadas las vías de talento, emprendimiento y teletrabajo: un turista no obtiene derecho a trabajar por alquilar una vivienda y una autorización para actividad remota extranjera no habilita cualquier empleo local. Los expedientes de extranjería permitirán seguir plazos por categoría de permiso, casos abiertos, resueltos y pendientes, coste y continuidad de las renovaciones y acceso a vías legales. Separaremos protección internacional e integración laboral. No se acelerarán resultados mediante denegaciones indiscriminadas ni se condicionarán el asilo o los derechos al empleo. Con acceso legal a los datos, mediremos empleo formal a 12 meses entre todas las personas elegibles inscritas e identificaremos las pérdidas de seguimiento. Observaremos actividad y retención a 12 y 24 meses, transferencia de capacidades, explotación detectada y protección. Distinguiremos empleo local y teletrabajo internacional, y no contaremos dos veces a personas incluidas en grupos de seguimiento compartidos. El Estado y la Unión Europea intervendrían en fronteras, extranjería y asilo. Las comunidades autónomas y los municipios participarían en los servicios de integración y acogida que les corresponden. El diagnóstico deberá revisar expedientes de extranjería y asilo, servicios de acogida e inspección laboral. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir tramitación, acogida, integración y cooperación. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá equiparar irregularidad y delincuencia, y deberá preservar el asilo, los derechos y las garantías. ### 2.8. Relaciones exteriores y acuerdos internacionales Queremos vender y cooperar con otros países sin depender demasiado de un solo mercado ni decidir nuestra relación con Europa por consignas. Para ello, proponemos apoyar el acceso de empresas españolas a clientes europeos y estadounidenses y acuerdos útiles. También proponemos comparar permanencia, reformas y alternativas de relación con la UE, explicando beneficios, costes y transición. En un caso hipotético, una pequeña empresa quiere vender fuera de España. Necesita conocer normas, costes de entrega y posibles clientes antes de invertir. El acompañamiento puede ayudarla a decidir, pero no asegura ventas ni que otro país acepte las condiciones propuestas. Empresas buscan mercados; trabajadores, empleo estable; consumidores, precios y protección; ciudadanía, capacidad democrática de decisión. Comparar opciones exige contar también derechos, mercados y cooperación que podrían perderse. Para saber si funciona, proponemos comprobar ventas reales, nuevas dependencias y efectos de cada escenario. Una reunión comercial o un estudio no equivalen a un acuerdo logrado. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar una evaluación independiente de 3 escenarios europeos —permanencia, reforma y una relación alternativa concreta— y acompañar a 100 pymes en diversificación comercial. En cuatro años, el objetivo es actualizar anualmente la evaluación y lograr que 30 de las 100 pymes mantengan ventas verificadas durante 12 meses en un mercado nuevo. La ejecución correspondería a departamento competente en relaciones exteriores, ICEX y evaluadores independientes; el calendario previsto incluye preguntas y mercados en M1–M3; contratación del estudio y apoyo comercial en M4–M6; publicación y acompañamiento de operaciones desde M7. Queremos comprobar cómo aprovechar la cooperación internacional para mejorar la seguridad, las oportunidades económicas, la investigación y la autonomía estratégica. Vender y obtener suministros en mercados distintos puede reducir la dependencia de uno solo, pero añade costes y no elimina los riesgos globales. Al comparar escenarios europeos, incluiremos los beneficios que se perderían y los costes de transición, no solo las contribuciones que podrían evitarse. Ningún estudio garantiza que otros países acepten un acuerdo. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Definir prioridades públicas de cooperación comercial, científica, energética y educativa. - Evaluar beneficios, riesgos y obligaciones de los acuerdos, dentro de las competencias españolas y europeas. - Diversificar proveedores y mercados para reducir dependencias críticas. - Facilitar exportación e internacionalización de pequeñas empresas, no solo de grandes compañías. - Crear dos itinerarios comerciales prioritarios, Unión Europea y Estados Unidos, con acceso voluntario a otros mercados. Son prioridades del programa, no una afirmación de que sean los dos mayores mercados para todos los sectores. - Acompañar validación de demanda, primeros clientes y ventas cobradas: segmentación, entrevistas, pruebas de producto, canales de distribución y seguimiento de renovación o recompra. No contar ferias, reuniones o cartas de interés como ingresos. - Para la UE, identificar por actividad normas de producto, IVA, protección de datos, contratación y trabajo; no presentar el mercado único como ausencia de requisitos o diferencias nacionales. - Para Estados Unidos, evaluar regulación federal y estatal, contratos, fiscalidad, seguros y requisitos sectoriales con profesionales competentes. No exigir constituir allí una sociedad por defecto ni prometer visados o acceso automático. - Conectar el itinerario con startups del eje 11 y el inglés del eje 9. Contar una empresa una sola vez en las cohortes compartidas y desglosar resultados por mercado, sector y tamaño. - Incorporar compromisos de derechos humanos, integridad y sostenibilidad a la cooperación. - Encargar una evaluación pública e independiente sobre la posición de España en la Unión Europea, comparando permanencia, propuestas de reforma y escenarios concretos de relación exterior alternativa, sin predeterminar la conclusión. - Comparar comercio, inversión, empleo, movilidad, investigación, fondos, contribuciones, regulación, seguridad y capacidad de influencia, incluyendo distribución de beneficios y costes por hogares, sectores y territorios. - Diferenciar pertenencia a la UE, participación en el mercado único, unión aduanera, euro y espacio Schengen: no son opciones intercambiables ni pueden darse por garantizadas fuera de la Unión. - Evaluar costes de transición, obligaciones y derechos, efectos sobre contratos y financiación y condiciones que requerirían negociación con terceros. No contar contribuciones evitadas como ahorro íntegro sin descontar beneficios perdidos y nuevos costes. - Publicar hipótesis, escenarios, sensibilidad e incertidumbre de la comparación, con revisión experta plural y debate democrático informado. El seguimiento de las pymes participantes distinguirá reuniones, exportaciones, ventas cobradas y ventas sostenidas en nuevos mercados, utilizando registros comerciales consentidos. Revisaremos los informes, el coste por empresa, la diversificación comercial, los proyectos científicos conjuntos y la exposición a dependencias críticas. Los escenarios se contrastarán con datos de comercio e inversión y con sus condiciones jurídicas, explicando efectos económicos, sociales e institucionales e incertidumbres. Una venta bruta no es ingreso disponible del Estado. No prometemos acuerdos con terceros, salida de la UE o independencia monetaria en una legislatura. Estudiar alternativas no constituye una propuesta automática de salida. Una retirada requeriría los procedimientos jurídicos aplicables, incluido el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, y decisiones institucionales legítimas. La evaluación deberá contrastar el marco vigente antes de recomendar cambios. La aplicación correspondería al Estado y a la Unión Europea, con participación de otras administraciones en sus ámbitos de colaboración. El diagnóstico deberá revisar comercio, inversión, fondos, contribuciones y condiciones jurídicas de cada escenario. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir evaluación, cooperación y posibles costes de transición. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá presentar relaciones alternativas como acuerdos garantizados ni beneficios brutos como ahorro neto. ### 2.9. Educación y habilidades para la vida Queremos entender una factura, valorar una noticia, comunicarnos y tomar decisiones cotidianas, además de aprender conocimientos fundamentales. Para ello, proponemos integrar pensamiento crítico, finanzas, inglés y habilidades prácticas, emocionales y digitales. También proponemos revisar contenidos repetidos sin debilitar conocimientos básicos ni convertir toda la educación en preparación para trabajar. En un caso hipotético, en clase se comparan dos compras a plazos: importe total, intereses y comisiones. El alumnado explica cuál cuesta más y por qué. El ejercicio ayuda a comprender una decisión sin recomendar un producto financiero. Alumnado necesita formación amplia; familias, oportunidades; docentes, tiempo y preparación. Incorporar habilidades prácticas exige decidir qué se integra o se sustituye, no cargar más contenidos sin medios. Para saber si funciona, proponemos comprobar si el alumnado aplica lo aprendido y qué diferencias persisten según sus circunstancias. Añadir asignaturas no demuestra aprendizaje. #### Plan de actuación En inglés, se propone practicar conversación, comprensión, escritura y tareas profesionales, no solo exámenes gramaticales. En M3, definir itinerarios por edad y nivel del Marco Común Europeo de Referencia, con evaluación inicial y final comparable. Medir capacidad para mantener una conversación, entender instrucciones, escribir un correo o presentar un proyecto; publicar progresión, horas y abandonos. No prometer bilingüismo en un año ni usar nivel de inglés como condición para conservar derechos. En el primer año, proponemos formar a 100 docentes en 20 centros y mejorar 10 puntos sobre 100 las competencias críticas, financieras y prácticas de los grupos participantes respecto a su evaluación inicial. En M3, publicar una rúbrica por edad y una revisión de carga, duplicidades y contenidos que se propone actualizar. En cuatro años, el objetivo es extender a 100 centros y 500 docentes y mantener una mejora de al menos 10 puntos seis meses después del itinerario, publicando brechas por contexto. La ejecución correspondería a autoridades educativas autonómicas y centros; el calendario previsto incluye materiales, rúbrica y evaluación externa en M1–M3; adaptación curricular y formación en M4–M6; actividades prácticas desde M7. Comparar con grupos semejantes antes de ampliar. Queremos comprobar si el alumnado adquiere herramientas suficientes para entender información, gestionar dinero y cuidar su bienestar, y qué apoyos necesita para utilizarlas. Practicar decisiones sobre información y dinero puede desarrollar habilidades, pero añadir contenidos sin formar al profesorado puede sobrecargar el currículo. Compararemos integrar estas actividades en las materias existentes con añadir módulos. Antes de atribuir mejoras, validaremos la evaluación y su adaptación a cada edad. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Integrar pensamiento crítico, alfabetización mediática y comprensión de datos en actividades prácticas. - Enseñar finanzas personales adaptadas a la edad: presupuesto, ahorro, intereses, deuda, impuestos y prevención de estafas, sin publicidad comercial. - Incluir educación emocional, relaciones saludables y habilidades para pedir ayuda, sin sustituir la atención clínica. - Formar al profesorado y evaluar la carga curricular antes de añadir nuevas asignaturas. - Usar materiales contrastados y plurales, evitando adoctrinamiento partidista. - Establecer objetivos comunes y evaluación comparable de aprendizajes, con revisión plural de materiales de historia y cultura y respeto a las lenguas y derechos educativos. Comparar coordinación curricular y centralización de funciones concretas por sus resultados, carga docente y viabilidad jurídica, no por afinidad con un gobierno [F35]. - Enseñar a comparar ahorro, inversión diversificada y costes financieros, distinguir rentabilidad nominal y real y reconocer estafas y promesas de ingresos pasivos garantizados. La educación general no sustituye asesoramiento regulado cuando sea necesario. - Reforzar orientación educativa y acceso a profesionales cuando se detecten necesidades. - Desarrollar habilidades de uso cotidiano: comprender contratos y nóminas, realizar trámites, comparar servicios, proteger datos y cuentas, usar IA críticamente, comunicarse, cooperar y resolver desacuerdos. Adaptar contenidos a edad y necesidades, con ejercicios reales y sin publicidad. - Incorporar autocuidado, identificación de señales de alarma y primeros auxilios mediante profesionales cualificados; distinguir formación general de capacidad para diagnosticar o tratar. - Revisar currículo y programas de adultos por aprendizaje, transferencia y carga. Reducir duplicidades, memorización sin comprensión y contenidos obsoletos acreditados; no retirar ciencia, matemáticas, historia, lenguas o cultura por no tener utilidad económica inmediata. - Evaluar con tareas prácticas: interpretar una factura, detectar una estafa, contrastar una noticia, preparar un presupuesto o completar un trámite. Publicar rúbricas y comprobar transferencia a los seis meses, no solo recuerdo al terminar el curso. - Ofrecer actualización de habilidades durante toda la vida, con horarios, accesibilidad y apoyos compatibles con trabajo y cuidados. La adquisición de destrezas no debe convertirse en una condición para conservar derechos. - Mejorar inglés práctico desde la escuela y en programas accesibles para adultos: conversación frecuente, comprensión de acentos, lectura y escritura aplicadas, con profesorado preparado y materiales adaptados. Mantener las demás lenguas y conocimientos fundamentales. - Ofrecer a emprendedores y trabajadores práctica de inglés profesional: presentar un producto, entrevistar clientes, negociar condiciones y atender soporte. Coordinar con los itinerarios internacionales, sin confundir formación lingüística con asesoramiento jurídico o financiero. Se utilizará una puntuación media sobre 100 y una rúbrica publicada de antemano, con evaluación inicial, final y a seis meses. Seguiremos a todo el alumnado inicialmente inscrito, registrando asistencia, participación y resultados por contexto socioeconómico, con un grupo comparable cuando proceda. No se excluirán resultados desfavorables. También observaremos formación docente y acceso a orientación. Una mejora en una prueba no demuestra por sí sola mayor bienestar psicológico. La evaluación no medirá adhesión ideológica ni sustituirá la atención clínica por educación emocional. El Estado y las comunidades autónomas intervendrían en currículo y recursos, y los centros educativos en su aplicación. La coordinación curricular y los estándares comunes pueden desarrollarse dentro de las competencias vigentes, con las reformas legales que procedan. No exigen por sí mismos cambiar la Constitución. Una centralización que altere el reparto constitucional de competencias o el derecho a la educación deberá identificar los artículos afectados: el 167 para cambios no protegidos y el 168 si afecta al artículo 27 u otras materias protegidas, además de las reformas estatutarias y legales necesarias [F35]. El diagnóstico deberá revisar evaluación educativa, currículo y disponibilidad de orientación. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir materiales, formación docente y apoyo profesional. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar sobrecarga curricular, publicidad comercial y adoctrinamiento. ### 2.10. Talento artístico, cultural y otras carreras con ingresos inestables Queremos que sea posible dedicarse a una actividad creativa o especializada sin vivir siempre pendiente de pagos inciertos. Para ello, proponemos facilitar contratos comprensibles, cobro puntual, acceso a clientes y protección adecuada. El apoyo buscaría hacer viables estas carreras sin exigir que toda creación cultural sea rentable. En un caso hipotético, una ilustradora recibe un encargo con precio, plazo de pago y usos de la obra por escrito. Puede planificar su trabajo y reclamar si no cobra. Conseguir un contrato más claro no garantiza que haya encargos todo el año. Creadores necesitan ingresos y derechos; clientes, entregas claras; público, acceso a cultura diversa. Las ayudas deben explicar si buscan empleo, conservación o acceso cultural, y con qué coste. Para saber si funciona, proponemos medir ingresos, pagos a tiempo y continuidad profesional, separando resultados económicos y valor cultural. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos acompañar a 200 profesionales creativos y pagar dentro del plazo legal aplicable el 90 % de las facturas exigibles de encargos públicos del piloto. En cuatro años, el objetivo es ampliar a 1.000 profesionales, alcanzar un 95 % de pago en plazo y mejorar un 10 % el ingreso profesional mediano real de la cohorte inicial. La ejecución correspondería a entidades contratantes, áreas de cultura y organizaciones profesionales; el calendario previsto incluye auditar facturas y seleccionar participantes en M1–M3; mentorías y contratos claros en M4–M6; conexión con clientes y seguimiento de pagos desde M7. Muchas personas encuentran dificultades para convertir sus capacidades creativas o especializadas en ingresos sostenibles. Queremos conocer qué barreras afectan a sus contratos, cobros y continuidad profesional. Cobrar a tiempo reduce la necesidad de financiar la actividad mientras llega el pago. El acompañamiento también puede ayudar a mejorar contratos y encontrar clientes. Compararemos apoyos temporales, espacios y compras públicas, distinguiendo la sostenibilidad profesional del valor cultural: no toda actividad cultural tiene que ser comercialmente rentable. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Facilitar formación en contratos, propiedad intelectual, precios, comercialización y gestión económica. - Impulsar mentorías y conexiones con clientes, empresas y circuitos culturales, con selección transparente. - Mejorar mecanismos de protección social y cotización para ingresos discontinuos, previa evaluación jurídica y económica. - Promover contratos claros, remuneración justa y pago puntual en encargos públicos. - Apoyar acceso a espacios, equipamiento y mercados mediante programas abiertos y evaluables. - Defender la remuneración y los derechos de creadores en entornos digitales y usos de IA conforme al marco legal. Con registros consentidos y datos de pagos públicos, compararemos las facturas pagadas dentro del plazo aplicable con las facturas vencidas y mediremos los tiempos de cobro. Seguiremos la mediana del ingreso neto real de la actividad, descontando la inflación con el IPC, el acceso a mercados y la continuidad profesional. Separaremos ayudas extraordinarias, trabajo no remunerado y ceses, manteniendo en el seguimiento a quienes abandonen la actividad. Una ayuda puntual no es ingreso sostenible. El valor cultural no se reducirá a rentabilidad comercial ni se mantendrán apoyos sin evaluación. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos intervendrían según sus atribuciones en fiscalidad, protección social y políticas culturales. El diagnóstico deberá revisar estadísticas culturales y laborales, contratos y trayectoria profesional. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir formación, mentorías, espacios y protección social. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá reducir valor cultural a rentabilidad ni sostener apoyos sin evaluación. ### 2.11. Ecosistema de startups, inversión y empresas globales desde España Queremos que una buena idea pueda convertirse en una empresa desde España y encontrar clientes dentro y fuera del país. Para ello, proponemos conectar empresas nuevas con talento, investigación, clientes e inversión, especialmente en Europa y Estados Unidos. El apoyo público tendrá condiciones y no garantizará cualquier proyecto. En un caso hipotético, un equipo crea una herramienta para ahorrar agua y prueba si alguien pagaría por ella antes de ampliar plantilla. El acompañamiento ayuda a validar clientes y financiación; si no hay demanda, permite revisar el proyecto antes de asumir más deuda. Emprendedores necesitan oportunidades; inversores, riesgos claros; trabajadores, condiciones; contribuyentes, uso justificado de fondos. No se debe subvencionar sin demostrar qué mejora aporta la ayuda frente a invertir sin ella. Para saber si funciona, proponemos medir ventas, inversión realmente recibida, empleo y dinero público en riesgo. Un anuncio de financiación no es dinero desembolsado. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos acompañar a 50 proyectos y lograr que 10 reciban inversión privada efectivamente desembolsada, con riesgos y condiciones declarados. Para las startups que opten por internacionalizarse, publicar en M3 el protocolo de acompañamiento y completar antes de M12 un plan individual con mercado elegido, validación de demanda, requisitos y coste de acceso. En cuatro años, el objetivo es conseguir inversión privada para 30 de esos proyectos y que al menos 20 mantengan actividad y empleo declarado durante 24 meses. Publicar anualmente ventas cobradas por mercado y continuidad de clientes de las startups internacionalizadas, sin fijar una cuota de exportación antes de conocer su línea base y sector. La ejecución correspondería a agencias de inversión, universidades y empresas; el calendario previsto incluye obstáculos en M1–M3; permisos, preparación financiera y conexiones con capital en M4–M6; desembolsos y ejecución desde M7. Las empresas deciden invertir; la coinversión pública requiere presupuesto y selección competitiva. Queremos identificar las barreras que dificultan atraer y mantener inversión capaz de generar empleo de calidad, tecnología y relaciones con proveedores locales. El capital y unas reglas previsibles pueden permitir proyectos viables, pero una ayuda pública también puede pagar una inversión que habría ocurrido sin ella. Compararemos acompañamiento sin subvención, préstamos y participación en el capital. Antes de comprometer fondos, habrá que justificar la mejora adicional que se espera conseguir gracias al apoyo. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Ofrecer procedimientos previsibles y coordinación administrativa para proyectos empresariales. - Mejorar disponibilidad de talento, conectividad, energía e infraestructuras según necesidades acreditadas. - Vincular incentivos públicos a inversión y empleo adicionales verificables, con devolución por incumplimiento. - Evitar competir exclusivamente mediante subvenciones o rebajas fiscales. - Facilitar colaboración con empresas locales y centros de investigación. - Evaluar riesgos de seguridad, dependencia y concentración conforme al marco aplicable. - Reconocer la contribución de empresarios e inversores a empleo e innovación y proteger su actividad lícita mediante seguridad jurídica, contratos exigibles y decisiones administrativas motivadas, sin excepciones a derechos laborales, competencia o responsabilidad empresarial. - Facilitar inversión privada de capital riesgo, incluido venture capital, en fases iniciales y de crecimiento mediante marcos previsibles, conexiones con proyectos y profesionales y menores fricciones administrativas. - Desarrollar capacidades de financiación y crecimiento para empresas innovadoras, distinguiendo inversión en capital, deuda y subvenciones: el capital riesgo asume pérdidas posibles y no garantiza rentabilidad. - Evaluar incentivos fiscales o coinversión pública solo cuando exista adicionalidad demostrable, con selección competitiva, límites de exposición y reparto transparente de riesgos y retornos; no socializar pérdidas de forma incondicional. - Favorecer redes de inversores, transferencia universitaria e internacionalización, protegiendo información confidencial y evitando que las oportunidades dependan de contactos políticos. - Conectar universidades, formación profesional, investigadores, emprendedores, empresas consolidadas e inversores mediante convocatorias abiertas y mentoría con experiencia acreditada. Evitar crear otra incubadora cuando una estructura existente pueda resolver la necesidad. - Diseñar un recorrido por etapas: problema y cliente, prototipo, primera venta, repetición de ventas y expansión internacional. Cada paso debe tener entregable, responsable, coste y decisión de avanzar, corregir o cerrar. - Abrir oportunidades a personas con talento sin contactos o grandes recursos iniciales, incluyendo fuera de los principales polos urbanos; combinar acceso remoto y presencial con apoyos justificados y selección transparente. - Diferenciar proyectos que requieren venture capital de negocios sostenibles financiados con clientes, ahorro o deuda prudente. Ser startup no obliga a buscar rondas ni a asumir crecimiento o riesgo inadecuados. - Facilitar primeros clientes privados y pilotos públicos legalmente contratados, con pruebas limitadas, evaluación y competencia. No reservar adjudicaciones por amistad, por nacionalidad sin base legal ni por etiqueta de startup. - Ofrecer un itinerario «nacida en España, operativa en el mundo», conectado al eje 8: validación europea y estadounidense, producto e inglés adecuados, socios comerciales y atención internacional. Conservar actividad real en España cuando sea viable sin imponer una estructura societaria ineficiente. - Evaluar obstáculos al acceso a talento internacional y a incentivos laborales como participaciones u opciones, dentro de las reglas migratorias, laborales y fiscales aplicables. No presentar reformas propuestas como ventajas ya disponibles. - Atraer cofundadores, investigadores y profesionales internacionales y facilitar el retorno voluntario de españoles, conectando permisos e integración del eje 7 con proyectos que acrediten necesidad. Acompañar aprendizaje con equipos locales; una llegada no equivale a una empresa o empleo sostenible. - Medir primeras ventas cobradas, clientes recurrentes, supervivencia, inversión ejecutada, empleo y actividad realizada en España. Separar domiciliación, propiedad, puestos de trabajo y tributación efectiva: ingresos mundiales de una empresa no equivalen a ingreso fiscal español ni a dinero disponible del Estado. Se verificarán los desembolsos privados y el empleo equivalente a jornada completa que se mantiene, mediante cuentas comprobables y seguimiento de todo el grupo participante. Separaremos inversión bruta, capital privado por fase, pérdidas, exposición pública al riesgo y coste público por resultado adicional. Los anuncios, las promesas y el capital público no se contarán como inversión privada. También registraremos primeras ventas, facturación cobrada por mercado, clientes recurrentes, supervivencia, empleo y actividad real en España y colaboración local. No se excluirán empresas que cierren ni se supondrá que toda inversión es adicional o que su rentabilidad está garantizada. Tras activar y financiar esta línea, el itinerario startup avanzaría por estas etapas: S01 (semanas 1–2): problema, cliente y responsable identificados; S02 (semanas 3–4): pruebas de demanda documentadas y decisión de continuar; S03 (semanas 5–8): prototipo o demostración contrastada con clientes; S04 (semanas 9–12): revisión comercial y plan de siguiente etapa, incluyendo mercado y requisitos cuando proceda. Un prototipo no se cuenta como venta y una expansión no exige abrir simultáneamente en Europa y Estados Unidos. Estos hitos no añaden un cuarto frente al arranque de 90 días ni garantizan una venta en doce semanas. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Unión Europea intervendrían dentro de sus atribuciones. El diagnóstico deberá revisar proyectos ejecutados, financiación por fase y resultados de incentivos. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir facilitación, infraestructuras y eventual coste de incentivos o coinversión. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar favoritismo, subvenciones sin adicionalidad y garantías incondicionales de pérdidas privadas. ### 2.12. Licitaciones caras, competencia y grupos de interés Queremos que una compra pública tenga un precio razonable, se entregue bien y no dependa de contactos privilegiados. Para ello, proponemos facilitar competencia, comparar precios y calidad y revisar lo que se entrega. También proponemos publicar quién participa en decisiones y usar alertas de posibles sobrecostes con revisión humana. En un caso hipotético, un ayuntamiento contrata la reparación de una calle. Se pueden consultar requisitos, ofertas, precio final y cambios de obra. Si el coste sube, se explica la causa y se revisa; elegir lo más barato no sirve si la reparación falla pronto. Ciudadanía necesita buen servicio; empresas, competir en igualdad y cobrar; técnicos, tiempo y criterio profesional. Los controles deben cubrir influencias de todos los operadores y distinguir errores, cambios legítimos e irregularidades. Para saber si funciona, proponemos medir ofertas recibidas, calidad, retrasos y sobrecostes justificados o corregidos. Un contrato caro o con una sola oferta no demuestra fraude. #### Plan de actuación En el primer año, en 5 entidades contratantes, proponemos hacer trazable el ciclo de 100 contratos y revisar humanamente todas las alertas de alto riesgo antes de adoptar decisiones. En cuatro años, el objetivo es extender a 20 entidades y 1.000 contratos; reducir un 20 % la proporción de contratos con una sola oferta frente a T0 en categorías comparables, manteniendo calidad y acceso de pymes. La ejecución correspondería a unidades de contratación y órganos competentes de control; el calendario previsto incluye enlazar presupuesto, licitación, adjudicación, modificaciones, facturas y entrega en M1–M6; publicar datos no reservados y activar revisión desde M7; ampliar tras evaluación. Coordinar con controles existentes, no duplicarlos con un organismo sin función definida. Queremos estudiar los sobrecostes, la escasa competencia en contratos, los requisitos que excluyen proveedores y las posibles influencias indebidas. Un precio alto no demuestra por sí solo corrupción; representar intereses tampoco es ilícito por definición. Comparar contratos equivalentes, facilitar la participación de proveedores y revisar la ejecución permite discutir precio y entrega con fundamento. Un contrato caro o con una sola oferta puede tener una explicación legítima. Priorizaremos capacidad técnica y un recorrido verificable de las decisiones frente a una IA que prometa detectar fraude sin contexto. La supervisión atenderá al gasto y a la calidad, no solo a comprar barato. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar el ciclo completo de contratación: planificación, criterios, adjudicación, modificaciones, ejecución y evaluación, protegiendo los datos legalmente reservados. - Preparar una herramienta de contratos abiertos con identificadores de expediente y proveedor, fuentes y fechas, que permita consultar adjudicaciones recurrentes, concentración por proveedor, cambios de adjudicatario y modificaciones. Comparar por entidad, periodo y categoría, separando lotes y contratos para evitar duplicidades; enlazar con el registro de publicidad institucional del eje 19. - Comparar costes totales y calidad entre contratos equivalentes, no solo precios iniciales. - Diseñar requisitos proporcionados y dividir contratos en lotes cuando sea adecuado para facilitar concurrencia. - Revisar contratos con una sola oferta, ampliaciones reiteradas o desviaciones relevantes como señales de riesgo, no como prueba automática de fraude. - Mejorar capacidades técnicas de compra pública y la detección de posibles pactos entre empresas. - Probar herramientas de IA que descompongan pliegos y presupuestos en unidades comparables: horas, perfiles profesionales, materiales, licencias, infraestructura, mantenimiento y riesgos. - Estimar rangos de coste mediante contratos equivalentes, precios contrastados y revisión experta, ajustando por fecha, territorio, escala, calidad, seguridad y complejidad. Comparar presupuesto, adjudicación y ejecución, no solo el importe inicial. - Publicar fuentes, hipótesis, cobertura de datos y grado de incertidumbre de cada estimación, junto con la diferencia respecto al importe analizado. No presentar un rango orientativo como «coste real» acreditado. - Remitir alertas de desviaciones relevantes a revisión técnica independiente, permitir explicación y contradicción y derivar indicios fundados a los órganos competentes. - Validar las herramientas con casos revisados por especialistas, medir falsos positivos y errores y proteger información confidencial. No imputar fraude ni imponer sanciones únicamente por una salida de IA. - Establecer registros y agendas de reuniones con grupos de interés, huella normativa y declaración de conflictos conforme al ámbito aplicable. - Garantizar acceso plural a consultas públicas para evitar que solo participen actores con mayores recursos. - En reformas de movilidad y plataformas, publicar reuniones, propuestas y justificación de las reglas con participación de asociaciones de taxi, VTC, plataformas, cooperativas, conductores y usuarios. Representar intereses es legítimo; ninguna asociación o empresa tendrá un veto privilegiado ni se presumirá corrupción por defender su posición. Los datos de licitación y ejecución permitirán comparar contratos con una sola oferta respecto de contratos equivalentes, ofertas por categoría, participación de pymes y proporción de contratos cuyo recorrido se puede comprobar. Seguiremos desviaciones de coste y plazo, coste final, calidad entregada e influencias sobre las normas. Una adjudicación recurrente, concentración elevada o cambio de proveedor será una señal contextual para solicitar explicación, no una acusación. La herramienta distinguirá presupuesto, importe adjudicado, modificaciones y pagos documentados, con impuestos y periodos explícitos; no sumará esas fases como si fueran gastos diferentes. El prototipo documental se integraría en el frente existente de integridad y contratación, sujeto a responsable, revisión y recursos, sin anunciar un nuevo sistema operativo. Especialistas y revisión independiente comprobarán la precisión de las alertas de IA. Separaremos irregularidad, mala gestión y delito acreditado, así como alertas, reducciones previstas y ahorro neto auditado. Una salida de IA no prueba fraude ni autoriza sanciones. Las entidades contratantes aplicarían las medidas que les corresponden. Los legisladores y las autoridades de competencia y control intervendrían en sus respectivos ámbitos. El diagnóstico deberá revisar pliegos, adjudicación, ejecución y referencias de coste comparables. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir capacidad técnica, publicación, revisión y validación de herramientas. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá convertir una alerta de IA o un precio alto en prueba automática de fraude. ### 2.13. Sanidad pública y privada: acceso, eficiencia y financiación Queremos recibir atención cuando se necesita y no perdernos entre citas, pruebas y distintos servicios. Para ello, proponemos organizar mejor citas y atención según gravedad, evitar pruebas repetidas y combinar capacidades públicas y privadas cuando mejore el servicio. La reorganización debe mantener cobertura y seguimiento sin desanimar a pedir atención necesaria. En un caso hipotético, una persona recibe una prueba en otro centro para evitar una espera, con prioridad clínica y autorización adecuadas. El resultado llega a su equipo habitual y tiene seguimiento. Cambiar de centro no debe obligarla a empezar de nuevo ni asumir un coste inesperado. Pacientes necesitan acceso y continuidad; profesionales, tiempo y medios; centros, responsabilidades claras; contribuyentes, gasto eficaz. La colaboración exige controlar calidad y casos complejos, no solo contar consultas baratas. Para saber si funciona, proponemos medir esperas según necesidad clínica, resultados de salud y coste completo. Una lista más corta no basta si alguien queda fuera o pierde seguimiento. #### Plan de actuación En el primer año, en 3 áreas sanitarias, proponemos reducir un 15 % la mediana de espera de los procesos programados y niveles de prioridad elegidos, sin aumentar cancelaciones ni empeorar resultados clínicos ajustados. En cuatro años, el objetivo es extender a 10 áreas y reducir un 25 % la espera en las áreas iniciales, manteniendo acceso universal y sin aumentar gasto de bolsillo por la intervención. La ejecución correspondería a servicios de salud autonómicos y direcciones clínicas; el calendario previsto incluye demanda, capacidad y prioridades en M1–M3; presupuesto de personal, agendas y continuidad en M4–M6; ejecución desde M7. Comparar refuerzo público y colaboración privada por coste completo y resultado, sin seleccionar solo casos fáciles. Las listas de espera, las diferencias territoriales y las dificultades para acceder a determinados servicios pueden perjudicar la atención y aumentar la presión económica sobre hogares y empresas. Reorganizar agendas o ampliar la capacidad puede reducir demoras. Externalizar sin controlar qué pacientes se atienden, en cambio, puede ocultar costes y dejar los casos complejos al sistema público. Compararemos alternativas con la misma prioridad clínica y complejidad, manteniendo cobertura y continuidad. Proponemos estudiar una combinación de provisión pública y privada que garantice atención universal y reduzca esperas y costes evitables, sin trasladar el ahorro aparente a pagos de bolsillo o a una peor cobertura. No se presupone que la gestión privada sea siempre más barata ni que la pública sea siempre más eficiente. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Mantener una cobertura pública universal y una atención basada en la necesidad clínica, no en la capacidad de pago. - Reforzar estándares comunes de acceso, información interoperable y comparación de resultados entre territorios. Comparar compras y servicios compartidos, coordinación y centralización de funciones concretas con la gestión existente, contando transición, respuesta local y continuidad asistencial; no exigir uniformidad de toda la organización como garantía de calidad [F35]. - Reforzar atención primaria, prevención y salud mental para mejorar acceso y continuidad asistencial. - Evaluar colaboración con centros privados para necesidades concretas cuando aporte capacidad y resultados adicionales, comparándola con reforzar los medios públicos. - Exigir a los acuerdos de colaboración precios y criterios transparentes, calidad verificable, auditorías y obligaciones que eviten seleccionar únicamente pacientes o tratamientos rentables. - Evitar incentivos que desvíen pacientes o profesionales del sistema público para generar demanda privada; controlar conflictos de interés. - Facilitar continuidad clínica e intercambio seguro de información entre proveedores con base legal, acceso limitado y protección de datos. - Comparar alternativas de financiación para reducir, cuando sea viable, la carga sobre trabajadores y empresas, indicando quién financia la diferencia y cómo se preservan la cobertura y la sostenibilidad. - Evaluar por separado impuestos, cotizaciones, seguros y pagos directos: la sanidad pública española se financia principalmente mediante impuestos, por lo que reducir cotizaciones no equivale por sí solo a abaratar su financiación. - Analizar cualquier incentivo a seguros privados por su coste fiscal, efecto distributivo y reducción real de presión asistencial; no asumir que se autofinancia. - Reforzar el triaje por personal sanitario y protocolos clínicos para priorizar urgencias según gravedad, con reevaluación ante cambios y sin rechazos automáticos por IA o criterios económicos. - Ofrecer alternativas accesibles para consultas no urgentes: atención primaria con capacidad suficiente, orientación sanitaria y atención fuera del horario habitual según necesidades locales. - Informar sobre cuándo acudir a cada servicio y cómo reconocer señales de alarma, indicando que ante una posible urgencia debe buscarse atención sin demora. - Revisar visitas repetidas para detectar enfermedades, necesidades de salud mental, falta de seguimiento o barreras de acceso antes de calificarlas como abuso. - Investigar fraude acreditable, como suplantaciones o facturación indebida, mediante controles proporcionados, revisión humana y vías de recurso. - Evaluar derivaciones desde urgencias por seguridad clínica y resultados, no solo por número de pacientes evitados; no sancionar a alguien porque su consulta finalmente resulte menos grave de lo que temía. Utilizaremos registros sanitarios completos para medir las esperas por prioridad clínica. Publicaremos la mediana y el percentil 90 —el plazo dentro del que se atiende al 90 %—, junto con pacientes pendientes, cancelaciones, reingresos, reconsultas tras derivación y resultados de salud ajustados por complejidad. Compararemos coste total por proceso, gasto de bolsillo, diferencias de acceso por renta y territorio y necesidades de atención no cubiertas o retrasadas. Estas son condiciones de calidad, no efectos secundarios prescindibles. Cualquier señal de daño exigirá revisión urgente; la meta no puede alcanzarse excluyendo pacientes o disuadiendo atención necesaria. No se propondrá una bajada de ingresos públicos sin financiación alternativa acreditada, ni se impondrán seguros privados obligatorios o copagos como solución automática. Una reducción de cargas debe evaluarse por el coste total para cada hogar y empresa, no solo por una partida de la nómina. Las comunidades autónomas intervendrían en organización y prestación sanitaria. El Estado lo haría en bases, coordinación y materias fiscales de su competencia, respetando los distintos regímenes de financiación. Mejorar la coordinación, los equipos o las listas de espera no exige por sí solo reforma constitucional. Reasignar funciones requiere revisar leyes y estatutos; si la alternativa modifica el reparto constitucional de competencias, como el artículo 149, deberá tramitar la reforma por el artículo 167, salvo que también afecte a materias protegidas por el 168. Un acuerdo administrativo no puede modificar una competencia constitucional o estatutaria [F35]. El diagnóstico deberá revisar listas de espera, resultados clínicos, recursos y costes comparables. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir personal, capacidad asistencial, coordinación y evaluación de contratos. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá disuadir atención necesaria ni ahorrar desplazando costes a pacientes. ### 2.14. Burocracia y creación de empresas Queremos abrir un pequeño negocio o aprovechar habilidades y recursos propios sin trámites repetidos ni promesas de dinero fácil. Para ello, proponemos coordinar trámites hasta poder operar legalmente y facilitar economía colaborativa, servicios y pequeños negocios. La simplificación se acompañaría de formación, acceso a clientes, controles necesarios y protección frente a impagos. En un caso hipotético, una persona quiere alquilar herramientas que no usa todos los días. Antes de ofrecerlas comprueba obligaciones fiscales, seguridad, seguro y demanda. Una guía coordinada evita pasos repetidos, pero no inventa una exención ni convierte cualquier actividad en segura. Quien emprende necesita reglas comprensibles; clientes, seguridad; negocios existentes, competencia justa; administración, cumplimiento. Simplificar es eliminar repetición, no permisos necesarios ni obligaciones laborales o fiscales. Para saber si funciona, proponemos medir tiempo y coste hasta abrir de verdad, horas de gestión y continuidad del negocio. Registrar una empresa no significa que ya pueda trabajar. #### Plan de actuación En el primer año, para 5 actividades de bajo riesgo en 3 municipios, proponemos reducir un 25 % la mediana de días desde solicitud completa hasta poder operar y publicar todos los requisitos y tasas antes de solicitar. Antes de M3, publicar una guía revisada para servicios por habilidades, alquiler de herramientas, uso temporal de espacios y movilidad, distinguiendo actividades permitidas, requisitos y reformas necesarias. El transporte remunerado no se tratará automáticamente como actividad de bajo riesgo ni quedará exento de autorización por figurar en la guía. En cuatro años, el objetivo es extender a 20 actividades y 15 municipios y alcanzar un 40 % de reducción en las actividades iniciales, sin aumentar incumplimientos graves detectados. La ejecución correspondería a ayuntamientos, comunidad autónoma y unidades estatales del trámite; el calendario previsto incluye inventario y eliminación de duplicidades en M1–M3; ventanilla coordinada y asistencia en M4–M6; seguimiento e inspección desde M7. Usar declaración responsable solo donde sea legalmente adecuada. Los pequeños negocios pueden afrontar costes, trámites repetidos e incertidumbre al iniciar, mantener o cerrar una actividad. Crear una sociedad y conseguir los permisos para operar son procesos distintos: simplificar solo el primero no resuelve todo el problema. Pedir un requisito repetido añade coste sin asegurar más protección, pero eliminar uno necesario puede causar daños. Compararemos una ventanilla coordinada y la reutilización autorizada de datos con la declaración responsable solo donde proceda. El resultado que buscamos es poder abrir legalmente la actividad, no solo constituir la sociedad. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Integrar los trámites estatales, autonómicos y municipales en una ventanilla coordinada, con seguimiento del expediente y asistencia humana. - Publicar requisitos, tasas y plazos por actividad antes de iniciar la solicitud, evitando peticiones sucesivas de documentación que podía haberse identificado desde el principio. - Reutilizar datos ya aportados cuando exista base legal y simplificar obligaciones según tamaño, complejidad y riesgo de la actividad. - Ampliar el uso de declaraciones responsables donde sea jurídicamente adecuado, con inspección posterior efectiva; no sustituir controles previos necesarios para salud, seguridad o medio ambiente. - Revisar barreras regulatorias que dificulten contratar, crecer o trabajar en distintos territorios, sin rebajar derechos laborales ni protección del consumidor. - Auditar recorridos completos de trámites con personas usuarias, incluidas jóvenes que emprenden: identificar cada requisito, su finalidad, coste, tiempo y administración responsable; eliminar duplicidades y barreras sin justificación acreditada por la vía legal o de coordinación correspondiente. Conservar controles necesarios y publicar cambios y resultados. - Facilitar el cierre ordenado y la segunda oportunidad, con garantías para trabajadores y acreedores. - Fomentar cultura emprendedora y formación práctica en ventas, finanzas, gestión, contratos y evaluación de riesgos, sin presentar crear una empresa como opción adecuada para todo el mundo. - Conectar proyectos con mentorías, clientes e inversores mediante programas abiertos y evaluables, distinguiendo acompañamiento de promesas de financiación. - Ofrecer un itinerario voluntario de autonomía financiera que conecte empleo cualificado, talento, actividad empresarial y gestión económica. Empezar por una prueba limitada de demanda y clientes antes de endeudarse o abandonar ingresos estables; no presentar emprender como requisito para una vida valiosa. - Facilitar ingresos complementarios mediante servicios por habilidades, alquiler de herramientas o equipos y uso temporal de espacios autorizados. Publicar requisitos, seguros, obligaciones fiscales y costes por modalidad; un recurso disponible no garantiza clientes o rentabilidad. - Diferenciar venta ocasional de bienes propios, actividad económica habitual y trabajo para una empresa o plataforma. Ofrecer trámites y asistencia proporcionados a cada caso, sin inventar una exención fiscal o de alta por ingresar menos que el salario mínimo. - Favorecer plataformas competidoras, cooperativas y vías de contratación directa, sin subvencionar una marca ni hacer obligatorio trabajar mediante una aplicación. Facilitar información sobre comisiones, condiciones, cobro y resolución de conflictos antes de participar. - Revisar barreras de acceso que protejan a operadores instalados sin aportar seguridad o interés general; conectar la movilidad remunerada con el eje 25 y la protección del trabajo con el 15. No llamar «colaborativo» a cualquier negocio para eludir sus obligaciones. - Reforzar cumplimiento de plazos de pago y resolución de conflictos comerciales para que pequeñas empresas no financien involuntariamente a clientes o administraciones morosas. Los expedientes y las tasas permitirán medir días y coste desde la solicitud completa hasta la autorización o habilitación legal para operar. Publicaremos también el tiempo desde el primer contacto, para no desplazar la espera fuera del indicador, y las solicitudes pendientes o rechazadas. Seguiremos horas de gestión, documentación repetida, inspecciones, incidencias y supervivencia empresarial. La rapidez no puede lograrse eliminando controles necesarios de seguridad, consumo o medio ambiente, ni reduciendo derechos o protección de acreedores. La auditoría de trámites distinguirá requisitos inventariados, cambios aprobados y obstáculos realmente eliminados. Medirá tiempo y coste del recorrido completo antes y después, con pendientes y rechazos, sin contar trasladar una obligación a otra oficina como simplificación. La coordinación entre administraciones deberá tener responsables y acuerdos documentados; participar no garantiza crédito ni éxito empresarial. La apertura, el mantenimiento y el cierre de negocios se incluirán en el catálogo inicial del eje 6, según la selección acordada. Publicaremos una ficha por actividad con administraciones responsables, pasos, tasas, controles y habilitación final, sin contar constituir una sociedad como autorización para operar ni ampliar automáticamente las 5 actividades iniciales. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos intervendrían según el trámite y sus atribuciones. En los municipios participantes, se elegirán modalidades de economía colaborativa con demanda contrastada y habilitación clara. Primero se explicarán las reglas y se calcularán costes; después se probará legalmente con clientes; finalmente se revisarán ingresos netos, horas y reclamaciones antes de ampliar. La guía es una entrega de OpenSpain, no una autorización administrativa. Este itinerario se integra en el frente de simplificación, no añade un cuarto frente inicial ni obliga a activar transporte. El diagnóstico deberá revisar requisitos por actividad, expedientes, tasas y tiempos efectivos. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir coordinación, herramientas, asistencia y acompañamiento. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá simplificar sin eliminar controles necesarios, derechos ni protección de acreedores. ### 2.15. Autónomos: cotizaciones, ingresos variables y protección Queremos poder trabajar por cuenta propia sin que un mes de pocos ingresos convierta las obligaciones en una carga imposible. Para ello, proponemos evaluar pagos y obligaciones mejor adaptados a ingresos variables, facilitar gestiones y combatir impagos. Cualquier cambio debe mantener la protección social y explicar cómo se financiaría. En un caso hipotético, una profesional factura más un mes y menos el siguiente, pero también paga materiales y espera facturas pendientes. Se estudia cómo ajustar pagos a sus ingresos reales y evitar quedarse sin protección. Una propuesta de ajuste no es una cuota nueva ya vigente. Autónomos necesitan liquidez y protección; clientes, servicios fiables; asalariados, reglas que eviten falsas relaciones por cuenta propia; sistema social, financiación suficiente. Flexibilidad no debe esconder empleo sin derechos. Para saber si funciona, proponemos comparar obligaciones con ingresos después de gastos, puntualidad del cobro y prestaciones. Facturar mucho no equivale a ganar mucho. #### Plan de actuación En el primer año, en una cohorte voluntaria de 300 autónomos con ingresos variables, proponemos reducir un 20 % las horas de gestión de cotización y regularización y entregar a todos una explicación verificable de pagos y derechos. En cuatro años, el objetivo es extender el acompañamiento a 3.000 autónomos y reducir un 35 % las horas en la cohorte inicial; presentar una reforma de ajustes y protección con memoria completa de financiación y cobertura. La ejecución correspondería a Seguridad Social, áreas fiscales competentes y organizaciones de autónomos; el calendario previsto incluye perfiles y trámites en M1–M3; herramientas públicas y asistencia en M4–M6; seguimiento de regularizaciones desde M7. Cualquier cambio de cuotas o prestaciones se tramitará por la vía normativa competente, no por una exención informal del piloto. Queremos estudiar cómo afectan las cotizaciones y las obligaciones administrativas a actividades con ingresos bajos, estacionales o imprevisibles, y qué relación existe entre lo aportado y la protección recibida. Ajustar los pagos a ingresos variables puede aliviar la falta de liquidez, pero reducir cotizaciones sin financiación puede debilitar las prestaciones. Compararemos ajustes, asistencia y apoyos temporales a partir de los rendimientos netos, no de la facturación. Simplificar la gestión no significa que exista una exención ya aprobada. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Evaluar una cotización más proporcionada a los rendimientos netos, no a la facturación bruta, con especial atención a actividades de bajos ingresos. - Facilitar ajustes ante cambios de ingresos y regularizaciones comprensibles, evitando saltos de carga injustificados y problemas de liquidez. - Estudiar apoyos temporales al inicio de actividad con criterios claros, sin incentivar altas y bajas artificiales ni financiar negocios inviables indefinidamente. - Simplificar declaraciones y ofrecer herramientas públicas de cálculo que expliquen cotización, impuestos y derechos asociados. - Mejorar la respuesta ante enfermedad, cuidados y cese de actividad, evaluando requisitos y sostenibilidad. - Combatir la morosidad y el falso trabajo autónomo para que la simplificación no favorezca trasladar obligaciones empresariales al trabajador. - Para ingresos complementarios en plataformas, explicar alta, cotización, impuestos y compatibilidad con empleo o prestaciones según cada caso. La flexibilidad horaria no decide por sí sola si existe relación laboral o trabajo autónomo; atender a cómo se organiza y controla realmente la actividad. - Exigir condiciones comprensibles sobre comisiones, cambios contractuales, asignación de servicios y suspensión de cuentas, con cauces de reclamación y revisión humana conforme al marco aplicable. Favorecer alternativas y uso de varias plataformas cuando sea legalmente compatible, sin trasladar datos personales de clientes sin base legal. - Medir ingresos netos por hora total dedicada, incluyendo espera, desplazamientos sin cliente y gestión. Incorporar comisiones, energía, mantenimiento, seguro, financiación y amortización del equipo propio o alquiler, según corresponda, además de cotización e impuestos; no equiparar facturación a salario ni prometer una rentabilidad. Con registros consentidos y reglas vigentes, mediremos horas de gestión por ciclo y qué proporción del rendimiento neto representa la cotización de cada perfil y nivel de ingresos. Si el rendimiento es nulo o negativo, publicaremos importes absolutos: dividir la cotización entre ese rendimiento no ofrece una comparación interpretable. Seguiremos errores, volatilidad de pagos, cobertura efectiva y morosidad. Una meta de simplificación administrativa no equivale a una rebaja aprobada. No se reducirá la protección sin evaluar su financiación ni se favorecerá el falso trabajo autónomo. Cualquier reducción de cuotas debe explicar cómo afecta a pensiones y otras prestaciones y quién cubre la financiación necesaria. Las condiciones concretas deberán contrastarse con la normativa vigente antes de redactar una reforma. Los casos comparables del eje 16 distinguirán facturación sin IVA, gastos de actividad, margen antes de cotización e impuestos, cobros efectivos y renta disponible. Para ingresos variables se explicarán meses de poca actividad, pagos provisionales y regularización, sin inventar cuotas vigentes ni tratar la reducción de horas de gestión como una rebaja ya aprobada. La aplicación correspondería principalmente al Estado en Seguridad Social y fiscalidad estatal. Otras administraciones participarían mediante los apoyos de su competencia. El diagnóstico deberá revisar rendimientos, cotizaciones, cobertura y morosidad por perfiles. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir sistemas de ajuste, apoyos y financiación de prestaciones. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá reducir cuotas sin evaluar cobertura y sostenibilidad ni favorecer falsos autónomos. ### 2.16. Impuestos e IVA: carga, simplicidad y financiación Queremos entender lo que pagamos en impuestos y reducir cargas evitables sin dejar servicios sin financiación. Para ello, proponemos comparar cambios en impuestos e IVA, simplificar reglas y explicar quién gana, quién paga y cómo se cubre el coste. Revisaríamos también las exenciones de la Iglesia Católica, otras confesiones y entidades sin ánimo de lucro con criterios comunes de actividad y finalidad. En un caso hipotético, se estudia bajar el IVA de un producto. Se comprueba cuánto baja el precio final y cuánto deja de ingresar el Estado. Si el comercio conserva la rebaja como margen, el consumidor no recibe todo el beneficio esperado. Hogares y empresas buscan menor carga; usuarios de servicios públicos, financiación estable. Hay que explicar efectos según ingresos y consumo, y comparar rebajas generales con apoyos más concretos. Para saber si funciona, proponemos medir impuestos realmente pagados, dinero disponible, precios y cuentas públicas. No debe asumirse que una rebaja se financia sola. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar 10 perfiles comparables de carga fiscal total y reducir un 15 % las horas de cumplimiento en una cohorte de 300 hogares, autónomos y pymes mediante información y simplificación legal. En cuatro años, el objetivo es extender a 3.000 participantes y reducir un 30 % las horas en la cohorte inicial; evaluar al menos 3 alternativas de alivio fiscal, cada una con distribución de efectos y financiación completa, y tramitar las que superen esa evaluación. La ejecución correspondería a Hacienda, administraciones tributarias competentes y legisladores; el calendario previsto incluye perfiles y obligaciones en M1–M3; herramientas y eliminación legal de duplicidades en M4–M6; evaluación desde M7. Comparar IVA y ayudas directas antes de escoger una rebaja, verificando su traslado al precio. Queremos comprobar la carga fiscal real de hogares y empresas, las dificultades para cumplir las obligaciones y los efectos de los impuestos sobre consumo, empleo e inversión. Para valorar si una carga es alta, hay que comparar ingresos, deducciones, servicios financiados y contribuyentes en condiciones semejantes. Reducir cargas puede dejar más renta disponible y mejorar incentivos, pero su efecto depende del diseño y de la financiación. Compararemos cambios en IRPF, beneficios fiscales y ayudas dirigidas a necesidades concretas. Una rebaja de IVA puede no llegar íntegramente al precio; no supondremos que el crecimiento paga por sí solo la rebaja. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar ejemplos de carga total para perfiles de hogares, autónomos y empresas, distinguiendo impuestos, cotizaciones, tasas y costes administrativos. - Evaluar reducciones focalizadas donde aporten mayor mejora de renta disponible o inversión, con memoria presupuestaria y distributiva. - Diseñar propuestas de rebajas sostenibles sobre trabajo y actividad empresarial con coste recaudatorio, perfiles comparables y financiación explícita; evaluar inversión adicional y empleo, incluidos proyectos extranjeros, con criterios comunes. Distinguir renta disponible de salario bruto y combinar fiscalidad con productividad y cumplimiento laboral, sin garantizar incrementos salariales ni financiar la rebaja con crecimiento supuesto o ahorro aún no verificado. - Revisar deducciones y beneficios fiscales que no acrediten su objetivo, evitando privilegios difíciles de justificar. - Inventariar las exenciones de IBI y otros beneficios de la Iglesia Católica, otras confesiones y entidades sin ánimo de lucro por inmueble, actividad y fundamento legal, con datos agregados y protección de información personal. No afirmar que todo inmueble religioso está exento ni confundir una exención legal con evasión fiscal [F40]. - Comparar mantener, limitar o retirar exenciones según actividad y finalidad social, con criterios de igualdad, libertad religiosa, neutralidad y sostenibilidad municipal. Publicar recaudación estimada y efectos sobre servicios y patrimonio; identificar leyes y acuerdos internacionales que habría que modificar, sin tratar toda entidad religiosa como equivalente a una persona física. - Simplificar obligaciones y mejorar previsibilidad, con periodos de adaptación razonables a los cambios. - Evaluar la carga sobre trabajo cualificado y emprendimiento mediante perfiles que incluyan 100.000 y 150.000 euros anuales, identificando territorio, situación familiar, deducciones y qué ingreso se compara. No presentar el tipo marginal como porcentaje aplicado a toda la renta. - Comparar ajustes de tramos y beneficios fiscales con otras mejoras de renta disponible, publicando coste recaudatorio, efectos por niveles de ingresos y financiación. Eliminar incentivos ineficaces no implica ahorro inmediato igual a su coste nominal. - Estudiar alternativas de IVA dentro del marco europeo, comparando rebajas generales, cambios permitidos para bienes concretos y ayudas directas a hogares. - Medir cuánto de una rebaja del IVA llega al precio final: no asumir que toda reducción del impuesto se traslada al consumidor. - Reducir problemas de tesorería vinculados al IVA de facturas no cobradas mediante revisión de los mecanismos legales disponibles y sus límites. - Reforzar prevención del fraude con controles proporcionados y garantías, sin tratar a todos los contribuyentes como sospechosos. Compararemos impuestos y cotizaciones pagados respecto de ingresos comparables por perfil, actividad y nivel de renta, indicando norma y territorio. Diferenciaremos el tipo marginal del efectivo, así como salario bruto, rendimiento neto y facturación. Seguiremos horas, coste y errores de cumplimiento, renta disponible, recaudación, inversión adicional, precios y saldo presupuestario. #### Tres ejemplos para entender las cuentas Son casos didácticos con cantidades ficticias, no cálculos de impuestos vigentes, previsiones ni rebajas propuestas. Solo muestran por qué salario, facturación, margen y dinero disponible son distintos; no sustituyen los 10 perfiles tributarios comparables previstos en este eje. | Perfil hipotético | Datos supuestos al año | Lectura de las cuentas | |---|---|---| | Persona asalariada | Salario bruto de 30.000 euros; impuestos y cotizaciones personales supuestos de 6.000 euros | Quedarían 24.000 euros después de esas deducciones, antes de los gastos del hogar. Los 6.000 euros son un supuesto ilustrativo, no una liquidación según la ley ni un tipo aplicable a otra persona. | | Autónomo con ingresos variables | Facturación sin IVA de 24.000 euros y gastos de actividad de 8.000 euros | El margen previo a cotización e IRPF sería 16.000 euros, no 24.000. Falta comprobar deducibilidad, cotización, impuestos y facturas cobradas; un mes sin cobros puede exigir pagos. | | Pequeño negocio | Ventas sin IVA de 120.000 euros y costes de 100.000 euros, incluidos personal y cotizaciones empresariales en este supuesto | El margen previo a impuestos sería 20.000 euros. No equivale al sueldo del propietario ni a caja disponible: hay que revisar cobros, obligaciones, inversiones y distribución de resultados. | Para cada propuesta fiscal publicaremos la comparación antes/después con el mismo perfil, año, territorio y situación familiar; distinguiremos salario bruto, cotizaciones personales y empresariales, cuota tributaria definitiva, retenciones o anticipos, tasas, horas de gestión y dinero disponible. Las retenciones no se sumarán otra vez a la cuota definitiva; el IVA repercutido no se tratará como ingreso propio y su recuperación dependerá de las reglas aplicables. El autónomo conservará una explicación de cobertura y prestaciones. No mezclaremos beneficio empresarial, sueldo y dividendos ni presentaremos margen contable como saldo bancario. Cada alternativa explicará quién se beneficia, quién soporta el coste, cuánto deja de ingresar cada administración, qué recursos verificables lo cubrirían y qué servicios o prestaciones podrían verse afectados. Si esos datos faltan, la ficha aparecerá como pendiente de cálculo y no anunciará un ahorro individual. No se financiarán rebajas con crecimiento garantizado ni con ahorro administrativo todavía no verificado. Para las exenciones, revisaremos su fundamento, coste fiscal estimado por actividad, recaudación municipal y efectos sobre servicios. Distinguiremos estimaciones de ingresos realmente obtenidos. No prometemos un tipo fiscal concreto sin una memoria de efectos ni contaremos crecimiento o fraude evitado como financiación cierta. El IVA repercutido no equivale a beneficio del negocio; el IVA soportado puede ser deducible según la actividad y las reglas aplicables. Tampoco debe confundirse la cuota de autónomos con un impuesto: financia protección social. Cada propuesta de rebaja deberá presentar escenarios de recaudación y gasto. No se dará por hecho que el crecimiento o la lucha contra el fraude compensarán íntegramente la pérdida de ingresos, ni se trasladará esa pérdida a deuda o recortes sin explicarlo. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales intervendrían en sus respectivos tributos, respetando los regímenes forales y especiales. La Unión Europea establece el marco común del IVA. El diagnóstico deberá revisar la tributación por perfiles, la recaudación y los efectos de los beneficios fiscales. En las entidades religiosas y sin ánimo de lucro, se examinarán los supuestos legales [F40], los datos municipales y las actividades, sin presuponer un importe nacional recuperable. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir gestión, inventario y revisión de exenciones y pérdida o aumento estimado de ingresos de cada alternativa, con escenarios de financiación. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá asumir que una rebaja se autofinancia o llega íntegramente al consumidor. ### 2.17. Independencia energética: petróleo, gas y aviación Queremos depender menos del petróleo y del gas sin perder energía fiable ni trasladar costes inasumibles a hogares y empresas. Para ello, proponemos ahorrar energía, mejorar edificios y sustituir combustibles donde sea viable. La transición incluiría comparar energía nuclear, renovables, redes y almacenamiento por seguridad, coste y suministro, además de alternativas para aviación. En un caso hipotético, una comunidad de vecinos compara aislar el edificio, cambiar la calefacción o combinar ambas opciones. Cuenta inversión, mantenimiento y factura esperada antes de decidir. La mejor solución depende del edificio y de quién puede pagar el gasto inicial. Hogares necesitan facturas asumibles; empresas, suministro estable; trabajadores, adaptación; vecinos, impactos locales. Reducir emisiones y dependencia exige inversión y no garantiza quedar a salvo de todas las subidas de precios. Para saber si funciona, proponemos medir combustible importado y consumido, emisiones desde fabricación hasta uso, coste completo y cortes de suministro. #### Plan de actuación En el primer año, en 500 hogares y 20 pymes con consumo fósil medible, proponemos reducir un 15 % el consumo conjunto de gas y derivados del petróleo, ajustado por temperatura y nivel de actividad, sin sustituir uno por otro para aparentar ahorro. En cuatro años, el objetivo es extender a 5.000 hogares y 200 pymes y reducir un 30 % ese consumo en la cohorte inicial, con coste total y fiabilidad publicados. La ejecución correspondería a administraciones energéticas y de vivienda, municipios y participantes; el calendario previsto incluye auditoría y selección de actuaciones en M1–M3; financiación de aislamiento, eficiencia y electrificación viable en M4–M6; instalación desde M7. Coordinar redes y suministro; evaluar aviación por pilotos y certificación, no prometer sustituir toda la flota. Depender de combustibles importados expone al país a precios internacionales y dificulta reducir emisiones del transporte y la industria. Ganar independencia energética no significa necesariamente aislarse ni producir todos los recursos dentro del país. La eficiencia y la electrificación pueden reducir la exposición a combustibles importados, pero requieren inversión, suministro y mantenimiento. Compararemos aislamiento, equipos y gestión de demanda por su coste durante toda la vida útil. Sustituir petróleo por gas desplaza la dependencia; no elimina la exposición a la inflación o a interrupciones externas. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Reducir demanda de petróleo mediante eficiencia, transporte público y electrificación donde sean técnica y económicamente adecuadas. - Reducir demanda de gas natural en edificios e industria mediante aislamiento, eficiencia y electrificación, incluidas bombas de calor donde sean adecuadas; evaluar inversión, coste total y apoyos para hogares y empresas con menos capacidad económica. - Evaluar una menor necesidad de generación eléctrica con gas conforme exista capacidad alternativa fiable, redes, almacenamiento y gestión de demanda suficientes. Planificar la transición con criterios verificables de suministro y asequibilidad, no con una retirada inmediata. - Ampliar generación baja en emisiones, redes, almacenamiento y gestión de demanda con planificación territorial, evaluación ambiental y análisis de fiabilidad y coste total. - Favorecer autoconsumo individual y compartido y comunidades energéticas, incluyendo hogares que no disponen de tejado propio. - Evaluar alternativas de generación firme e interconexión sin decidir el conjunto del sistema por una sola tecnología. - Incluir expresamente la energía nuclear en la comparación: continuidad o extensión de operación de centrales existentes y construcción de nuevas instalaciones frente a otras combinaciones de generación, redes, almacenamiento y gestión de demanda. Separar escenarios, disponibilidad y aportación al sistema; no anunciar obras, extensiones ni cierres como ya autorizados [F41]. - Exigir para cada opción nuclear evaluación de seguridad, autorizaciones e informes exigibles del Consejo de Seguridad Nuclear, financiación, plazos realistas, combustible, agua, residuos y desmantelamiento. Comparar coste completo y riesgos de retrasos y sobrecostes, sin trasladarlos al contribuyente sin explicarlo; bajas emisiones no significan ausencia de impactos [F41]. - Publicar información accesible sobre ventajas, límites y riesgos de nuclear y alternativas, con fuentes y supuestos comparables. Evaluar suministro fiable y asequible sin dar preferencia automática a una tecnología ni presentar consignas sobre la Agenda 2030 como evidencia técnica. - Impulsar investigación y pilotos de combustibles sostenibles de aviación, incluidos combustibles sintéticos, verificando emisiones de ciclo de vida, electricidad necesaria y origen de materias primas. - Explorar propulsión eléctrica o de hidrógeno en los segmentos donde resulte viable, sin presentarla como sustituto inmediato de toda la aviación comercial. - Exigir certificación de seguridad y evaluar costes, infraestructura y disponibilidad antes de ampliar soluciones aeronáuticas. - Desarrollar capacidades industriales y diversificar suministros de equipos y minerales para no sustituir una dependencia por otra. Las facturas y los contadores permitirán comparar energía fósil en kWh equivalentes por hogar o unidad producida, ajustando clima y actividad. Registraremos consumo eléctrico adicional, emisiones, factura y coste completo, continuidad y fiabilidad del suministro. Compararemos grupos y tecnologías, no solo potencia instalada. También seguiremos dependencia de importaciones, petróleo y gas natural por sector, necesidad de generación eléctrica con gas, acceso a autoconsumo y resultados de pilotos. En escenarios nucleares y sus alternativas, compararemos generación disponible, coste del sistema, calendario, financiación, seguridad, residuos y desmantelamiento. Un estudio no es una instalación autorizada. No se retirará respaldo sin alternativas fiables ni se prometerá independencia total de la inflación. El hidrógeno es un vector energético que requiere energía para producirse; los combustibles alternativos no son automáticamente neutros en emisiones. Reducir petróleo sustituyéndolo por gas no elimina la dependencia fósil. Deben evaluarse emisiones de ciclo de vida, incluidas fugas de metano, y alternativas para usos difíciles de electrificar. No se promete autosuficiencia completa, suministro sin respaldo viable ni vuelos sin impacto con tecnologías aún no acreditadas. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos intervendrían según sus atribuciones en energía, transporte y territorio. La Unión Europea y las autoridades aeronáuticas lo harían en regulación y certificación. El diagnóstico deberá revisar los balances energéticos, los costes del sistema y los resultados de pilotos. En energía nuclear, se examinarán el marco regulatorio [F41], los informes de seguridad y los proyectos y escenarios específicos de costes y residuos. Este borrador no acredita la viabilidad de nuevas centrales. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir redes, generación, almacenamiento, aislamiento, electrificación de edificios e industria, transporte y certificación. Los escenarios nucleares incluirán inversión, financiación, operación, combustible, gestión de residuos, desmantelamiento y posibles garantías públicas. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá evitar promesas de autosuficiencia o aviación neutra sin viabilidad demostrada, cortes de suministro y traslados de costes a quienes no puedan financiar la transición. ### 2.18. Espacio: ciencia, industria y servicios útiles Queremos que la investigación y la industria espacial sirvan también para resolver problemas en la Tierra. Para ello, proponemos cooperar en proyectos científicos y empresariales y usar datos espaciales donde mejoren servicios. Antes de financiar infraestructura propia, compararíamos soluciones existentes. En un caso hipotético, un servicio compara imágenes de satélite y mediciones sobre el terreno para detectar zonas con falta de agua. Los datos ayudan a decidir dónde comprobar el problema; no sustituyen la verificación ni obligan a lanzar un satélite nuevo. Investigadores necesitan continuidad; empresas, competencia; usuarios, datos útiles; contribuyentes, costes justificados. Desarrollar capacidades propias no significa producir todo ni dejar de usar cooperación y datos abiertos. Para saber si funciona, proponemos medir capacidades, contratos competidos y servicios realmente mejorados. Tener un proyecto espacial no demuestra utilidad por sí solo. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos implantar 3 pilotos de uso de datos satelitales en servicios públicos y reducir un 20 % el tiempo de elaboración de mapas operativos en al menos 2. En cuatro años, el objetivo es mantener 10 servicios usuarios y conseguir que al menos 7 reduzcan un 25 % ese tiempo frente al método inicial, con precisión y coste total evaluados. La ejecución correspondería a Agencia Espacial Española, autoridades usuarias y centros de investigación; el calendario previsto incluye necesidades en M1–M3; acceso a datos y acuerdos compatibles con programas europeos en M4–M6; pruebas y formación desde M7. Priorizar servicios útiles antes de infraestructura propia. Queremos comprobar cómo desarrollar capacidades espaciales competitivas y utilizarlas para investigación, empleo cualificado y mejores servicios públicos. Los datos satelitales pueden ampliar la observación del territorio, pero solo aportan valor si mejoran decisiones o servicios. Antes de financiar infraestructura propia, compararemos datos abiertos existentes, contratación y medición terrestre. Tener capacidad de decisión tecnológica no exige producirlo todo dentro del país. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Coordinar una estrategia con la Agencia Espacial Española, la ESA y programas europeos, evitando duplicar capacidades sin justificación. - Priorizar aplicaciones de observación terrestre, comunicaciones y navegación para incendios, agua, agricultura, emergencias e infraestructuras. - Facilitar acceso competitivo de empresas y centros españoles a contratos y proyectos, con criterios técnicos y transparencia. - Apoyar investigación en satélites, instrumentación, materiales, robótica y lanzamiento cuando exista una necesidad científica o comercial acreditada. - Crear itinerarios de formación y transferencia que conecten universidades, empresas emergentes y proveedores industriales. - Evaluar infraestructura y misiones por utilidad, coste total, riesgos y alternativas de cooperación, no solo por prestigio. - Incorporar seguridad, prevención de residuos orbitales y cumplimiento de obligaciones internacionales. Los registros de usuarios públicos permitirán medir el tiempo desde que existen datos disponibles hasta obtener un mapa validado, su precisión frente a referencias y el coste por servicio realmente utilizado. Compararemos estos resultados con otras formas de obtener la información. También seguiremos contratos competitivos obtenidos, capacidades desarrolladas, empleo cualificado, transferencia tecnológica, uso de datos espaciales en servicios públicos y sostenibilidad de las misiones. Un prototipo o el prestigio de una institución no equivalen a un servicio operativo ni garantizan contratos industriales. Participar en la economía espacial no exige construir un programa nacional tripulado ni competir en todas las tecnologías. Las inversiones se priorizarán por resultados científicos, estratégicos y sociales demostrables. La aplicación correspondería principalmente al Estado, con participación de comunidades autónomas, universidades y organismos europeos e internacionales. El diagnóstico deberá revisar programas, contratos, misiones y aplicaciones científicas y públicas. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir investigación, formación, infraestructura y cooperación. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá duplicar capacidades por prestigio ni ignorar seguridad o residuos orbitales. ### 2.19. Medios de comunicación, pluralismo e independencia editorial Queremos saber quién financia la información y poder acceder a versiones distintas sin instrucciones partidistas. Para ello, proponemos «¿Quién paga a quién?»: una herramienta abierta para seguir el dinero público destinado a medios, desde la administración y la campaña hasta los intermediarios y destinatarios documentados. También proponemos proteger independencia editorial y facilitar correcciones y reclamaciones, sin imponer una versión oficial de la verdad. En un caso hipotético, un ayuntamiento contrata mediante una agencia una campaña de prevención de incendios. Se pueden consultar finalidad, criterios, contrato y medios utilizados cuando exista desglose verificable. Si solo se conoce lo cobrado por la agencia, el registro declara que falta el reparto: no atribuye todo el importe a un periódico ni deduce su línea editorial. Audiencias necesitan información; periodistas, autonomía; medios, financiación viable; anunciantes, reglas claras. La crítica y la discrepancia deben protegerse sin justificar financiación oculta ni trato de favor. Para saber si funciona, proponemos comprobar cobertura del gasto, desglose hasta destinatarios, retrasos de publicación, reparto justificado y reclamaciones. Publicar pagos no demuestra independencia editorial ni permite inferir autocensura; un medio transparente puede seguir teniendo una línea editorial. #### Plan de actuación En el primer año, en 5 entidades públicas anunciantes, proponemos publicar criterios, adjudicatarios e importes del 100 % de su publicidad institucional no reservada y habilitar trazabilidad de reclamaciones. Cada registro distinguirá administración, campaña, contrato, intermediario y destinatario final documentado, presupuesto, adjudicación y pagos. La ausencia de desglose se publicará como carencia, no como recorrido completo. En cuatro años, el objetivo es extender a 20 entidades y mantener publicación completa, con respuesta motivada al 90 % de las reclamaciones dentro de 60 días. La ejecución correspondería a entidades anunciantes y órganos independientes de control; el calendario previsto incluye inventario y reglas en M1–M3; registro reutilizable y canales de reclamación en M4–M6; revisión trimestral desde M7. Evaluar nombramientos y financiación con criterios profesionales y pluralismo. OpenSpain puede preparar un prototipo con datos públicos y solicitar desgloses, no obligar a entregarlos ni certificar ingresos privados; las 5 y 20 entidades son metas propuestas, no adhesiones confirmadas. El primer entregable de «¿Quién paga a quién?» sería seleccionar 1 entidad y 1 ejercicio con criterio publicado, inventariar fuentes y revisar hasta 10 expedientes de publicidad institucional, o todos si hay menos. Preparar un registro descargable y una vista administración → campaña → agencia → medio con enlaces verificables, importes y huecos explícitos. La aceptación exigirá revisión por una persona distinta de quien extrae los datos y conciliación con el gasto ejecutado publicado, o explicación de por qué no puede conciliarse. Podrá sustituir el caso de contratación del frente de integridad si se prioriza y hay recursos; no añade un cuarto frente ni da por activado todo el eje. Queremos estudiar las interferencias políticas o económicas, la falta de claridad sobre financiación y propiedad y las dificultades para distinguir información, opinión y publicidad. Tener una línea editorial no equivale por sí solo a manipulación. Publicar la financiación y los criterios de reparto permite detectar tratos desiguales, pero no convierte las opiniones en neutrales. La propuesta protege procedimientos y vías de reclamación, en lugar de imponer una versión oficial de la verdad. La pluralidad incluye las críticas al Gobierno. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Reforzar procedimientos transparentes y garantías de independencia en nombramientos y dirección de medios públicos, con criterios profesionales y control parlamentario plural. - Preparar fichas comparables de RTVE y medios públicos autonómicos: normativa, titularidad, requisitos profesionales, candidaturas legalmente publicables, órgano que propone y vota, motivación del nombramiento o cese, mandato, incompatibilidades y renovaciones pendientes. Distinguir reglas vigentes, práctica documentada y propuestas de reforma, sin puntuar afinidad editorial. - Proteger la autonomía editorial frente a instrucciones partidistas y conflictos de interés, con mecanismos de denuncia y revisión independientes. - Publicar criterios y adjudicaciones de publicidad institucional, evitando premiar o castigar coberturas favorables o críticas. - Hacer consultable el recorrido de cada campaña: administración y órgano responsable, finalidad, público destinatario, fechas, expediente, procedimiento, presupuesto, adjudicatario, agencia intermediaria, medio y grupo propietario cuando estén documentados, modificaciones y pagos. Mantener identificadores, fuente y fecha de consulta para evitar duplicar importes. - Separar publicidad institucional, suscripciones, subvenciones, patrocinios de actos y otros contratos con medios. Distinguir gasto previsto, adjudicado y pagado y no sumar el contrato de una agencia con su distribución como si fueran dos gastos públicos distintos. - Publicar antes del reparto criterios justificables de audiencia, territorio, público destinatario, accesibilidad y coste; explicar excepciones y permitir revisión. Comparar distribución y concentración entre años y cambios de gobierno con periodos, volumen y tipos de campaña comparables, sin deducir favoritismo solo por una variación. - Publicar datos reutilizables, código abierto y metodología reproducible del prototipo, con registro de cobertura, transformaciones y correcciones. Reutilizar portales y herramientas existentes cuando cubran la necesidad; permitir a periodistas y ciudadanía consultar, descargar y señalar errores sin exigir afiliación. - Facilitar transparencia sobre propiedad, financiación pública y contenido patrocinado, con obligaciones proporcionadas y respeto a la confidencialidad de fuentes periodísticas. - Calcular la proporción de financiación pública únicamente cuando numerador y denominador sean verificables y correspondan a la misma entidad, periodo y criterio contable. Sin ingresos comparables, mostrar importes conocidos y límites de cobertura, no un porcentaje de dependencia ni una puntuación de independencia. - Favorecer rectificaciones, trazabilidad de correcciones y mecanismos de reclamación que no permitan al Gobierno imponer una versión oficial de los hechos. - Reforzar alfabetización mediática y acceso a información pública para que la ciudadanía pueda contrastar fuentes. - Evaluar concentración y barreras que limiten pluralismo, sin exigir que todos los medios compartan una orientación política ni censurar críticas. Compararemos el gasto de publicidad institucional cuyo recorrido puede comprobarse con todo el gasto ejecutado del mismo ámbito y ejercicio, utilizando presupuestos, adjudicaciones y pagos documentados. Publicaremos por separado cobertura de contratación y porcentaje de gasto con destinatario final verificable, retraso entre publicación oficial e incorporación al registro, campos ausentes, reservas legales y plazos de respuesta a reclamaciones. Si falta un total comparable, declararemos que no puede calcularse cobertura; un registro parcial no se presentará como todo el gasto. La vista enlazará documentos, no rumores ni inferencias sobre contenidos. Cuando un contrato solo identifique una agencia, el destinatario final quedará pendiente; el importe no se asignará a un medio sin evidencia. La financiación de un grupo no se trasladará automáticamente a cada cabecera. Revisaremos cambios de propiedad y denominaciones con fechas, identificadores y un cauce de corrección. Obtener ingresos públicos no prueba autocensura, compra de cobertura o corrupción. Seguiremos transparencia de nombramientos y financiación, distribución conforme a criterios publicados, reclamaciones resueltas, correcciones y concentración del mercado. No puntuaremos afinidad política o neutralidad mediante listas partidistas de medios «buenos» y «malos», ni premiaremos coberturas favorables o crearemos un listado oficial de medios aceptables. Despolitizar no significa prohibir opiniones políticas ni dar al Gobierno el poder de decidir qué periodismo es aceptable. Deben preservarse libertad de expresión, información y garantías judiciales. El Estado, las comunidades autónomas y los organismos competentes intervendrían según la titularidad de los medios, la publicidad institucional y la normativa aplicable, dentro del marco europeo. El diagnóstico deberá revisar nombramientos, propiedad, publicidad institucional y mecanismos de reclamación. Inventariar informes de publicidad, portales de transparencia, Plataforma de Contratación del Sector Público y plataformas autonómicas, resoluciones de ayudas y documentos de los medios públicos; comprobar qué publican realmente y solicitar información faltante por los cauces competentes. El gráfico estatal de 2024 describe gasto por órgano anunciante, no ingresos de cada medio ni un reparto completo entre cabeceras. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir extracción y revisión de datos, conciliación, desarrollo y alojamiento, mantenimiento, accesibilidad, revisión jurídica, correcciones, control y alfabetización mediática. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá convertir despolitización en censura ni en clasificación oficial de medios aceptables. ### 2.20. Convivencia democrática, memoria y cohesión territorial Queremos resolver problemas compartidos aunque tengamos ideas, identidades o recuerdos distintos. Para ello, proponemos buscar acuerdos con tareas, responsables y fechas, reconocer aportaciones y evitar el «y tú más». Los acuerdos deben preservar memoria rigurosa, diversidad y participación voluntaria, sin silenciar críticas ni responsabilidades. En un caso hipotético, dos municipios con gobiernos distintos coordinan un servicio compartido. Acuerdan presupuesto, tareas y revisión pública sin tener que coincidir en todo. Si algo falla, explican su responsabilidad actual en lugar de responder solo que el otro lo hizo antes. Personas y territorios necesitan reconocimiento y servicios; representantes, poder discrepar; afectados, verdad y reparación. Cooperar no exige olvidar daños, uniformar identidades ni dejar irregularidades sin investigar. Para saber si funciona, proponemos comprobar proyectos completados, acuerdos cumplidos y respeto a derechos. Una foto conjunta no demuestra más confianza ni menos división. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos completar 10 proyectos voluntarios de cooperación entre al menos 20 municipios de 5 comunidades autónomas y lograr que el 70 % de los participantes termine la actividad acordada. Antes de M3, publicar un protocolo de diálogo y un registro de acuerdos, discrepancias y compromisos para los proyectos participantes, con responsables, fechas y seguimiento. En cuatro años, el objetivo es alcanzar 40 proyectos y conseguir que el 60 % de los equipos de la primera edición mantenga cooperación verificable durante 12 meses después del apoyo inicial. La ejecución correspondería a municipios, comunidades, centros educativos y entidades culturales; el calendario previsto incluye convocatoria plural y accesible en M1–M3; facilitadores y pequeños proyectos con presupuesto en M4–M6; ejecución desde M7; seguimiento anual de continuidad. La polarización alrededor de la Guerra Civil, el franquismo, los símbolos nacionales y los proyectos territoriales puede dificultar acuerdos. Queremos estudiar cómo construirlos sin excluir identidades ni opiniones democráticas. Cooperar para resolver problemas concretos puede crear vínculos sin exigir acuerdo ideológico, pero un encuentro aislado no asegura confianza duradera. Compararemos proyectos con continuidad y recursos con actividades simbólicas, preservando memoria, derechos y participación voluntaria. Proponemos fomentar un orgullo de país basado en libertades, derechos, diversidad y proyectos compartidos. Superar la confrontación no significa borrar la historia, equiparar democracia y dictadura ni exigir que las víctimas renuncien a verdad, justicia y reparación. El objetivo es ampliar cooperación y confianza, no conseguir que todas las personas voten igual, hablen la misma lengua o sientan los símbolos de la misma manera. Conviene empezar por problemas compartidos y compromisos que mejoren la vida, sin negar desacuerdos históricos o territoriales. Ante un problema, habrá que aclarar qué ocurre, qué sabemos, qué alternativas hay, quién tiene competencia y qué se hará después. Comparar decisiones anteriores puede aportar contexto, pero no exime de explicar la responsabilidad actual. Reconocer un acierto ajeno o corregir un error propio no debe tratarse como una derrota de partido. Estas alternativas permitirían comparar distintas formas de cooperación: | Opción | Cómo probarla | Qué observar y qué evitar | |---|---|---| | Proyectos entre municipios y territorios | Equipos voluntarios que colaboren en cultura, ciencia, prevención de riesgos o recuperación de espacios. | Continuidad, resultados y confianza; evitar participación forzada o competir por demostrar lealtad. | | Deliberación ciudadana plural | Grupos diversos con información contrastada, facilitación independiente y una pregunta concreta. | Representatividad, calidad del acuerdo y respuesta institucional; evitar consultas decorativas o selección partidista. | | Acuerdos sobre servicios comunes | Compromisos verificables de vivienda, educación, movilidad o asistencia entre administraciones. | Acceso, cumplimiento y distribución de beneficios; no exigir acuerdo sobre todas las cuestiones ideológicas. | | Intercambios educativos y culturales | Actividades accesibles entre localidades, lenguas y generaciones, con igualdad de trato. | Participación y cooperación posterior; no atribuir automáticamente a un encuentro cambios duraderos. | | Información sobre aportaciones y necesidades | Explicar financiación y servicios con datos comparables y contexto. | Comprensión y corrección de errores; no construir listas de territorios o ciudadanos «más españoles». | Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Promover educación histórica rigurosa sobre la Guerra Civil, la dictadura franquista y la construcción democrática, apoyada en investigación, archivos y contraste de fuentes, no en relatos partidistas obligatorios. - Facilitar reconocimiento y reparación de víctimas conforme al marco legal, sin culpabilizar a generaciones posteriores por hechos que no cometieron. - Impulsar encuentros y proyectos cívicos entre territorios y generaciones, orientados a cooperación y respeto, sin imponer una interpretación emocional del pasado. - Normalizar el uso voluntario de la bandera española y otros símbolos compatibles con la convivencia democrática, sin atribuirlos a un partido ni exigir adhesión para acceder a derechos o servicios. - Abrir, si existe interés social suficiente, un debate participativo sobre una letra o un nuevo himno que pueda cantarse y exprese valores democráticos compartidos. Distinguir creación cultural de adopción oficial, que requeriría los procedimientos correspondientes. - Reforzar cooperación territorial y evaluación transparente de financiación, servicios e infraestructuras, abordando agravios contrastados sin enfrentar poblaciones. - Defender proyectos de unión mediante argumentos, oportunidades compartidas y diálogo dentro del marco jurídico, respetando identidades y lenguas y el derecho a expresar propuestas independentistas pacíficas. - Tramitar desacuerdos o propuestas de reforma por vías democráticas y legales, sin asumir que toda reivindicación requiere el mismo instrumento ni prometer resolverla mediante un decreto. - Evitar usar encuestas de identidad como pruebas de lealtad; evaluar convivencia mediante confianza, cooperación, discriminación y acceso efectivo a derechos. - Probar opciones de cooperación a escala limitada, con participación voluntaria y evaluación antes y después, y ampliar solo las que acrediten utilidad y respeto a la diversidad. - Empezar los encuentros por un problema concreto que afecte a las personas, con datos y alternativas, no por exigir adhesión a una identidad, un partido o todo el programa. - Aplicar en los espacios de OpenSpain reglas públicas de escucha, turnos y respuesta al argumento. Evitar insultos y descalificaciones por pertenencia política; las críticas fundamentadas y los desacuerdos seguirán siendo legítimos. - Registrar propuestas, acuerdos parciales y discrepancias con motivos. Dar respuesta incluso cuando no se acepte una idea y reconocer su autoría, sin reservar el mérito a una sola formación. - Fijar para cada compromiso aceptado responsable, entrega, fecha y revisión. Ante un incumplimiento, explicar causas, responsabilidad y corrección; señalar fallos de otro equipo no sustituye esa respuesta. - Publicar correcciones de datos y cambios de posición, distinguiendo error, desacuerdo e irregularidad acreditada. Ofrecer revisión de la moderación y aplicar las mismas reglas a participantes afines y críticos. - Facilitar proyectos compartidos entre personas de distintas posiciones democráticas, sin imponer unanimidad ni usar la unión como argumento para silenciar oposición, denuncias o reclamaciones de derechos. Compararemos los equipos que mantienen una actividad conjunta verificable después del apoyo con los equipos iniciales, mediante registros y seguimiento consentido. Contaremos participantes inscritos, proyectos entregados, cooperación posterior, abandonos, conflictos y compromisos cumplidos o motivadamente incumplidos, además de respuestas a propuestas. Una reunión no se contará como una solución. Observaremos confianza entre territorios, participación en proyectos compartidos, conocimiento histórico contrastado, discriminación por identidad o lengua, calidad de acuerdos y acceso equitativo a servicios. Las encuestas de confianza deberán explicar su diseño y límites: no prueban por sí solas causalidad ni se utilizarán como pruebas de lealtad. No se impondrán símbolos, identidad o una opinión sobre la historia. El orgullo nacional debe ser voluntario y compatible con la crítica al poder. Unir no significa impunidad: investigar irregularidades, exigir responsabilidades y reparar daños sigue siendo necesario. No se propone censurar opiniones, justificar la violencia, imponer un himno ni condicionar la participación al sentimiento nacional de cada persona. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las instituciones educativas y culturales intervendrían dentro de sus atribuciones. Las reformas y los cambios de símbolos oficiales seguirían los cauces jurídicos aplicables. Para seguir la cooperación, publicaremos qué proporción de los compromisos aceptados tiene responsable y fecha, cuántos compromisos vencidos se han cumplido y qué proporción de las propuestas recibidas tiene respuesta motivada dentro del alcance acordado. Se mostrarán cantidades y retrasos, incluidos abandonos y desacuerdos. Estos registros describen el trabajo de los proyectos, no prueban una reducción nacional de polarización ni miden conformidad ideológica. El diagnóstico deberá revisar experiencias de cooperación, participación y datos territoriales comparables. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir facilitación, intercambios, proyectos y evaluación. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá imponer símbolos ni borrar la historia. También deberá evitar una participación sin efectos reales y las pruebas de lealtad. ### 2.21. Jefatura del Estado: utilidad, transparencia y alternativas Queremos entender qué hace la jefatura del Estado, cuánto cuesta y qué controles tiene. Para ello, proponemos comparar funciones, costes y controles de la monarquía y alternativas concretas. Los cambios deben debatirse con información pública y por los procedimientos constitucionales. En un caso hipotético, una persona quiere valorar monarquía y república. Encuentra una comparación que incluye elección, funciones, presupuesto, controles y coste de transición de modelos concretos. Puede formarse una opinión sin que el documento le presente una opción como inevitable. Ciudadanía puede valorar continuidad, elección o distintos símbolos; instituciones necesitan reglas estables y rendición de cuentas. Mejorar transparencia y cambiar la forma de Estado son decisiones distintas, con trámites y consecuencias diferentes. Para saber si funciona, proponemos comprobar información disponible y comparaciones completas. Una preferencia política no es una prueba de ahorro ni de mejor funcionamiento. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar una comparación revisada de 3 modelos concretos de jefatura del Estado, con funciones, costes completos, controles y procedimiento de reforma, y celebrar 3 deliberaciones plurales con respuesta pública. En cuatro años, el objetivo es actualizar anualmente las cuentas y la comparación y conseguir respuesta motivada de las instituciones adheridas a todas las recomendaciones formalmente recibidas dentro de 90 días. La ejecución correspondería a instituciones constitucionales en su competencia y equipo de evaluación independiente; el calendario previsto incluye alcance y fuentes en M1–M3; análisis y participación en M4–M9; publicación en M10–M12. Si se promueve una reforma, definir después su tramitación constitucional, mayoría y costes. Queremos estudiar qué aporta la monarquía parlamentaria, cómo rinde cuentas y si otros modelos institucionales podrían servir mejor a la ciudadanía. Hay que distinguir funciones constitucionales, conducta de personas concretas y preferencias sobre la forma de Estado. Comparar funciones, costes y controles evita decidir únicamente por popularidad o rechazo a personas concretas. Separaremos las reformas de transparencia de los cambios de forma de Estado. Una preferencia democrática no tiene que presentarse como una conclusión económica inevitable. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Elaborar una comparación pública entre la monarquía parlamentaria actual, reformas compatibles con ella y alternativas republicanas concretas, evitando tratar todas las repúblicas como un único modelo. - Explicar las funciones y límites de la jefatura del Estado: su contribución debe valorarse dentro de sus atribuciones, no exigirle gobernar o decidir políticas que corresponden a otras instituciones. - Publicar de forma comprensible presupuesto, gastos y recursos públicos asociados, indicando qué partidas corresponden a la institución y cuáles a otros servicios; no comparar costes parciales con costes completos. - Reforzar transparencia, reglas sobre regalos y conflictos de interés y mecanismos de control aplicables, identificando qué mejoras requieren reformas legales o constitucionales. - Evaluar contribuciones a representación exterior, continuidad institucional, reconocimiento del servicio público y conexión con distintos territorios y sectores sociales, sin atribuir automáticamente a la institución resultados económicos no demostrados. - Estudiar formas de mayor cercanía y escucha ciudadana compatibles con neutralidad institucional, accesibilidad y respeto a todas las posiciones democráticas. - Analizar los costes de transición, legitimidad, rendición de cuentas, sistema de designación y posibles conflictos de cada alternativa, sin asumir que un cambio de nombre elimina problemas de poder. - Facilitar debate informado y, si se impulsa una reforma de la forma de Estado, tramitarla por los cauces constitucionales correspondientes, con participación y garantías. Las cuentas institucionales y la revisión jurídica permitirán comprobar la trazabilidad de las partidas y la proporción de recomendaciones con respuesta motivada respecto de las recibidas. Revisaremos entregas, cumplimiento de controles, transparencia, confianza y accesibilidad institucional. Compararemos costes completos, posibles transiciones y calidad de la evaluación de alternativas. La popularidad no sustituye la rendición de cuentas ni demuestra por sí sola utilidad; tampoco atribuiremos resultados comerciales a la institución sin pruebas. No se fija como resultado obligatorio una monarquía o una república ni se promete cambiar el título II mediante decreto. La crítica a la monarquía y su defensa son posiciones democráticas legítimas. La institución no debe utilizarse para promocionar partidos. Cambiar la forma de Estado no puede hacerse mediante un decreto ni confundirse con una consulta informal; una reforma del título II está sujeta al procedimiento agravado del artículo 168 de la Constitución, con referéndum de ratificación. Sustituir la monarquía parlamentaria por una república afectaría también al artículo 1.3 del título preliminar y exige el artículo 168. Mejorar cuentas, información o reglas de gestión compatibles con el texto vigente no requiere automáticamente esa reforma; cambiar atribuciones o garantías constitucionales de la Corona sí. La comparación no adopta de antemano una forma de Estado [F35]. Las instituciones constitucionales y la ciudadanía intervendrían mediante los procedimientos aplicables. Las obligaciones y los controles se ejercerían dentro del marco legal vigente. El diagnóstico deberá revisar funciones, cuentas y reglas de modelos institucionales concretos. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir evaluación y posibles costes de reforma y transición. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá atribuir beneficios sin prueba ni confundir debate con un cambio ya aprobado. ### 2.22. Democracia, igualdad del voto y conocimiento experto Queremos tomar decisiones informadas sin que tener más estudios, dinero o una profesión dé más valor al voto. Para ello, proponemos combinar información accesible, asesoría experta plural y participación ciudadana, manteniendo la igualdad política. Revisaríamos la proporcionalidad electoral y el cumplimiento de compromisos; recibir ayudas no justifica perder el derecho a votar. Proponemos también reforzar las garantías del voto presencial, por correo y desde el extranjero, con controles verificables que protejan el secreto del voto y no creen barreras innecesarias. En un caso hipotético, antes de una consulta sobre transporte se explican costes y alternativas, intervienen especialistas y se escuchan necesidades de usuarios. Una persona sin título participa en igualdad; las recomendaciones técnicas se publican, pero no sustituyen la decisión democrática. Ciudadanía necesita igualdad y comprensión; especialistas, poder explicar límites; representantes, asumir la decisión. Evitar privilegios no significa ignorar evidencia, y escuchar expertos no significa entregarles el voto de otros. Para saber si funciona, proponemos medir comprensión, posibilidad real de participar y transparencia del asesoramiento. Saber más de una materia no concede más poder electoral. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos completar 3 deliberaciones ciudadanas con selección plural y accesible, y mejorar 15 puntos sobre 100 la comprensión de las opciones debatidas según una prueba publicada antes del proceso. En cuatro años, el objetivo es completar 12 deliberaciones y publicar respuesta motivada al 100 % de sus recomendaciones por las instituciones adheridas dentro de 90 días desde su recepción. La ejecución correspondería a instituciones convocantes, facilitadores independientes y asesores con conflictos declarados; el calendario previsto incluye pregunta, selección y prueba en M1–M3; información, apoyos y deliberación en M4–M9; evaluación y respuesta en M10–M12; nuevas rondas en años 2–4. Las personas disponen de conocimientos, experiencia, tiempo y acceso a información diferentes. Queremos estudiar cómo mejorar las decisiones colectivas sin convertir esas diferencias en privilegios políticos, y discutir quién define qué conocimiento cuenta y cómo se controla a quienes deciden. La información accesible y una asesoría plural pueden ayudar a comprender las opciones sin dar más poder electoral a quienes tienen formación o riqueza. Compararemos la deliberación con consultas ordinarias, publicando sus límites. El conocimiento técnico y la legitimidad democrática cumplen funciones distintas. La democracia no consiste solo en votar o imponer la voluntad de una mayoría. También requiere derechos, pluralismo, elecciones libres, controles del poder, protección de minorías y posibilidad real de sustituir a los gobernantes. La integridad electoral exige prevenir suplantaciones, votos duplicados, compra de votos y coacciones sin excluir a quienes necesitan votar a distancia. Compararemos los controles vigentes y mejoras proporcionadas de identificación, custodia y trazabilidad, junto con su coste y sus efectos sobre el acceso. Una incidencia, una diferencia de resultados entre voto interior y exterior o una noticia sobre una investigación no demuestra por sí sola fraude ni que se haya alterado un resultado electoral; distinguiremos hechos acreditados, procedimientos abiertos e hipótesis. La igualdad del sufragio reconoce la misma condición política a las personas con derecho a votar; no afirma que todas sepan lo mismo ni que todas las opiniones técnicas sean igual de fiables. Un experto puede comprender mejor un asunto de su especialidad y, aun así, tener intereses propios o discrepar con otros especialistas sobre sus consecuencias. Los títulos académicos no son una medida universal de buen juicio, honestidad o conocimiento de todos los asuntos públicos. La experiencia de trabajadores, pacientes, cuidadores o pequeños empresarios también aporta información relevante. Además, decidir quién soporta un coste o qué derechos proteger exige valores y legitimidad, no solo una respuesta técnica. En sanidad, cualquier elector puede decidir sobre prioridades, financiación y acceso a la sanidad porque esas decisiones le afectan. Eso no le habilita para operar, prescribir o determinar por votación la eficacia de un tratamiento. Las actuaciones clínicas requieren evidencia y profesionales con la cualificación exigible; la ciudadanía conserva el derecho a informarse, cuestionar y exigir cuentas. En inteligencia artificial, no hace falta ser ingeniero para opinar sobre privacidad, empleo o responsabilidad de un sistema. Sí hace falta competencia demostrable para sostener afirmaciones técnicas sobre su funcionamiento, evaluar seguridad o diseñar una solución. La experiencia relevante puede existir sin un título concreto, y un título no garantiza dominar todas las especialidades. Una conversación entre personas no especialistas debe reconocer sus límites, no quedar prohibida. Una edad avanzada o una educación limitada no demuestran incapacidad para decidir y no justifican por sí solas retirar el voto. Deben facilitarse información accesible y apoyos que respeten la voluntad de la persona y eviten coacciones, sin sustituir su elección. La reforma electoral de 2018 eliminó las exclusiones por discapacidad que recogía la ley. Los delitos graves, incluidos homicidio, crímenes de guerra o delitos contra instituciones, exigen investigación, responsabilidad individual y las penas legalmente aplicables. Una acusación o etiqueta política no equivale a una condena, y una condena no elimina automáticamente todos los derechos. Debe distinguirse sufragio activo (votar), sufragio pasivo (ser candidato) y ejercicio de cargos: sus restricciones y consecuencias jurídicas no son idénticas ni pueden imponerse como castigo colectivo. Para mejorar las decisiones colectivas, conviene comparar estas alternativas: | Modelo | Aportación posible | Riesgos y límites | |---|---|---| | Voto igual con mejor información | Mantener igualdad política y mejorar comprensión de opciones. | La información puede ser desigual o manipulada; votar no sustituye controles ni evaluación. | | Voto ponderado por estudios o exámenes | Sus defensores buscan dar más peso a conocimientos considerados relevantes. | No garantiza mejores decisiones; quien define y evalúa el conocimiento puede favorecer sus intereses. Puede convertir desigualdad educativa en desigualdad de poder y reducir representación de personas afectadas. | | Asesoría experta independiente | Mejorar diagnóstico, diseño y evaluación de medidas concretas. | Los expertos pueden discrepar o tener conflictos de interés; necesitan transparencia y no sustituyen por sí solos la legitimidad democrática. | | Deliberación ciudadana informada | Dar tiempo, información contrastada y escucha para considerar alternativas. | Requiere selección y facilitación cuidadosas, recursos y claridad sobre el alcance de sus recomendaciones. | Proponemos mejorar la calidad de la información y de las decisiones sin convertir formación, riqueza o profesión en privilegios electorales. Para ello, distinguiremos el peso de la evidencia en un análisis del valor del voto de cada persona. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Reforzar educación cívica, pensamiento crítico y comprensión de instituciones, presupuestos y datos, accesibles también a adultos y sin exámenes que condicionen el derecho a votar. - Publicar explicaciones comprensibles de propuestas electorales y legislativas, con costes, fuentes, incertidumbres y diferencias entre hechos, estimaciones y preferencias. - Incorporar asesoría técnica plural según el asunto, seleccionada por competencia acreditada y con declaración de financiación y conflictos de interés. - Exigir motivación pública cuando una decisión se aparte de evidencia relevante, permitiendo discutir objetivos y alternativas sin presentar una preferencia política como conclusión científica inevitable. - Probar procesos deliberativos con selección representativa, accesibilidad y compensación razonable para que participar no dependa de tener dinero o tiempo libre; aclarar si su función es consultiva. - Mejorar rendición de cuentas y evaluación de representantes y políticas por resultados, respeto a derechos y calidad de decisiones, no solo por credenciales académicas. - Publicar balances periódicos de compromisos electorales, incluido el programa del presidente y su Gobierno, con situación inicial, responsable, recursos, avances, bloqueos y cambios motivados. Definir periodicidad y criterios antes de evaluar, contrastar con fuentes independientes y distinguir un compromiso incumplido de un delito o de un resultado ajeno al control del gobernante. - Proponer encuentros abiertos al menos trimestrales de representantes con la ciudadanía de sus circunscripciones, con calendario accesible, preguntas sin filtro de afinidad partidista y respuestas o seguimiento público en un plazo propuesto de 30 días. Ofrecer participación presencial y alternativas accesibles, sin publicar datos personales de quienes consultan ni prometer resolver asuntos fuera de sus competencias. - Revisar reglas de debate parlamentario frente a insultos personales, con definiciones y medidas disciplinarias proporcionadas, incluida la expulsión de la sesión cuando proceda conforme al reglamento. Motivar decisiones y permitir revisión por los cauces aplicables; no confundir crítica política contundente con insulto ni usar la disciplina para silenciar a la oposición. - Distinguir igualdad del derecho al voto de las reglas que convierten votos en escaños; comparar proporcionalidad, circunscripciones y representación territorial con simulaciones sobre los mismos votos y explicar qué cambios bastarían por ley y cuáles exigen reforma constitucional [F35]. Tener más votos no garantiza más escaños ni permite atribuir corrupción sin indicios; la formación de Gobierno depende del procedimiento de investidura, no de una regla automática de partido más votado. - Proteger el sufragio universal e igual de quienes reciben prestaciones, becas o subvenciones: no retirar el voto por su situación económica o por recibir ayudas. Combatir compra de votos, coacciones y uso partidista de recursos mediante investigación y controles con garantías, no castigos colectivos [F35]. - Garantizar un voto accesible, libre y verificable, tanto presencial como por correo y desde el extranjero. Revisar identificación del elector y prevención de suplantaciones y votos duplicados; reforzar custodia y trazabilidad de la documentación sin vincular identidad con opción votada. Promover controles independientes por los órganos competentes y preservar apoyos y vías legales para residentes en el exterior y personas con discapacidad, sin barreras innecesarias ni requisitos nuevos presentados como vigentes [F42]. - Publicar información agregada sobre incidencias electorales y su resolución, con definiciones, ámbito, fechas y denominadores comparables. Facilitar instrucciones accesibles sobre censo, modalidades, plazos y reclamaciones según residencia y convocatoria; no confundir residentes ausentes (CERA) con residentes temporalmente en el extranjero (ERTA) ni afirmar que todo voto exterior exige acudir presencialmente al consulado. Conectar denuncias documentadas con los ejes 1 y 31, sin publicar datos personales, opción votada ni información que facilite eludir controles [F42]. - Separar decisiones sobre fines y prioridades de la validación técnica de medios: publicar evidencia, revisión especializada y responsabilidades profesionales en salud, IA y otros ámbitos de riesgo. - Garantizar accesibilidad y protección frente a coacciones para personas mayores y otras que requieran apoyos, sin pruebas de estudios, afinidad política ni un límite superior de edad para votar. - Explicar públicamente las diferencias entre penas, inhabilitaciones y derechos electorales y aplicar únicamente las restricciones legalmente procedentes, mediante los órganos competentes y con garantías. Antes de deliberar se publicará una prueba de comprensión y se compararán sus puntuaciones iniciales y finales. Informaremos composición, representatividad, participación por contexto socioeconómico y abandonos, así como accesibilidad de la información, transparencia de asesoría y decisiones y recomendaciones efectivamente respondidas. Las simulaciones electorales compararán proporcionalidad y representación en escenarios equivalentes. El seguimiento de compromisos recogerá balances publicados, verificación y cambios motivados, no solo anuncios. Mediremos comprensión, no apoyo a la opción del convocante. La deliberación será consultiva; no introduciremos votos de distinto valor ni exámenes para acceder al sufragio. Cambiar la fórmula electoral o el reparto de escaños puede hacerse mediante reforma de la LOREG si respeta el artículo 68: circunscripción provincial, representación mínima inicial, proporcionalidad y entre 300 y 400 diputados, entre otras condiciones. Sustituir la circunscripción provincial del Congreso exige reformar el artículo 68.2 por el artículo 167, salvo que la propuesta afecte además a materias protegidas. Alterar el derecho de participación del artículo 23 requeriría el 168; no se propone restringirlo ni introducir votos desiguales [F35]. Los encuentros ciudadanos se evaluarán por sesiones previstas y celebradas, accesibilidad, preguntas pendientes y respuestas o seguimientos en plazo, no por aplausos ni adhesiones políticas. Para el debate se revisarán decisiones disciplinarias motivadas y reclamaciones, sin puntuar ideologías. Estos compromisos y los de veracidad del eje 1 requieren acuerdo y, cuando proceda, reforma de los reglamentos parlamentarios por cada Cámara; no cambian las metas de deliberación ni activan un frente adicional. En integridad electoral, el diagnóstico separará solicitudes, documentación entregada, votos recibidos en plazo y votos admitidos, además de incidencias y reclamaciones resueltas, por modalidad y convocatoria cuando existan datos comparables. Evaluaremos cobertura de controles de custodia, tiempos de resolución y barreras de acceso con datos agregados y revisión independiente autorizada. Más denuncias no significa automáticamente más fraude, y una entrega trazable no prueba por sí sola la validez del voto. Antes de proponer cambios, habrá que documentar controles existentes, carencias acreditadas y alternativas; esta ampliación no modifica las metas de deliberación ni activa un nuevo piloto electoral. Cualquier cambio electoral debe analizarse conforme al sufragio universal e igual y a los derechos de participación. Un examen de votantes o un voto de distinto peso por títulos no es un simple ajuste administrativo. Las herramientas de IA tampoco deben clasificar ciudadanos como más o menos merecedores de representación. Las instituciones legislativas y electorales intervendrían dentro de sus atribuciones. Las administraciones educativas y los organismos públicos participarían en información, participación y evaluación. La revisión electoral requeriría participación de la administración electoral, la Oficina del Censo Electoral, Correos y los servicios consulares según sus competencias; los controles independientes no sustituirían las decisiones de las juntas electorales ni de los tribunales. OpenSpain puede analizar información pública y proponer mejoras, no acceder al censo individual, custodiar votos ni certificar elecciones. Las referencias jurídicas de partida son la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, especialmente sus reglas de sufragio activo y pasivo, y la Ley Orgánica 2/2018 sobre participación electoral de personas con discapacidad. Las consecuencias de una condena concreta requieren examinar la sentencia y la normativa aplicable. El diagnóstico deberá revisar normativa electoral y evaluación de información y participación. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. Para el voto por correo y exterior, la referencia de partida será la LOREG, especialmente sus artículos 72–75, y las instrucciones oficiales aplicables a cada convocatoria [F42]. El marco jurídico no acredita ausencia ni existencia de fraude; las afirmaciones sobre casos concretos requieren documentos contrastados y, cuando corresponda, resoluciones judiciales, sin extrapolar investigaciones locales al conjunto del sistema o a elecciones de otros países. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir educación cívica, asesoría, procesos deliberativos accesibles, encuentros ciudadanos, seguimiento de preguntas, revisión de disciplina parlamentaria, simulaciones electorales, verificación de compromisos y revisión de identificación, custodia, trazabilidad, accesibilidad y reclamaciones electorales. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación deberá preservar la igualdad, la libertad del voto y los apoyos necesarios. Las credenciales no sustituirán la legitimidad democrática. ### 2.23. Remuneración, incentivos y conflictos de interés en cargos públicos Queremos atraer personas capaces al servicio público sin que el cargo permita favorecer negocios o intereses propios. Para ello, proponemos evaluar una reforma que permita mantener inversiones y ciertas actividades empresariales compatibles, con controles independientes. También compararíamos sueldo e incentivos limitados por resultados; es una propuesta, no una autorización vigente. Exigir cuentas al presidente y revisar beneficios tras el cese no equivale a un despido laboral ni a retirar pensiones ordinarias. En un caso hipotético, una persona con participaciones en una empresa considera aceptar un cargo. Se estudia qué podría conservar legalmente y de qué decisiones tendría que apartarse. Tener acciones no equivale a dirigir el negocio; si el conflicto no puede resolverse, habría que elegir. El servicio público necesita talento; quien ocupa el cargo, reglas y remuneración claras; ciudadanía, decisiones imparciales. Cualquier compatibilidad o incentivo debe contar el coste de supervisión y evitar premios por resultados ajenos o cifras maquilladas. Para saber si funciona, proponemos medir calidad del trabajo, coste de pagos y conflictos detectados y corregidos. Pagar más o permitir una actividad no garantiza honestidad. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar una propuesta de reforma de compatibilidades con revisión jurídica y memoria económica, separando propiedad, gestión empresarial e incentivos públicos. Diseñar y evaluar 2 pilotos de incentivos en equipos de tramitación administrativa donde sean legalmente viables; reducir un 10 % la mediana de días de resolución sin deteriorar calidad o accesibilidad. En cuatro años, el objetivo es ampliar como máximo a 10 equipos que superen evaluación, manteniendo la reducción del 10 % en plazos y publicando coste, criterios y todos los pagos legalmente publicables. La ejecución correspondería a administraciones empleadoras y órganos de control; el calendario previsto incluye compatibilidad jurídica y comparación de puestos en M1–M3; negociación, presupuesto y evaluación externa en M4–M6; aplicación desde M7. Un equipo jurídico plural preparará la propuesta para las instituciones legislativas competentes antes de M12. Sin habilitación legal se ensayará la medición, pero no se autorizarán actividades incompatibles ni se abonará remuneración nueva. Queremos estudiar cómo atraer y retener personas competentes en responsabilidades públicas y reconocer resultados sin favorecer corrupción, decisiones interesadas o beneficios privados derivados del poder. Una remuneración adecuada puede ampliar las candidaturas y unas compatibilidades bien diseñadas pueden evitar exclusiones innecesarias; ninguna garantiza integridad. Compararemos sueldo fijo, incentivos y actividades compatibles, incluyendo el coste de control y el riesgo de que intereses privados condicionen decisiones públicas. La Ley 3/2015 describe el marco vigente, no demuestra la eficacia de la reforma [F9]. Ganar más mediante una remuneración legítima no equivale a corrupción. Se propone evaluar una reforma de la exclusividad para permitir inversiones y determinadas actividades empresariales cuando puedan ser realmente compatibles con el cargo, también examinando su aplicabilidad al presidente del Gobierno. No se trata de autorizar cualquier ingreso por alegar que el país mejora: deben preservarse dedicación suficiente, imparcialidad y ausencia de conflictos irresolubles. Los incentivos por resultados públicos tendrán reglas previas, financiación, límites y control independiente. Hay que distinguir estos instrumentos, porque no tienen la misma finalidad ni los mismos riesgos: | Instrumento | Posible utilidad | Condiciones y riesgos | |---|---|---| | Retribución pública competitiva | Atraer profesionales con capacidades relevantes. | Justificación, presupuesto, procedimiento aplicable y transparencia; no garantiza por sí sola integridad. | | Bono público por desempeño | Reconocer mejoras atribuibles y verificadas. | Objetivos fijados antes, límites, auditoría y protección de calidad y derechos; riesgo de manipular indicadores. | | Acciones u opciones en una empresa privada | Alinear incentivos de sus trabajadores o directivos con la empresa. | En un cargo público pueden vincular beneficio personal a decisiones regulatorias o contratos; no son equivalentes a un bono público. | | Inversiones o ingresos privados permitidos | Evitar identificar todo patrimonio o ingreso legítimo con corrupción. | Examinar cargo, actividad, participaciones y normativa; declarar intereses y aplicar controles e incompatibilidades exigibles. | | Propiedad y gestión de empresas durante el cargo | Permitir actividad empresarial compatible si se reforma el régimen aplicable. | Ser propietario no equivale a dirigir el negocio. La gestión activa exige comprobar dedicación y conflictos; para un presidente, abstenerse de un expediente puede no neutralizar su influencia. | Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Comparar remuneración, responsabilidad, dificultad de selección y resultados por tipo de puesto, distinguiendo representantes electos, altos cargos, directivos públicos y empleados públicos. - Evaluar una reforma que sustituya la exclusividad absoluta por compatibilidad condicionada en los casos admisibles, distinguiendo inversiones, propiedad y gestión activa. Publicar actividades permitidas, prohibidas y sujetas a revisión previa por el órgano competente, sin permitir que el interesado se autorice a sí mismo. - Exigir trazabilidad de intereses y rendimientos conforme a la protección de datos, controles independientes y prohibiciones de uso de información privilegiada, recursos públicos o trato preferente. Declarar intereses no basta: si un conflicto no puede resolverse efectivamente, deberá elegirse entre la actividad afectada y el cargo. - Evaluar pilotos de remuneración variable donde sean legalmente viables, con objetivos públicos, componente limitado y evaluación independiente; no presentar el modelo como aplicable automáticamente a todos los cargos. - Estudiar incentivos para responsables políticos, incluido el presidente, solo mediante reglas públicas anteriores al periodo evaluado, presupuesto y verificación independiente. No usar únicamente PIB, recaudación o recortes ni pagar recompensas desde empresas beneficiadas; un bono no sustituye responsabilidad política o jurídica. - Vincular los balances de compromisos del eje 22 a rendición de cuentas parlamentaria, sin convertir al presidente en un empleado sujeto a despido por una comisión evaluadora. Explicar investidura, cese, cuestión de confianza y moción de censura; cualquier mecanismo nuevo debe preservar legitimidad democrática y tramitar su reforma constitucional cuando proceda [F35]. - Distinguir pedir una dimisión o aplicar los mecanismos actuales de crear nuevas causas de cese obligatorio del Gobierno: si alteran los artículos 101, 113 o 114, exigen reforma constitucional por el artículo 167, salvo afectación adicional a materias protegidas por el 168. No basta una ley de evaluación ni un reglamento de una comisión; revisar remuneraciones, compatibilidades o beneficios tras el cese no exige por sí solo esa reforma [F35]. - Medir mejoras atribuibles de servicio, calidad, accesibilidad y eficiencia, ajustadas por recursos y contexto. No premiar exclusivamente recortes, multas, recaudación o denegaciones. - Impedir que una persona fije, evalúe o autorice por sí sola su propio incentivo; prever revisión y recuperación de pagos indebidos cuando exista base legal. - Analizar antes del nombramiento actividades, patrimonio e intereses relevantes, incluyendo incentivos diferidos u opciones que puedan depender de empresas afectadas por sus decisiones. - Implantar un sistema preventivo de conflictos de interés desde la toma de posesión, con declaración inicial, actualización durante el mandato, revisión independiente y asesoramiento escrito. Examinar intereses personales, profesionales, económicos y familiares pertinentes para las funciones del cargo, con base legal y datos proporcionados. - Distinguir conflictos reales, potenciales y aparentes; revisar riesgos razonables para la imparcialidad sin considerar una apariencia o parentesco como infracción acreditada. Dictar medidas escritas y motivadas por una unidad con autonomía funcional, recursos y protección frente a interferencias, sin permitir que el interesado se autorice a sí mismo ni duplicar órganos sin necesidad demostrada. - Hacer efectiva la abstención en expedientes, reuniones, instrucciones y decisiones afectados; designar un sustituto sin el mismo conflicto y registrar las medidas y su seguimiento. Si la abstención no neutraliza la influencia o existe una incompatibilidad, exigir la solución que corresponda, incluida la elección entre actividad y cargo. - Publicar un registro proporcionado de intereses relevantes, abstenciones y medidas preventivas legalmente publicables, con fechas, motivación y estado de cumplimiento; proteger datos privados, confidencialidad profesional y secretos legalmente protegidos, explicando las reservas de información. - Habilitar alertas seguras y revisión de incumplimientos del sistema, con protección frente a represalias, audiencia y recurso. Proponer consecuencias proporcionadas, incluida dimisión o cese por ocultación deliberada o incumplimiento grave acreditado según el cargo y el marco aplicable, sin imponer sanciones por una mera denuncia. - Conectar declaraciones legalmente publicables con cargos, competencias, nombramientos y decisiones documentadas en el mapa del eje 1; registrar abstenciones y resoluciones de compatibilidad cuando sean accesibles. No tratar una declaración como conflicto acreditado ni publicar relaciones familiares salvo pertinencia, base legal y revisión; habilitar corrección de identidades y datos. - Aplicar el régimen de compatibilidad correspondiente y controles sobre cambios patrimoniales, contratación y actividad posterior al cese. Declarar un interés o abstenerse en un expediente no resuelve por sí solo todas las incompatibilidades. - No proponer acciones o pagos de empresas reguladas, adjudicatarias o beneficiarias como recompensa personal por decisiones públicas que las favorezcan, aunque se alegue impacto positivo. - Evaluar por separado incentivos en empresas públicas, incluyendo sus objetivos de servicio y riesgos; no conceder participaciones de patrimonio público sin el encaje jurídico y la valoración que correspondan. - Publicar coste, criterios, evaluaciones y pagos de los sistemas de incentivos, con límites legales de protección de datos y medidas para detectar manipulación. - Inventariar indemnizaciones de cese, dotaciones, servicios y beneficios posteriores al cargo, con importe, duración, finalidad y base legal; evaluar la eliminación o limitación temporal de ventajas personales indefinidas sin necesidad acreditada, mediante reforma y transición jurídica. No presentar todos esos conceptos como un «salario vitalicio» [F10]. - Separar esos beneficios de las pensiones ordinarias obtenidas conforme a las reglas aplicables. Mantener protección de seguridad según riesgo acreditado y revisar por separado oficina, personal, transporte y demás apoyos, con coste y finalidad públicos. Las evaluaciones y registros competentes permitirán comparar plazos, calidad y accesibilidad del servicio con equipos semejantes, ajustando recursos y complejidad. Seguiremos capacidad de atraer talento, resultados atribuibles, coste total de remuneración, cumplimiento de controles, resolución de conflictos y pagos corregidos. El sistema preventivo pondrá la obligación sobre quien ejerce poder público, no sobre sus familiares por defecto. Desde la toma de posesión se revisará la declaración y se entregarán instrucciones escritas; los cambios relevantes se declararán y revisarán antes de intervenir en la decisión afectada. Antes de implantarlo, cada administración deberá fijar responsables, plazos, suplencias y recursos, aprovechando los órganos existentes si pueden garantizar independencia y capacidad. Una consulta no autoriza mientras esté pendiente una actividad incompatible. En un ejemplo hipotético, la pareja de una ministra trabaja para una empresa que solicita una ayuda de su ministerio. Se declara y evalúa la relación, se aparta a la ministra de cualquier intervención pertinente y se designa un sustituto sin ese conflicto. La solicitud se tramita con criterios objetivos y control independiente: ni trato de favor ni exclusión automática por parentesco. Si la influencia no se puede neutralizar, la abstención aislada no basta. Publicaremos la proporción de declaraciones exigibles recibidas y revisadas en plazo, medidas preventivas documentadas y cumplidas, abstenciones con sustitución efectiva y alertas resueltas con garantías. Distinguir consultas, riesgos e incumplimientos acreditados: más conflictos declarados puede significar mejor detección, no más corrupción. La información pública será proporcionada; el acceso reservado de control y la publicación no tienen por qué contener los mismos datos. Esta ampliación desarrolla los controles del eje 1 sin activar otro piloto ni autorizar nuevas compatibilidades. No atribuiremos al presidente toda variación del PIB ni equipararemos dividendos con una recompensa lícita por favorecer a una empresa. Un aumento de patrimonio se analizará por su origen y circunstancias, sin presumirlo lícito o corrupto automáticamente. El propio beneficiario no fijará ni evaluará su bono; los recortes o las denegaciones, por sí solos, no merecerán un premio. El artículo 13 de la Ley 3/2015 establece dedicación exclusiva para los altos cargos sujetos a ella, con excepciones concretas; también existen límites sobre participaciones y conflictos de interés. La compatibilidad más amplia descrita aquí es una propuesta de reforma, no una autorización vigente. Otras funciones y administraciones pueden tener reglas diferentes. Cambiar esos límites exige examinar y reformar la normativa correspondiente, no solo acreditar que alguien genera valor. Las instituciones legislativas, las administraciones empleadoras, los órganos de gobierno de entidades públicas y los órganos de control intervendrían dentro de sus atribuciones. El diagnóstico deberá revisar retribución por puesto, resultados y normativa de incompatibilidades. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir remuneración, evaluación, auditoría, revisión independiente de intereses, asesoramiento, registro, suplencias y canales de alerta, con límites presupuestarios. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá premiar recortes o denegaciones por sí solos ni permitir autoevaluación o conflictos encubiertos. ### 2.24. Iniciativa, esfuerzo y responsabilidad compartida Queremos poder convertir una idea o preocupación en un primer paso útil, con apoyo y oportunidades reales. Para ello, proponemos ofrecer orientación, planificación y proyectos voluntarios para desarrollar capacidades y cooperar. El esfuerzo se reconocería sin culpar a quien afronta falta de recursos, enfermedad o cuidados. En un caso hipotético, una persona quiere ofrecer reparaciones pero no sabe por dónde empezar. Con orientación comprueba requisitos y demanda y prueba una actividad viable antes de endeudarse. Si no puede dedicar tiempo por cuidados o salud, el apoyo se adapta, no se atribuye todo a falta de esfuerzo. Personas necesitan autonomía y apoyos; clientes y colaboradores, compromisos fiables. No todo el mundo debe emprender, ni una actividad voluntaria puede sustituir derechos, servicios o ingresos suficientes. Para saber si funciona, proponemos comprobar habilidades, proyectos terminados y bienestar, no solo asistencia o discursos sobre actitud. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos acompañar a 500 personas voluntarias y lograr que el 70 % complete un proyecto personal o comunitario con objetivo, acción y revisión definidos al inicio. En cuatro años, el objetivo es alcanzar 3.000 participantes y conseguir que el 60 % de cada cohorte mantenga una actividad útil elegida por la persona seis meses después del acompañamiento. La ejecución correspondería a centros educativos y de empleo, municipios y entidades sociales; el calendario previsto incluye necesidades y apoyos en M1–M3; mentores y proyectos accesibles en M4–M6; ciclos de planificación, ejecución y revisión desde M7. Coordinar con oportunidades de empleo y servicios. Queremos estudiar qué impide convertir preocupaciones en acciones, mantener hábitos de constancia y cooperación y percibir que el esfuerzo merece la pena. No existe una «mentalidad española» única que permita explicar estos problemas, ni la falta de ingresos, la enfermedad o el desempleo demuestran pereza. Acompañar la planificación y facilitar oportunidades puede ayudar a sostener proyectos. Compararemos mentoría y actividades prácticas con proporcionar solo información, teniendo en cuenta salud, recursos y responsabilidades de cuidados. Proponemos promover autonomía, honestidad, perseverancia, empatía, pensamiento crítico y cuidado de lo común. Combinaremos responsabilidad personal con oportunidades y condiciones que permitan actuar, sin sustituir derechos ni crítica legítima por obediencia. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Enseñar a convertir una preocupación en un objetivo, una acción concreta y una revisión de resultados en centros educativos y programas abiertos para adultos. - Ofrecer proyectos prácticos de cooperación, emprendimiento, ciencia, cultura y mejora comunitaria, con acompañamiento y sin exigir una afiliación o visión política. - Reconocer esfuerzo, aprendizaje y contribuciones útiles, evitando medir el valor de las personas solo por dinero, productividad o premios. - Facilitar formación en planificación, hábitos, gestión financiera y resolución de conflictos, con evaluación de utilidad y acceso por distintos contextos. - Incorporar una ruta opcional de autonomía financiera: presupuesto y gastos esenciales; identificación de talentos y habilidades demandadas; formación y prueba de ingresos; ahorro y protección ante imprevistos; evaluación periódica de riesgos. Puede combinar empleo, creación, empresa o inversión prudente sin garantizar riqueza ni exigir dejar de trabajar. - Proponer hitos de 2–4 semanas para esa ruta: elaborar un presupuesto verificable, contrastar una habilidad con oportunidades reales, probar un servicio o producto con clientes cuando proceda y revisar ingreso neto y costes antes de ampliar. Evaluar nivel de deuda y barreras de cuidados, salud y recursos; no penalizar a quien no quiera emprender. - Conectar estas capacidades con oportunidades reales de trabajo, creación y participación; revisar barreras burocráticas y económicas que penalicen iniciativas viables. - Ofrecer, a quien lo elija, una prueba de ingresos complementarios mediante servicios, cooperativas o uso de recursos propios. Comparar ingreso neto, tiempo, deuda y riesgos con mantener un empleo o formarse; no recomendar comprar un vehículo, una licencia o equipamiento antes de comprobar requisitos, demanda y viabilidad. - Favorecer culturas de trabajo y estudio con objetivos claros, trato respetuoso y descanso suficiente. Esforzarse no debe significar aceptar explotación ni ignorar salud o cuidados. - Acompañar a quienes necesiten apoyo por salud mental, discapacidad, falta de recursos u otras circunstancias, sin imponer diagnósticos de «falta de voluntad». - Promover honestidad y responsabilidad también en instituciones y empresas: cumplir compromisos, explicar errores y corregir incentivos que recompensen engaño o favoritismo. Compararemos quienes completan el proyecto acordado con todas las personas inscritas y seguiremos su continuidad a seis meses, utilizando evidencias y registrando abandonos y barreras de salud o cuidados. Observaremos competencias adquiridas, acceso a oportunidades, participación, bienestar y diferencias por contexto socioeconómico. No mediremos obediencia, ideología ni productividad como valor personal. Tampoco utilizaremos nacionalidad o una supuesta mentalidad para clasificar derechos o mérito, ni confundiremos esfuerzo con explotación. Educar en valores no autoriza a imponer una ideología, eliminar el derecho a protestar ni clasificar ciudadanos como merecedores de derechos según una supuesta actitud. Debe respetarse libertad de conciencia y diversidad de proyectos de vida. Las administraciones educativas y de empleo, los centros, las entidades sociales y las empresas intervendrían dentro de sus atribuciones. La participación ciudadana sería voluntaria. Para participantes que elijan trabajar en su autonomía financiera, mediremos ingreso neto recurrente, gasto esencial mensual, deuda, liquidez y meses de gastos cubiertos por ahorro accesible. Distinguiremos valoración de activos, dinero disponible y rentabilidad incierta; no contaremos una ganancia puntual como ingreso estable. Emprender o invertir puede producir pérdidas y no sustituye derechos o protección social. El diagnóstico deberá revisar evaluación de programas educativos, comunitarios y de empleo. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir acompañamiento, formación y acceso a proyectos y oportunidades. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá estereotipar por nacionalidad ni confundir esfuerzo con explotación o falta de recursos con pereza. ### 2.25. Trabajo remoto, pueblos conectados y movilidad accesible Queremos poder trabajar y desplazarnos también fuera de las grandes ciudades, sin depender siempre de un coche propio. Para ello, proponemos mejorar internet, trabajo remoto y servicios, y comparar transporte público, taxi, VTC, cooperativas y viajes compartidos. Estas opciones requerirían autorización y garantías, sin favorecer una marca. En un caso hipotético, una persona de un pueblo necesita llegar a una cita cuando no hay autobús. Se comparan servicios autorizados y opciones compartidas según coste, horarios y accesibilidad. Compartir gastos no equivale a poder cobrar por transporte comercial sin autorización. Usuarios necesitan movilidad asequible; conductores, ingresos y protección; operadores, competencia justa; municipios, vivienda y servicios. Internet y más vehículos no garantizan repoblación ni sustituyen un transporte público necesario. Para saber si funciona, proponemos medir conexión real, empleo, acceso a servicios, precio y espera de viajes e ingresos después de gastos de quienes los prestan. #### Plan de actuación En el primer año, en 10 localidades con déficit acreditado, proponemos dar a 500 hogares o negocios participantes acceso contratado de al menos 100 Mbps de descarga y 20 Mbps de subida, verificado en hora punta, y disponer de 10 puntos de recarga con disponibilidad mensual del 98 %. En movilidad, si se activa esta actuación, proponemos publicar antes de M3 las reglas y barreras de taxi, VTC y servicios compartidos; antes de M6, comparar precio final y disponibilidad de una cesta fija de trayectos y horarios; antes de M12, presentar una propuesta revisada de reforma y un protocolo de prueba. OpenSpain prepara y contrasta; la autoridad competente decide y autoriza. No ofrecer viajes comerciales sin habilitación ni prometer que la reforma se apruebe en ese plazo. En cuatro años, el objetivo es extender a 50 localidades, 3.000 hogares o negocios y 50 puntos de recarga, mantener esos niveles de conectividad y alcanzar un 99 % de disponibilidad de recarga; documentar 300 empleos remotos o híbridos mantenidos durante 12 meses entre participantes. La ejecución correspondería a administraciones de telecomunicaciones y transporte, municipios, operadores y empleadores; el calendario previsto incluye cobertura real y demanda en M1–M3; comparar fibra, móvil y satélite, coste y mantenimiento en M4–M6; despliegue y acuerdos laborales desde M7. Seleccionar pilotos de recarga por demanda, no instalar puntos sin mantenimiento. La concentración de empleo y servicios, las diferencias de conectividad y las dificultades de desplazamiento pueden limitar oportunidades. Mejorar internet ayuda, pero no sustituye vivienda, cuidados, sanidad, educación ni empleo local. La conectividad y la movilidad pueden ampliar las opciones laborales, pero no garantizan repoblación si faltan empleo, vivienda y servicios. Compararemos fibra, conexión móvil y satélite por calidad y coste real, y transporte compartido frente a la compra individual de un vehículo. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Facilitar trabajo remoto e híbrido en tareas compatibles, mediante acuerdos claros sobre equipos, costes, seguridad, desconexión y evaluación por resultados; no convertirlo en obligación universal ni negar el valor del trabajo presencial. - Publicar mapas de cobertura y calidad efectiva de internet por localidad, incluyendo velocidad, latencia, fiabilidad, precio y capacidad en horas de uso, no solo cobertura anunciada. - Comparar fibra, redes móviles y acceso por satélite donde falte conectividad, contemplando instalación, cuotas, límites de servicio, continuidad y alternativas de proveedor. - Apoyar espacios de trabajo compartido y formación digital donde exista demanda, con financiación y mantenimiento evaluados antes de construir. - Vincular oportunidades remotas y actividad empresarial con vivienda y servicios locales, evitando desplazar residentes o prometer repoblación automática. - Ofrecer acogida a teletrabajadores internacionales y talento que elija localidades con capacidad real de vivienda y servicios: orientación, espacios compartidos, idioma y conexión con empresas y comunidad local. No imponer residencia rural ni desplazar vecinos. - Coordinar con el eje 7 continuidad de permisos y obligaciones, distinguiendo visitante, residente y trabajador. Una estancia larga puede aumentar gasto local, pero no garantiza empleo, tributación española o repoblación. - Mejorar comunicación entre pueblos y ciudades mediante transporte público, soluciones compartidas y coordinación de horarios según necesidades reales. - Revisar, donde existan, cupos, esperas obligatorias de precontratación, retornos sin pasajero y otras barreras a taxi y VTC. Mantener solo requisitos necesarios y proporcionados a seguridad, accesibilidad, tráfico o medio ambiente, con evidencia local; proteger ingresos de operadores instalados no basta como justificación de la propuesta. - Facilitar vías de acceso legal, claras y proporcionadas para nuevos conductores y pequeños operadores, con formación, seguros y controles adecuados. Uber, Cabify, Bolt u otras aplicaciones son ejemplos de intermediación, no destinatarios preferentes: competirán también cooperativas, taxis digitalizados y operadores independientes. - Comparar contratación por plaza y trayectos compartidos en servicios autorizados, transporte a demanda y coordinación con autobús o ferrocarril. Cuando una modalidad requiera cambiar la norma, tramitar la reforma antes de probarla; evaluar viajes inducidos y kilómetros sin pasajero, no asumir que toda aplicación reduce tráfico o emisiones. - Distinguir compartir los costes de un viaje particular de ofrecer transporte remunerado. La LOTT condiciona el arrendamiento de turismo con conductor a autorización y delimita el transporte privado particular [F33]; utilizar una aplicación o trabajar pocas horas no elimina esas obligaciones. Una vía más sencilla de acceso será una reforma propuesta, no un permiso vigente. - Preservar precio final conocido antes de contratar, información sobre variaciones de tarifa, seguridad, accesibilidad y reclamaciones. No sustituir un mercado cerrado por dependencia de una plataforma dominante; revisar competencia, comisiones y trato a conductores junto con el eje 15. - Diseñar una transición con taxistas y conductores afectados: digitalización, formación y adaptación con coste y financiación explícitos cuando proceda. No prometer recompra pública universal de licencias ni privilegios permanentes; respetar derechos y compensaciones que legalmente correspondan. - Facilitar movilidad eléctrica con recarga fiable e interoperable, incluyendo comunidades de vecinos y zonas rurales, con planificación de red y mantenimiento. - Evaluar coste total, acceso de hogares de distintos ingresos y emisiones de ciclo de vida de alternativas de movilidad; no asumir que comprar un coche eléctrico es la mejor opción para todos. - Desarrollar trámites y servicios digitales accesibles con apoyo presencial y protección de datos, para que conectividad no se convierta en una nueva barrera. Las mediciones técnicas comprobarán velocidad y latencia en las horas reales de uso, precio, fallos y continuidad de internet. En la recarga, compararemos las horas disponibles con las horas del mes y publicaremos puntos fuera de servicio: instalar un equipo inutilizable no es ofrecer recarga. Con registros consentidos, verificaremos empleo mantenido, acceso a trabajo remoto cuando sea compatible y continuidad de servicios locales. También mediremos tiempos de desplazamiento y coste de movilidad por hogar. No contaremos cobertura anunciada como servicio comprobado ni prometemos repoblación automática. Ni teletrabajo ni satélite ni coche eléctrico son soluciones universales. La transición debe preservar derechos laborales, privacidad, accesibilidad y alternativas para personas que no pueden o no quieren adoptar una tecnología. El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los reguladores intervendrían según sus atribuciones en telecomunicaciones, empleo, vivienda, transporte y energía. Las empresas y los trabajadores acordarían las condiciones dentro del marco laboral. La tabla estatal de 1 de septiembre de 2026 registra 60.074 autorizaciones VT-N y 27.107 VTC-N [F32]. No es un recuento de conductores, viajes o todas las licencias municipales de taxi, ni acredita habilitación urbana de cada vehículo. Para el ámbito participante, publicaremos precio final mediano y dispersión, espera, solicitudes atendidas y canceladas, acceso de personas con discapacidad, incidentes y kilómetros sin pasajero. En una muestra consentida de conductores, mediremos ingreso neto por hora total dedicada y distribución, con costes y abandonos; la tabla nacional no permite estimar lo que ganarían. En julio de 2026, la CNMC recurrió determinados artículos de la regulación balear por considerarlos restrictivos, incluidos requisitos de vehículos y prohibición de contratación parcial de VTC [F34]. Es una impugnación, no una anulación firme de todo el decreto. Evaluaremos cada regla y territorio, sin atribuir corrupción al taxi ni dar por demostrados precios menores o mejores ingresos tras liberalizar. La prueba deberá estar autorizada y financiada y mostrar resultados frente a alternativas, con costes, accesibilidad, condiciones de trabajo y congestión. Si empeoran garantías o el ingreso neto no justifica los riesgos, se corregirá o detendrá la prueba. No se promete una rebaja nacional del precio ni un sueldo para los conductores. Los servicios esenciales que el mercado no cubra requieren una solución pública explícita; no puede esperarse que una plataforma los preste por sí sola. El diagnóstico deberá revisar cobertura real, demanda local, servicios y costes de movilidad. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir conectividad, espacios compartidos, transporte, recarga, mantenimiento, revisión regulatoria, seguimiento y eventual transición de operadores. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador; ingresos de conductores o comisiones privadas no financian automáticamente los costes públicos. La aplicación no deberá prometer repoblación automática ni imponer teletrabajo o una tecnología como solución universal. ### 2.26. Fabricación de vehículos eléctricos, robótica e IA Queremos crear industria y empleo duradero en vehículos eléctricos, robots e inteligencia artificial, no solo grandes anuncios. Para ello, proponemos comparar proyectos con Tesla y otros fabricantes y desarrollar robótica e IA por etapas. Antes de comprometer ayudas, exigiríamos demanda, costes y beneficios comprobables. En un caso hipotético, una región estudia apoyar una planta de componentes. Compara empleo previsto, consumo de agua y energía, formación y coste de ayudas con otras opciones. Los desembolsos se vincularían a condiciones verificables, no al prestigio de la marca. Trabajadores necesitan empleos sostenibles; empresas, condiciones viables; vecinos, servicios y protección ambiental; contribuyentes, retorno justificable. La inversión debe poder sostenerse y explicar qué ocurre si no cumple lo acordado. Para saber si funciona, proponemos medir inversión ejecutada, empleo mantenido, conocimiento adquirido y coste público. Una fábrica no asegura coches más baratos. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar 3 estudios comparables de localización industrial, solicitar propuestas abiertas a al menos 5 fabricantes o proveedores y completar 5 pilotos de robótica o IA en pymes. En cuatro años, el objetivo es lograr 2 proyectos industriales con inversión privada desembolsada y 200 empleos equivalentes a jornada completa mantenidos durante 12 meses; ampliar a 30 pilotos tecnológicos y obtener una mejora del 15 % del coste por unidad en al menos 15, sin empeorar seguridad. La ejecución correspondería a administraciones de industria, comunidades, municipios, centros tecnológicos y empresas; el calendario previsto incluye demanda, suelo, energía, agua y logística en M1–M3; convocatorias, formación y estudios en M4–M12; proyectos seleccionados en años 2–3; verificación de inversión y empleo en año 4. Coordinar antes conectividad, vivienda y energía. Queremos estudiar cómo ampliar capacidades industriales, empleo cualificado y acceso a tecnologías útiles, y si fabricar en España puede reducir costes y dependencias. Producir aquí no garantiza por sí solo precios más bajos para compradores. La producción local y la transferencia tecnológica pueden crear capacidades, pero subvencionar una fábrica no asegura competitividad ni coches más baratos. Compararemos proveedores, localizaciones y alternativas sin ayudas. El apoyo se decidirá por fases con demanda acreditada, no por el prestigio de una marca. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Explorar inversión y colaboración industrial con Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos, baterías, componentes y recarga, sin presentar conversaciones hipotéticas como negociaciones o acuerdos existentes. - Comparar localizaciones, demanda, energía, red, agua, logística, proveedores y talento antes de ofrecer recursos o incentivos. - Evaluar el coste total de fabricar y comercializar en España frente a alternativas, incluyendo inversión, suministros, escala y competencia, y comprobar qué ahorro podría trasladarse al comprador. - Facilitar incorporación competitiva de proveedores locales, formación profesional e investigación aplicada, sin exigir privilegios arbitrarios por marca. - Desarrollar proyectos de robótica, sensores, automatización y software de IA mediante colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos, con aplicaciones y mercados acreditados. - Distinguir fabricación de hardware y desarrollo de software; priorizar capacidades viables por fases en lugar de prometer producir todos los componentes o competir en toda la cadena. - Evaluar adopción de robótica e IA por pymes mediante pilotos con seguridad, protección de datos y acompañamiento a trabajadores. - Condicionar apoyos públicos, cuando sean legales y estén justificados, a inversión ejecutada, empleo y transferencia verificables, con límites y recuperación por incumplimiento; comparar también alternativas sin subvención. - Aplicar requisitos ambientales, laborales, de competencia y seguridad y prever reconversión y formación ante cambios en tareas y empleo. Las cuentas y la evaluación de proyectos permitirán verificar inversión desembolsada, producción, empleo mantenido, cualificaciones, participación de proveedores, transferencia y resultados de pilotos. Compararemos coste por unidad, coste público completo por resultado adicional, precio final y coste total de uso de vehículos y tecnologías. Las cartas de intención no se contarán como inversión. Invitar también a Tesla no implica un acuerdo existente ni garantiza una fábrica: las decisiones privadas y los permisos pueden impedir la meta. No prometemos que una subvención produzca una bajada automática de precios. No se propone un acuerdo exclusivo con una empresa ni una garantía pública ilimitada de rentabilidad. La ayuda a una fábrica no demuestra que sus productos sean asequibles ni que exista beneficio público adicional. El Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos intervendrían según sus atribuciones en industria, suelo, infraestructuras y formación. La Unión Europea establecería los marcos aplicables, y las empresas privadas tomarían las decisiones de inversión. El diagnóstico deberá revisar demanda, costes industriales, proveedores y planes acreditados de inversión. Antes de aprobar medidas, habrá que comprobar el alcance, la actualidad y las limitaciones de estas fuentes. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir infraestructura, formación y eventual coste de incentivos y apoyo industrial. No hay presupuesto ni financiación aprobados en este borrador. La aplicación no deberá dar por existente un acuerdo con Tesla ni garantizar que una subvención abarate precios finales. ### 2.27. Pensiones suficientes y sostenibles entre generaciones Queremos poder contar con una jubilación suficiente y entender cómo se sostiene hoy y para quienes se jubilen después. Para ello, proponemos comparar ingresos, gastos y opciones del sistema público con distintos escenarios de empleo y envejecimiento. La revisión incluiría mejorar información y gestión, respetando derechos y sin presentar el ahorro privado como sustituto automático. En un caso hipotético, una persona próxima a jubilarse consulta sus derechos vigentes y otra que empieza a trabajar compara escenarios futuros. Se distingue lo reconocido hoy de estimaciones que pueden cambiar. Ninguna previsión promete una pensión concreta dentro de varias décadas. Pensionistas necesitan seguridad; trabajadores, aportaciones asumibles; generaciones futuras, financiación transparente. Reformar exige explicar cómo se reparte el esfuerzo y qué pasa con quienes no pueden ahorrar. Para saber si funciona, proponemos medir suficiencia de pensiones, pobreza, financiación y esperas de reconocimiento. Publicar transferencias y deuda, no ocultarlas en una previsión optimista. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar 3 escenarios revisados de financiación y suficiencia para 2030, 2050 y 2070, con hipótesis y al menos 10 perfiles de carreras laborales; en 3 unidades participantes, reducir un 15 % la mediana de reconocimiento de las prestaciones seleccionadas. En cuatro años, el objetivo es actualizar cada año los escenarios y someter a tramitación un paquete de reformas con financiación y efectos por generaciones publicados. Extender la mejora de gestión a 10 unidades y reducir un 25 % la mediana en las 3 iniciales, sin aumentar errores o denegaciones injustificadas. La ejecución correspondería a Seguridad Social, autoridades competentes de Hacienda, agentes sociales y evaluación actuarial independiente; el calendario previsto incluye datos, perímetro y perfiles en M1–M3; escenarios y mejoras de proceso en M4–M6; revisión pública y gestión desde M7. Presentar alternativas al diálogo social y a las instituciones legislativas antes de comprometer cambios; ampliación solo con recursos. Queremos estudiar la suficiencia y la sostenibilidad de las pensiones ante cambios demográficos, carreras discontinuas, productividad y financiación. No afirmamos que vayan a desaparecer ni que estén garantizadas sin decisiones futuras. Más empleo formal y mejores salarios pueden ampliar recursos, pero también importan el envejecimiento y la duración de las prestaciones. Compararemos empleo, bases e ingresos, reglas de prestaciones y opciones de jubilación, explicando cómo afectan a distintos grupos. El ahorro privado complementario no sustituye por sí solo la suficiencia del sistema público. La ley define derechos actuales, no demuestra equilibrio futuro [F11]. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar cuentas comprensibles del sistema, separando cotizaciones, transferencias, prestaciones contributivas y no contributivas, costes administrativos y deuda, sin ocultar financiación presupuestaria. - Comparar escenarios con supuestos de empleo, actividad, migración, salarios, productividad, longevidad y precios; contrastarlos con proyecciones oficiales y revisión independiente. - Evaluar cada reforma por suficiencia, coste y distribución entre generaciones, rentas y carreras, incluyendo desempleo, cuidados, discapacidad y trabajos con desgaste acreditado. - Reforzar información individual sobre derechos y estimaciones, indicando hipótesis y límites; no presentar una simulación como promesa contractual de pensión futura. - Mejorar gestión y reconocimiento de prestaciones, con acceso presencial, interoperabilidad legal y revisión de errores. - Comparar medidas que amplíen empleo formal y productividad con cambios de financiación o reglas, sin suponer que todas tienen efectos equivalentes ni que el crecimiento resuelve por sí solo el envejecimiento. - Estudiar complementos voluntarios de ahorro de bajo coste, diversificados y supervisados, con riesgos, comisiones y tratamiento fiscal transparentes; no imponer sustitución de pensiones públicas por rentabilidad financiera incierta. - Identificar financiación de protección mínima y apoyos por carreras de cuidados, evaluando su impacto; los beneficios asociados a cargos públicos se revisarán por separado en el eje 23. Con cuentas de Seguridad Social y estadísticas oficiales, compararemos ingresos contributivos, transferencias presupuestarias, gasto y saldo, indicando qué partidas incluye cada cálculo y manteniendo el mismo perímetro contable. Revisaremos prestaciones e ingresos por perfil y generación, suficiencia, pobreza en mayores, carga intergeneracional y errores de previsión. Una pensión media y un salario de otra población no forman una tasa de sustitución individual. Las series tendrán fecha y metodología. En la gestión, seguiremos pendientes, mediana y percentil 90 de los plazos y reclamaciones. Los escenarios incluirán cambios adversos de empleo, salarios, longevidad e inflación y explicarán incertidumbre y sensibilidad, sin inventar probabilidades. Ni el saldo anual ni el importe nominal prueban sostenibilidad; cuatro años no permiten demostrar solvencia durante varias décadas. El Estado intervendría en Seguridad Social y legislación básica, con participación institucional y social. Otras administraciones lo harían mediante los servicios y apoyos de su competencia. El diagnóstico deberá revisar las cuentas y series oficiales de Seguridad Social, la demografía y las proyecciones económicas, comprobando su comparabilidad, actualidad y supuestos. La referencia jurídica es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [F11]. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá separar el estudio y la gestión del coste de cualquier reforma de prestaciones, cotizaciones o impuestos. Se publicarán inversión, gasto recurrente y financiación. No hay un paquete actuarial aprobado ni ahorro acreditado en este borrador. La aplicación deberá evitar alarmismo, garantías infundadas de rentabilidad, recortes encubiertos y traslados de carga sin explicación. Los derechos se preservarán y los cambios se tramitarán con revisión jurídica y transición. ### 2.28. Renta básica, inteligencia artificial y libertad de proyecto Queremos que nadie se quede sin seguridad material ante cambios de empleo o tecnología y que pueda elegir un proyecto de vida. Para ello, proponemos comparar una renta para toda la población, apoyos según necesidad y ayudas de transición. Cada opción tendría que explicar su financiación, compatibilidad con trabajar y quién gana o pierde; ninguna es una prestación aprobada. En un caso hipotético, una tarea se automatiza y una persona necesita tiempo para formarse o buscar empleo. Se comparan apoyos universales y según ingresos, incluyendo lo que pagaría en impuestos y las ayudas que cambiarían. No basta con mostrar una cantidad mensual sin explicar el conjunto. Personas necesitan seguridad y autonomía; empresas, adaptación; contribuyentes, financiación viable. Un diseño puede proteger más a unos y exigir más a otros: debe compararse sin prometer que todos ganan. Para saber si funciona, proponemos medir pobreza, dinero disponible, bienestar, empleo y coste después de impuestos y cambios en ayudas. La IA no financia automáticamente una renta. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos publicar 3 diseños comparables con al menos 10 perfiles de hogares y financiación completa; preparar un protocolo revisado de piloto y declarar si cumple condiciones legales y presupuestarias. En cuatro años, si se autoriza y financia, el objetivo es completar un piloto de al menos 1.000 participantes con 12 meses de seguimiento y comparación adecuada, y publicar resultados y decisión de ampliar, modificar o descartar. Sin autorización, informar del bloqueo; no contar un protocolo como piloto ejecutado. La ejecución correspondería a administraciones de protección social, Hacienda, servicios de empleo y evaluación independiente; el calendario previsto incluye perfiles, derechos y alternativas en M1–M3; microsimulación, costes y salvaguardas en M4–M9; protocolo y decisión en M10–M12. La institución competente debe habilitar la prueba antes de pagos y no retirar protección necesaria para crear un grupo de comparación. La automatización y la IA pueden cambiar tareas y oportunidades y aumentar la incertidumbre económica. Queremos estudiar las opciones de participación laboral y protección sin asumir que todo empleo desaparecerá, que la renta básica es inevitable o que no tener trabajo demuestra falta de voluntad. Una renta incondicional puede reducir incertidumbre y barreras administrativas, pero pagar a toda la población exige recursos y puede afectar a empleo, precios e impuestos. Finlandia ensayó pagos a 2.000 personas desempleadas, no a toda la población: los efectos laborales fueron pequeños y se comunicó mayor bienestar percibido [F17]. Compararemos diseños sin extrapolar ese resultado a una renta universal española. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Comparar una renta individual universal e incondicional, una garantía focalizada o impuesto negativo sobre la renta y apoyos a transiciones laborales, incluyendo administración, elegibilidad y financiación. - En la opción universal, estudiar acceso no condicionado a buscar trabajo y compatibilidad con ingresos laborales o empresariales; especificar población y residencia, imposición y suficiencia antes de recomendar importes. - Preservar incentivos para trabajar, innovar y crear empresas, analizando la combinación de impuestos y retirada de prestaciones; no confundir protección mínima con igualar todos los ingresos. - Evaluar pobreza, bienestar, salud, empleo, horas, cuidados, formación y emprendimiento, con diferencias por renta, edad, discapacidad y composición del hogar. - Mantener apoyos necesarios por discapacidad, dependencia y vivienda cuando una transferencia uniforme no los cubra; no anunciar que sustituir toda protección social simplifica sin perjudicar a nadie. - Diseñar pilotos con revisión ética, legal y evaluación independiente, comparando con la protección vigente; no financiar pagos mediante fondos o ahorros todavía hipotéticos. - Analizar cómo productividad, beneficios y empleo por IA afectan a recursos públicos, sin contabilizar automáticamente el valor de la automatización como ingreso estatal. Con registros legalmente accesibles y encuestas de seguimiento, mediremos renta disponible neta por hogar después de impuestos y prestaciones, privación material, empleo y horas, bienestar con instrumentos publicados, participación voluntaria y efectos distributivos. Separaremos coste bruto de transferencias, financiación y coste neto; la satisfacción o el número de pagos no bastan para demostrar éxito. Antes de probar se fijarán población, importe, relación con impuestos y prestaciones, método y seguimiento. Evaluaremos cómo cambian las ayudas cuando aumentan los ingresos, para evitar pérdidas bruscas. Que una tarea esté expuesta a IA no significa que el empleo vaya a desaparecer. Un piloto limitado no demuestra efectos sobre financiación, precios o el conjunto de la economía. El Estado y las administraciones competentes intervendrían en prestaciones, impuestos y empleo, con cooperación para los pilotos. Los cambios presupuestarios y normativos seguirían sus procedimientos. El diagnóstico deberá revisar experimentos comparables y microsimulación española con reglas vigentes. Kela documenta el ensayo finlandés y sus límites [F17]; falta demostrar coste y efectos de una aplicación universal en España. El coste y su financiación están pendientes de estimación. Como ejemplo exclusivamente aritmético, 1.000 personas × 500 euros × 12 meses = 6 millones de euros en transferencias, antes de administración y evaluación. No es un presupuesto aprobado, un importe recomendado ni prueba de suficiencia; financiación, compensaciones tributarias y prestaciones deben modelarse aparte. La aplicación deberá evitar falsas certezas sobre IA, incentivos mal diseñados, pérdida de prestaciones necesarias y promesas de pagos sin recursos. No se impondrá emprendimiento ni se sustituirá libertad de proyecto por desprotección. ### 2.29. Resiliencia, seguridad económica y planes de contingencia Queremos mantener servicios esenciales ante guerras, desastres, pandemias o fallos de suministro, sin improvisar toda la respuesta. Para ello, proponemos preparar funcionamiento normal, alternativas cuando algo falla y respuesta de emergencia. Para hacerlo, asignaríamos responsables y recursos, practicaríamos y nos coordinaríamos con los instrumentos existentes, sin prometer riesgo cero. En un caso hipotético, un servicio de agua simula una interrupción de suministro eléctrico. Comprueba quién activa la alternativa, cuánto tarda y qué atención mínima mantiene. Los fallos encontrados se corrigen; el ejercicio no garantiza superar cualquier emergencia real. Población necesita continuidad; operadores, medios y coordinación; contribuyentes, reservas proporcionadas. Prepararse cuesta aunque no haya crisis, pero acumular equipos o existencias sin mantenerlos también desperdicia recursos. Para saber si funciona, proponemos comprobar servicios mantenidos, tiempo de respuesta, alternativas que funcionan y fallos corregidos. Tener un plan escrito no demuestra preparación. #### Plan de actuación En el primer año, en 10 entidades públicas u operadores adheridos, proponemos inventariar las funciones esenciales en M3, aprobar antes de M6 sus dependencias, responsables y tiempos de recuperación por servicio, y completar 2 ejercicios coordinados antes de M12. Todas las funciones del alcance acordado tendrán un responsable y una alternativa documentada, o un riesgo residual expresamente aceptado y publicado de forma agregada. En cuatro años, el objetivo es extender a 30 entidades; alcanzar el 90 % de pruebas dentro del tiempo y nivel mínimo de servicio aprobado y cerrar el 90 % de las correcciones de prioridad alta dentro de 90 días. Mantener 2 ejercicios al año y publicar coste, resultados y revisión del plan después de cada crisis relevante. La ejecución correspondería a autoridades de protección civil, responsables sectoriales, comunidades, municipios y operadores; el calendario previsto incluye mapa de riesgos y línea base en M1–M3; convenios, recursos y prioridades en M4–M6; ejercicios y correcciones en M7–M12; ampliación en años 2–4 solo tras evaluación y financiación. OpenSpain puede preparar el método y examinar información pública, no dirigir una emergencia ni certificar reservas de terceros. Depender de un solo proveedor, ruta o sistema y carecer de coordinación, financiación o práctica puede agravar una interrupción. Queremos estudiar sus efectos en hogares vulnerables y empresas cuando fallan energía, agua, salud, comunicaciones, pagos, alimentación o transporte. Disponer de una alternativa puede costar más en periodos normales y evitar interrupciones graves, mientras que acumular reservas sin renovarlas puede desperdiciar recursos. Compararemos diversificación, contratos alternativos, existencias justificadas y gestión de demanda por coste completo e importancia del servicio. La Estrategia de Preparación de la UE de marzo de 2025 propone anticipación, coordinación y orientación de autosuficiencia de al menos 72 horas [F28]; no certifica que cada hogar o servicio ya esté preparado. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Mantener un registro de riesgos con exposición, consecuencias, señales tempranas, responsable, alternativa, coste y revisión trimestral. Usar categorías justificadas, no probabilidades numéricas inventadas. - Diversificar suministros y rutas donde reduzca riesgo neto, comprobar sustitución real y coordinar reservas energéticas y sanitarias con autoridades y marcos europeos. Inventariar cantidades útiles, caducidad, rotación y disponibilidad; no duplicar reservas existentes sin necesidad. - Preparar continuidad de servicios con operadores cualificados: respaldo, recuperación de datos, comunicación alternativa, acuerdos de ayuda y pruebas de funcionamiento. No publicar detalles que expongan infraestructuras o datos personales. - Definir apoyos temporales a hogares y empresas según daño acreditado, con financiación, duración, revisión y retirada; evitar ayudas generales indefinidas y no contabilizar reservas presupuestarias hipotéticas como dinero disponible. - Ofrecer preparación ciudadana accesible siguiendo recomendaciones oficiales: avisos, contactos, documentos y necesidades básicas, con apoyo a discapacidad, dependencia y hogares sin recursos. La orientación europea de 72 horas no sustituye servicios públicos ni exige automedicación o acumulación peligrosa. - Coordinar protección civil, sanidad, energía, logística, telecomunicaciones y otros responsables mediante funciones y suplencias claras. En una emergencia, seguir las instrucciones de las autoridades competentes. - Proteger integridad del gasto urgente: registrar decisiones, motivar excepciones y revisar contratos y entrega posteriormente, preservando agilidad, derechos y controles. - Publicar después de cada ejercicio o crisis qué falló, qué se cambia, quién responde y cuándo se comprobará la corrección. Evitar declarar éxito por haber redactado un plan. Con registros de ejercicios y evaluación independiente, compararemos las pruebas que cumplen el tiempo y el nivel mínimo de servicio aprobados con todas las realizadas. Escenarios, intensidad, duración, funciones y criterios se fijarán antes del ejercicio. Publicaremos inventario y resultados agregados, distinguiendo capacidades contratadas, disponibles y realmente ensayadas. Seguiremos alternativas, tiempos de activación y recuperación, fallos, correcciones cerradas y coste completo. Contaremos casos no ensayados y no mejoraremos porcentajes eliminando funciones difíciles o relajando tiempos. Los órganos competentes verificarán las reservas y vulnerabilidades sensibles sin publicarlas de forma que aumente el riesgo. Un ejercicio no predice todas las condiciones de una guerra o desastre real. Antes de un incidente, habría que reducir puntos únicos de fallo, ensayar interrupciones y contratar alternativas cuando tengan sentido. Durante él, habría que proteger funciones esenciales y población vulnerable, activar cooperación y comunicar información verificada. Después, habría que medir recuperación y corregir vulnerabilidades. | Riesgo o escenario | Señal y decisión de activación | Plan B / C y responsable | Comprobación | |---|---|---|---| | Suministro energético o ruta comercial interrumpida | Operador detecta interrupción y riesgo de incumplir el mínimo del servicio; umbral fijado tras la línea base | Autoridad sectorial y operador activan alternativas, reservas aplicables y demanda priorizada según ley | Disponibilidad útil y continuidad del servicio; coste y tiempo de recuperación | | Fallo de comunicaciones, pagos o sistemas | Incidente declarado por el responsable y riesgo de superar el tiempo aprobado | Operador y autoridad competente activan respaldo y procedimientos de continuidad ensayados | Recuperación íntegra, servicio mínimo y comunicación accesible | | Epidemia o escasez de productos sanitarios | Indicadores y alertas de autoridades sanitarias, no rumores o predicciones privadas | Sanidad coordina capacidad, suministros y ayuda conforme a protocolos profesionales | Cobertura, disponibilidad, atención y daños evitables; sin improvisar tratamientos | | Inundación, incendio, sequía u otro fenómeno extremo | Avisos oficiales y umbrales del plan territorial | Protección civil, servicios y municipios ejecutan protección, ayuda y recuperación previstas | Aviso recibido, ayuda accesible y restablecimiento de servicios | | Crisis de precios, empleo o liquidez | Impacto verificado y criterios económicos previamente publicados | Administraciones competentes activan apoyos limitados y presupuestados | Cobertura del daño y sostenibilidad, fraude revisado y retirada de ayudas | En relación con la guerra Rusia–Ucrania, la estrategia europea reconoce insuficiencias de anticipación y coordinación [F28]. España tenía una dependencia energética exterior del 69,38 % en 2021 y del 74,202 % en 2022 [F21]; ese indicador no mide cuánto procedía de Rusia. Diversificar, mejorar eficiencia, evaluar reservas y ensayar respuestas a precios y suministro eran opciones previas razonables, con costes y limitaciones. No demostrarían que España pudiera impedir la invasión o evitar todos los precios internacionales. Ante posibles escaladas en Irán y Oriente Medio, estudiaremos la exposición a precios globales, rutas marítimas y suministros y sus posibles interrupciones. Que España tenga poca compra directa de un país no elimina exposición al mercado internacional. El cierre de Hormuz se trata aquí como escenario de estrés, no como un hecho confirmado por este documento; no se afirma una cronología actual de hostilidades sin fuente y fecha verificadas. El trabajo se organizaría en estas etapas: R01 (semanas 1–2): identificar funciones y responsables; R02 (semanas 3–4): registrar dependencias y capacidades ya existentes; R03 (semanas 5–8): aprobar una alternativa, recursos y criterios de activación para una función; R04 (semanas 9–12): ensayarla y asignar correcciones. Se activa según capacidad, sin convertirlo automáticamente en un cuarto frente del arranque ciudadano. Las autoridades y los operadores intervendrían según sus atribuciones en protección civil, salud, energía, comunicaciones, defensa, transporte, hacienda y servicios, con coordinación autonómica, local y europea. Una propuesta ciudadana no crea poderes excepcionales. El diagnóstico deberá revisar dependencia energética documentada [F21], marco europeo [F28] y datos de operadores todavía por obtener; falta una evaluación completa de capacidades y riesgos españoles por servicio. No hay una estimación validada de pérdidas evitadas. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir personal, ejercicios, mantenimiento, rotación de reservas, alternativas y apoyo a hogares. Se comparará con los daños posibles y la importancia de cada servicio, sin suponer ahorro garantizado. No hay un fondo financiado ni infraestructura de emergencia operativa de OpenSpain. La aplicación deberá evitar alarmismo, exposición de información sensible, acumulación inútil, favoritismo en urgencia y restricciones indefinidas. Las medidas serán proporcionadas, con supervisión, garantías legales y revisión temporal. ### 2.30. Constitución clara, accesible y con seguridad jurídica Queremos entender derechos, responsabilidades y límites del poder sin necesitar conocimientos jurídicos especializados. Para ello, proponemos crear una guía clara, sin valor normativo, y estudiar cambios concretos de redacción cuando estén justificados. Cambiar la Constitución exige su procedimiento y mayorías, sin recortar derechos ni controles. En un caso hipotético, una persona quiere entender qué significa un derecho constitucional y qué puede hacer para ejercerlo. Consulta una ficha con explicación, límites, normas relacionadas y fuentes oficiales. La ficha orienta, pero no crea una garantía nueva ni sustituye el texto o asesoramiento jurídico. Ciudadanía necesita claridad; profesionales e instituciones, precisión; minorías y personas afectadas, garantías. Simplificar no puede borrar excepciones ni presentar una interpretación discutida como la única posible. Para saber si funciona, proponemos probar si se entienden mejor derechos y procedimientos y revisar que las explicaciones no cambien su alcance. Un texto más corto no garantiza más claridad. #### Plan de actuación En el primer año, proponemos preparar 12 fichas de artículos seleccionados con criterios públicos y probar sus explicaciones con 200 personas voluntarias de perfiles diversos. Cada ficha mostrará texto oficial, explicación accesible, dificultades documentadas y, solo cuando se justifique, una alternativa de redacción con revisión jurídica. Publicar el método, resultados y carencias antes de M12, sujeto a equipo y financiación. En cuatro años, el objetivo es ampliar a 40 fichas y 600 participantes acumulados, actualizar anualmente las fuentes y resultados y remitir a las instituciones competentes un dossier de reformas justificadas si la revisión lo aconseja. No comprometer la aprobación de una reforma ni contar una guía o un envío como cambio constitucional. La ejecución correspondería a equipo ciudadano, especialistas plurales en derecho constitucional y accesibilidad y revisión independiente; el calendario previsto incluye selección, alcance y protocolo en M1–M3; redacción y contraste jurídico en M4–M6; pruebas y publicación en M7–M12; ampliación condicionada en años 2–4. Gobierno, Cámaras y asambleas autonómicas por los cauces de iniciativa aplicables, y ciudadanía cuando proceda referéndum, deciden la reforma; OpenSpain no puede aprobarla. El vocabulario, la estructura y las remisiones entre artículos pueden dificultar entender la Constitución. Queremos distinguir problemas evitables de redacción de los desacuerdos de fondo, los problemas de sus leyes de desarrollo y la función legítima de los tribunales. Contar artículos no mide la complejidad. Un lenguaje más claro puede facilitar el ejercicio de derechos, pero una frase breve también puede ocultar excepciones necesarias. Compararemos explicar mejor el texto vigente, mejorar las leyes de desarrollo y reformar artículos concretos. Los principios constitucionales requieren interpretación al aplicarse a casos nuevos; no se promete eliminarla ni imponer una lectura política única. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar una guía de lenguaje claro, glosario, ejemplos y mapa de derechos, competencias y procedimientos, vinculados al artículo oficial y con fecha de revisión. Ofrecer formatos accesibles y versiones en las lenguas de España según recursos, sin atribuir valor normativo a la guía. - Seleccionar artículos por dificultades documentadas en consultas y pruebas, no por conveniencia partidista; publicar texto vigente, problema, alternativa y análisis de consecuencias artículo por artículo. - Evaluar simplificación de términos, remisiones y estructura y aclaración de ambigüedades evitables. Si cambia el alcance de un derecho, competencia o garantía, identificarlo como reforma de fondo, no como mera corrección editorial. - Incorporar doctrina y jurisprudencia relevantes con fuente y fecha, posiciones alternativas y revisión plural; no sustituir la interpretación judicial por una explicación ciudadana. - Conservar derechos fundamentales, igualdad, pluralismo, separación de poderes, controles y protección de minorías. Ninguna reducción de extensión justifica eliminar garantías o imponer una interpretación única. - Comparar guía explicativa, reforma de leyes de desarrollo y reforma constitucional, con coste de transición y coherencia con estatutos, leyes y obligaciones europeas e internacionales. - Identificar el cauce jurídico de las alternativas sobre Senado y organización territorial del eje 6, proporcionalidad y control del Gobierno del eje 22 y elección del CGPJ del eje 31. No presentar cambios de instituciones o competencias como simples aclaraciones del texto; separar propuestas, mayorías necesarias, aprobación y entrada en vigor [F35]. - Impulsar únicamente reformas justificadas por los cauces de los artículos 166–169, con participación y debate informados. Una consulta informal, una recogida de apoyos o una guía no modifica la Constitución. Registraremos los artículos con ficha comparada, revisión jurídica independiente y prueba de comprensión completadas, con versión, fuente oficial y resultado. Seguiremos participantes, aciertos, tiempo por tarea, errores sobre derechos y garantías, cambios de significado, incidencias corregidas y respuestas institucionales documentadas. Una ficha es una entrega documental, no una reforma aprobada. Compararemos tareas equivalentes con el texto oficial y las explicaciones, distribuyendo versiones para limitar aprendizaje y sesgos. Publicaremos reclutamiento, abandonos y resultados por perfil, sin generalizar una muestra voluntaria a toda España. Separaremos redacción, remisión, tramitación, aprobación y evaluación posterior. No aceptaremos una explicación que parezca más comprensible pero omita garantías, cambie competencias o presente una interpretación discutida como obligatoria. La Constitución establece los siguientes procedimientos de reforma [F35]: | Supuesto | Procedimiento y garantía | |---|---| | Explicar el texto sin modificarlo | Guía no normativa, vinculada al texto oficial; no sustituye leyes, sentencias ni asesoramiento jurídico. | | Reforma por el artículo 167 | Regla general de tres quintos de cada Cámara y mecanismos de acuerdo. Si no se logra por esa vía y el texto obtiene mayoría absoluta del Senado, el Congreso puede aprobarlo por dos tercios conforme al apartado 2. Referéndum si lo solicita, dentro de 15 días de la aprobación, una décima parte de cualquiera de las Cámaras. | | Revisión total o parcial que afecte al título preliminar, sección primera del capítulo segundo del título I o título II: artículo 168 | Aprobación del principio por dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes; las nuevas Cámaras ratifican la decisión y aprueban el texto por dos tercios de ambas; referéndum de ratificación obligatorio. No eludir este cauce presentando la revisión como simplificación. | | Iniciativa y límites: artículos 166 y 169 | Iniciativa conforme al artículo 87.1 y 87.2: no hay iniciativa legislativa popular directa de reforma constitucional. No puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante alguno de los estados del artículo 116. | #### Qué propuestas requieren cambiar la Constitución Este mapa orienta el desarrollo jurídico de alternativas ya contempladas, no incorpora reformas aprobadas ni adopta las supresiones que se comparan. El procedimiento definitivo depende del texto concreto y de todos los artículos afectados, no del nombre de la medida [F35]. | Alternativa del programa | Encaje y cauce | |---|---| | Suprimir el Senado o cambiar su composición constitucional (eje 6) | Requiere modificar el artículo 69 y, en caso de supresión, el 66 y demás preceptos afectados; en principio, artículo 167 si no afecta a materias protegidas por el 168. Una ley ordinaria no puede suprimir la Cámara. | | Eliminar el derecho a la autonomía (eje 6) | Afecta al artículo 2 del título preliminar: artículo 168, con nuevas Cortes y referéndum obligatorio. Coordinar servicios no equivale a eliminar la autonomía. | | Cambiar la forma de Estado o las reglas constitucionales de la Corona (eje 21) | Artículo 168 por afectar al título II y, en el cambio de monarquía a república, también al artículo 1.3. Transparencia compatible con el texto vigente no implica por sí sola cambiar la forma de Estado. | | Sustituir la circunscripción provincial del Congreso (eje 22) | Modificar el artículo 68.2 exige el 167, salvo afectación adicional a materias protegidas. Otros ajustes electorales pueden tramitarse mediante LOREG si respetan las condiciones constitucionales. | | Introducir nuevas causas de cese obligatorio del Gobierno (eje 23) | Si cambian el régimen de los artículos 101, 113 o 114, requieren el 167, salvo afectación adicional a materias protegidas. Pedir una dimisión o exigir cuentas dentro de los cauces actuales no necesita crear otro mecanismo constitucional. | | Cambiar la elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ (eje 31) | Puede tramitarse mediante reforma de la LOPJ, pues el artículo 122.3 remite ese turno a ley orgánica. Cambiar los 20 miembros, su mandato de cinco años o la propuesta parlamentaria y mayoría de tres quintos de los 8 juristas exige reforma constitucional, en principio por el 167. | | Coordinar educación o sanidad, o reasignar funciones (ejes 6, 9 y 13) | La coordinación dentro de las competencias vigentes no exige por sí sola reforma constitucional. Revisar leyes y estatutos para reasignar funciones; modificar el reparto constitucional exige el 167, y afectar a derechos como el artículo 27 exige el 168. | Las rebajas fiscales, la simplificación de trámites, el refuerzo de servicios, la revisión de penas con garantías y las reglas de conflictos de interés no requieren automáticamente reforma constitucional. Cada medida debe respetar la Constitución y las obligaciones europeas e internacionales y contar con la ley ordinaria u orgánica, presupuesto, autorización y acuerdos que correspondan. Una reforma legal no puede utilizarse para eludir una garantía constitucional. El trabajo se organizaría en estas etapas: K01 (semanas 1–2): elegir 1 artículo y documentar una dificultad; K02 (semanas 3–4): redactar explicación y comparar alternativas con revisión jurídica; K03 (semanas 5–8): realizar una prueba de comprensión y corregir; K04 (semanas 9–12): publicar ficha, límites y decisión. Se activa según capacidad, sin añadir automáticamente un cuarto frente al arranque. Las instituciones con iniciativa y decisión constitucional intervendrían según el título X, y los tribunales en sus funciones de interpretación y control. La colaboración académica y ciudadana contribuiría a investigación, accesibilidad y debate. No se presupone apoyo institucional ni reforma autorizada. El diagnóstico deberá revisar el texto oficial y los procedimientos de reforma [F35]. La Constitución contiene 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final; el recuento describe estructura, no dificultad de lectura, ambigüedad o calidad. Falta una medición propia de comprensión y un diagnóstico jurídico de artículos concretos; no se inventa una tasa nacional de incomprensión. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir revisión jurídica plural, accesibilidad, traducción, participación, evaluación y actualización, justificando horas y precios antes de activar. No se contabilizarán supuestos ahorros judiciales como financiación ni se considerará gratuita una reforma constitucional. Los riesgos incluyen pérdida de precisión, sesgo partidista, falsas equivalencias entre guía y norma y exclusión de personas con dificultades de lectura. El texto oficial estará siempre identificado, las discrepancias serán visibles y habrá revisión independiente y protección de datos. No se promete ausencia de litigios o interpretaciones. ### 2.31. Justicia accesible y ágil, defensa efectiva e integridad Queremos acceder a la justicia sin esperas evitables, trámites incomprensibles o defensa inasumible, sin identificar automáticamente lentitud con corrupción. Para ello, proponemos mejorar equipos y organización, evitar gestiones repetidas y explicar el estado de los expedientes a quienes tienen autorización. La mejora debe reforzar defensa e integridad y revisar la elección y los nombramientos del CGPJ frente a influencias partidistas o corporativas, sin interferir en decisiones judiciales. En un caso hipotético, una persona reclama una factura impagada y la otra discute el importe. Ambas pueden conocer el estado autorizado del expediente y recibir notificaciones comprensibles, manteniendo tiempo para defenderse. Mejorar esas gestiones no promete una sentencia en un plazo fijo ni adelanta quién tiene razón. Quien reclama necesita respuesta; la otra parte, defensa efectiva; víctimas, protección; profesionales, medios; ciudadanía, independencia judicial. Reducir esperas no justifica recortar recursos ni forzar acuerdos, y una demora no prueba corrupción. Para saber si funciona, proponemos medir esperas en gestiones comparables, notificaciones, errores y acceso a defensa. Ir más rápido no sirve si se pierden garantías o el atasco pasa a otra fase. #### Plan de actuación En el primer año, en 3 unidades judiciales o servicios de gestión adheridos, proponemos identificar en M3 los cuellos de botella y reducir un 15 % la mediana de espera de las actuaciones seleccionadas antes de M12, sin recortar plazos de defensa. Publicar un mapa de trámites y acceso a asistencia jurídica y probar sus explicaciones con 100 usuarios voluntarios, sin recopilar expedientes personales en OpenSpain. En cuatro años, el objetivo es extender a 10 unidades, reducir un 25 % la espera de las actuaciones comparables de la cohorte inicial y actualizar anualmente capacidad, pendientes y calidad. Todos los servicios participantes mantendrán vías de atención presencial o asistida y seguimiento autorizado, con evaluación de acceso a defensa y recursos comprometidos. La ejecución correspondería a Administración de Justicia estatal y autonómica en sus competencias, responsables de oficinas y unidades judiciales, órganos de gobierno judicial y colegios profesionales; el calendario previsto incluye diagnóstico y permisos en M1–M3; revisión de procesos, recursos y garantías en M4–M6; pruebas y evaluación en M7–M12; ampliación condicionada en años 2–4. Los jueces deciden los asuntos con independencia; OpenSpain puede preparar propuestas y evaluar información pública, no dirigir expedientes ni ofrecer defensa profesional. La sobrecarga, las vacantes, los cambios de equipo, los fallos de notificación y los sistemas que no intercambian información pueden alargar los expedientes. También queremos estudiar duplicidades y barreras para obtener orientación o asistencia jurídica. Los conflictos de interés o las irregularidades se investigarán cuando existan indicios concretos, no se presumirán por un retraso o una resolución desfavorable. Añadir personal sin diagnóstico puede trasladar el atasco a otra fase; digitalizar un trámite innecesario no lo elimina. Compararemos refuerzo de equipos, organización, intercambio autorizado de información y simplificación legal con mediación u otras vías solo cuando sean procedentes y seguras. Nadie será presionado para renunciar a juicio o aceptar un acuerdo, y no prometemos una duración universal. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Publicar diagnósticos agregados por jurisdicción y procedimiento: carga, antigüedad de pendientes, vacantes, notificaciones y fases de recurso y ejecución. Asignar medios según necesidades contrastadas, con presupuesto y evaluación de calidad, no solo volumen. - Reutilizar documentos y datos donde exista habilitación legal, mejorar notificaciones y coordinación y eliminar pasos repetidos sin perder contradicción, prueba o recurso. Priorizar interoperabilidad y canales oficiales existentes frente a crear otro portal aislado. - Ofrecer a las partes autorizadas seguimiento de fase, última actuación y siguiente paso en lenguaje comprensible, con autenticación, permisos y atención asistida. Una explicación de estado no sustituye la notificación oficial ni modifica un plazo procesal. - Facilitar orientación jurídica, solicitud y seguimiento de justicia gratuita según la Ley 1/1996 [F37]; revisar recursos y pago de servicios profesionales y tiempos de designación con datos. No prometer abogado gratuito universal ni reducir el derecho de defensa para ahorrar. - Proteger tiempo y medios adecuados de defensa, acceso a actuaciones cuando proceda, presunción de inocencia, prueba, intérprete y accesibilidad. No desatender reparación, información y protección de víctimas ni confundir una denuncia con condena. - Reforzar trazabilidad de reparto, conflictos de interés, contratación tecnológica y decisiones de gestión mediante controles independientes y los cauces legales. Proteger a informantes, secreto de actuaciones y datos; distinguir denuncia, investigación y resolución firme. - Revisar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comparar el modelo parlamentario vigente con alternativas de elección de los 12 vocales del turno judicial por jueces y magistrados y otros diseños jurídicamente viables. Explicar ventajas, riesgos de influencia política y corporativa, pluralidad y cauce de reforma, sin confundir gobierno judicial con función de juzgar [F35] [F39]. - Reforzar criterios públicos de mérito, comparecencias, motivación de nombramientos, declaraciones de intereses y revisión por los cauces competentes; publicar procedimientos y retrasos de renovación. Evaluar garantías de independencia y funcionamiento, no si las sentencias benefician a un partido ni cuotas de condenas o absoluciones. - Preparar un mapa de mecanismos de independencia institucional para CGPJ y Fiscalía: base normativa, funciones, quién propone y nombra, votaciones cuando procedan, requisitos, mandatos, incompatibilidades, ceses y renovaciones. Distinguir competencias y garantías de cada órgano, norma vigente, práctica documentada y alternativas; cualquier comparación con estándares europeos incluirá documento, fecha, ámbito y límites, sin etiquetar jueces o fiscales por una afinidad política supuesta. - Separar quejas por funcionamiento, denuncias de posibles delitos y recursos contra resoluciones. Publicar cauces y estado agregado cuando proceda; una queja no sustituye el recurso ni suspende su plazo. - Evaluar mediación y otras vías de resolución solo en materias admisibles, con información y garantías, sin coacción ni situaciones de violencia o desigualdad que las hagan improcedentes. No convertirlas en obstáculos adicionales al acceso judicial. Con registros autorizados y datos agregados de las unidades participantes, mediremos mediana y percentil 90 de días entre hitos de gestión definidos por procedimiento. Compararemos con los 12 meses previos por trámite y complejidad, publicando grupos y fechas de seguimiento. Separaremos tiempo administrativo, tramitación judicial, recursos y ejecución, junto con antigüedad de pendientes y suspensiones justificadas. Contaremos asuntos antiguos, repeticiones, anulaciones, notificaciones fallidas y cargas trasladadas. Seguiremos acceso y tiempos de asistencia jurídica, comprensión, incidencias y coste completo. En el gobierno judicial, observaremos publicidad y motivación de nombramientos, conflictos examinados y renovación en plazo, sin tratarlos como prueba automática de independencia. No mejoraremos las cifras excluyendo casos difíciles ni premiaremos condenar, absolver o cerrar. No puntuaremos jueces por el sentido de sus resoluciones ni publicaremos expedientes identificativos. El eje 1 hace trazable el uso de fondos y exige controles; este eje refuerza capacidad y garantías para investigar, defender, resolver y ejecutar conforme a derecho. Una mejora de gestión no acredita menos corrupción. Conecta con el eje 22 para investigar posibles delitos electorales por los cauces competentes, con conservación de pruebas, protección de denunciantes y presunción de inocencia, sin sustituir reclamaciones electorales ni sus plazos. En vivienda conecta con el eje 2 para resolver conflictos con tutela efectiva, sin desalojo privado, condena automática ni privilegios por renta o afinidad política. El artículo 122 de la Constitución distingue 12 vocales entre jueces y magistrados y 8 juristas a propuesta de las Cámaras; la LOPJ vigente atribuye la designación de los 20 a las Cortes, 10 por Cámara por mayoría de tres quintos [F35] [F39]. Los cambios deben distinguir lo regulado por ley orgánica de lo fijado constitucionalmente. El CGPJ es un órgano de gobierno, no el tribunal que dicta todas las sentencias. Su relación institucional con las Cortes no permite dar por probada la parcialidad de cada juez ni justifica eliminar controles y responsabilidad. La elección por jueces y magistrados de los 12 vocales judiciales puede articularse mediante reforma de la LOPJ, respetando el artículo 122.3; no exige por sí sola cambiar la Constitución. Alterar el número de miembros, el mandato de cinco años o la propuesta parlamentaria y mayoría de tres quintos de los 8 juristas sí requiere reforma constitucional, en principio por el artículo 167 si no se afectan materias protegidas por el 168. Comparar esos diseños no autoriza al Gobierno a nombrar vocales ni modifica una renovación vigente [F35] [F39]. El CGPJ estima para asuntos civiles terminados en 2025 en primera instancia 15,5 meses en ordinarios y 11,1 en la categoría «Demás verbales» [F36]. Son aproximaciones mediante un modelo de asuntos ingresados, resueltos y pendientes, no mediciones individuales ni medias de toda la justicia. No incluyen por sí solas recursos o ejecución ni prueban corrupción; no sirven para pronosticar un caso concreto. El trabajo se organizaría en estas etapas: J01 (semanas 1–2): elegir 1 procedimiento y mapear fases con fuentes públicas; J02 (semanas 3–4): documentar un cuello de botella y una alternativa con revisión jurídica; J03 (semanas 5–8): acordar acceso legal a datos y recursos o declarar el bloqueo; J04 (semanas 9–12): probar una explicación o mejora autorizada y publicar evaluación agregada. No añade automáticamente un cuarto frente inicial. Los jueces y tribunales ejercerían su función jurisdiccional con independencia. Los órganos de gobierno judicial, el Ministerio competente y las comunidades con medios transferidos actuarían dentro de sus funciones. Los profesionales y las comisiones de asistencia jurídica gratuita intervendrían según la ley. Las reformas procesales y presupuestarias requieren sus procedimientos. El diagnóstico deberá revisar las estimaciones oficiales del CGPJ y sus límites [F36], la tutela judicial efectiva y las garantías del artículo 24 de la Constitución, la gratuidad en los términos del artículo 119 [F35] y la Ley 1/1996 [F37]. Falta medir cada unidad, fase y barrera de defensa, además de disponer de acuerdos y recursos; no hay un cálculo validado de demora eliminable. El coste y su financiación están pendientes de estimación. El cálculo deberá incluir personal, formación, interoperabilidad, accesibilidad, asistencia jurídica, mantenimiento, evaluación y revisión jurídica comparada de elección y nombramientos del CGPJ. La reducción del atasco no se contabiliza automáticamente como ahorro ni financia por sí sola el refuerzo. La aplicación debe prevenir presiones sobre la independencia, decisiones apresuradas, indefensión, exclusión digital y exposición de datos. Habrá revisión independiente, canales asistidos, acceso limitado y medidas reversibles; ante un empeoramiento de garantías, habrá que corregir o suspender la intervención. ## 3. Ámbitos pendientes para un programa completo Esta versión incorpora pensiones, resiliencia, claridad constitucional y justicia accesible, pero no cubre todavía todos los ámbitos de España. Quedan por desarrollar cuidados, adaptación climática y agua por sector, además de accesibilidad en todos los servicios. Seguridad ciudadana tiene un desarrollo inicial a continuación, todavía sin diagnóstico local, presupuesto ni metas de impacto aprobadas. El eje de contingencia no sustituye planes técnicos de cada ámbito, las pensiones requieren estudio actuarial y presupuestario y el eje de justicia no agota las reformas de cada jurisdicción. Estas áreas no deben rellenarse con promesas genéricas: requieren diagnóstico, participación de personas afectadas y evaluación de recursos. ### 3.1. Seguridad ciudadana: prevención, víctimas y respuesta efectiva Queremos vivir, trabajar y movernos con seguridad, proteger a las víctimas y responder a los delitos sin convertir el miedo en enfrentamiento. Proponemos combinar prevención, recursos policiales según necesidades, investigación y coordinación con la justicia. Este desarrollo no añade un eje con metas ficticias, no sustituye el plan de contingencia del eje 29 ni activa un cuarto frente inicial. En un caso hipotético, varios comercios sufren hurtos repetidos. Antes de prometer más penas, se contrastan los hechos, se atiende a las víctimas y se revisan prevención, investigación, recursos y coordinación de los casos. Una denuncia no equivale a una condena ni demuestra por sí sola reincidencia. Para abordar estos problemas, proponemos las siguientes medidas: - Preparar diagnósticos por territorio y tipo de delito con estadísticas oficiales, denuncias, información judicial y encuestas de victimización cuando estén disponibles. Separar hechos conocidos, investigaciones, condenas y percepción de inseguridad; declarar los datos ausentes y no extrapolar una incidencia local a todo el país. - Evaluar prevención según el problema: iluminación y mantenimiento de espacios, protección frente a fraudes, apoyo a comercios y coordinación educativa y social. Comparar alternativas y sus efectos; no instalar vigilancia indiscriminada ni presentar una medida urbana como solución para cualquier delito. - Revisar carga de trabajo, turnos, medios, formación y capacidad de investigación de los cuerpos competentes antes de ampliar o redistribuir efectivos. Presupuestar personal, equipamiento y mantenimiento; reforzar protección y apoyo profesional sin eliminar supervisión, proporcionalidad ni derechos. - Coordinar información y asistencia accesible a víctimas, con orientación sobre denuncia, protección, atención sanitaria y apoyo jurídico y social según el caso. Evitar trámites repetidos, revictimización y barreras digitales; no sustituir servicios profesionales por actuaciones ciudadanas de vigilancia o confrontación. - Mejorar la investigación y el seguimiento de delincuencia organizada y reincidencia acreditada, con coordinación legal entre policía, fiscalía y órganos judiciales. Revisar medidas y recursos cuando se documenten insuficiencias, con pruebas, defensa y control judicial; no garantizar menos delitos solo por elevar penas ni confundir reiteración de denuncias con condenas firmes. - Diferenciar allanamiento, usurpación, impago y otros conflictos, conforme al desarrollo del eje 2, sin dar una respuesta automática idéntica a todos. La actuación sobre personas extranjeras debe seguir el cauce legal individual y sus garantías; no utilizar origen o nacionalidad como indicador individual de peligrosidad ni equiparar irregularidad administrativa y delincuencia. - Evaluar calidad del servicio y resultados, incluyendo atención a víctimas, accesibilidad, tiempos de respuesta por prioridad y esclarecimiento de hechos con definiciones públicas. Las detenciones o el número de sanciones no serán por sí solos medidas de éxito. El trabajo empezaría con diagnóstico y participación de víctimas, vecinos, profesionales y servicios competentes; continuaría con una ficha que compare prevención, investigación y refuerzo de recursos; solo pasaría a ejecución con autoridad competente, financiación y garantías confirmadas. El Estado, las comunidades autónomas y los municipios intervendrían según sus atribuciones, con policía, fiscalía, órganos judiciales y servicios de atención a víctimas. OpenSpain puede investigar, proponer y solicitar acuerdos, no dirigir cuerpos policiales ni decisiones judiciales. Antes de fijar metas, se definirá el territorio, la población expuesta, el periodo y la situación inicial. Se compararán hechos por tipo y tasas con denominadores pertinentes, reincidencia según una definición jurídica verificada, tiempos por prioridad y satisfacción de víctimas. Una mayor denuncia puede reflejar mejor acceso y no más delitos; cambios de registro o clasificación no se presentarán como mejora. Se publicarán incertidumbre, evolución comparable, costes y daños o desplazamientos a otros barrios, sin identificar víctimas, expedientes ni operativos sensibles. El diagnóstico consultará el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, información judicial y de atención a víctimas y registros autorizados de los cuerpos participantes. La serie de allanamiento y usurpación [F7] solo describe esas infracciones, no toda la seguridad ciudadana; los datos generales del CGPJ [F36] tampoco sustituyen una medición penal local. No afirmamos una crisis nacional ni un efecto causal sin datos comparables. El coste y su financiación están pendientes de estimación. La ficha deberá incluir personal, formación, sistemas, protección de datos, mantenimiento, prevención, asistencia y evaluación. No hay aumento de plantilla, presupuesto ni despliegue aprobados; el posible ahorro por delitos evitados no se contará como financiación disponible. Toda actuación respetará la presunción de inocencia, la defensa, la privacidad, la no discriminación y la revisión independiente de abusos. Ni la preocupación por seguridad ni la simplificación justifican poderes ilimitados, expulsiones colectivas o actuaciones sin garantías. ## 4. Cómo convertir una idea en una medida **Cómo leer los gráficos:** Cada eje dispone de cifras de fuente o contexto y de un gráfico de metas. Un dato nacional no sustituye la línea base local del piloto: empleo público no prueba duplicidades, participación electoral no mide comprensión y precio hotelero no equivale a alquiler residencial. Las figuras normativas describen normas: las tablas retributivas no son nóminas auditadas y el número de artículos constitucionales no mide complejidad; las contribuciones comunicadas no demuestran ejecución. Fechas, unidades, universo, cálculos y límites acompañan cada figura en web y PDF. No se convierte un valor ausente en cero ni se dibuja una curva de impacto sin modelo validado. Cada propuesta que pase al programa definitivo tendrá una ficha: | Campo | Contenido requerido | |---|---| | Problema | Situación concreta, población afectada y territorio. | | Evidencia | Fuentes, fecha, datos de partida y limitaciones. | | Plan y resultado esperado | Qué se hará el primer año y qué se quiere conseguir en cuatro años, para quién y dónde, con viabilidad comprobada. | | Medida | Actuación, alternativas consideradas y motivo de elección. | | Responsable | Administración competente y colaboradores necesarios. | | Encaje legal | Normativa y artículos afectados; distinguir acuerdo administrativo, ley ordinaria u orgánica, estatuto o reforma constitucional. Si exige cambiar la Constitución, identificar el cauce 167 o 168, mayorías y referéndum cuando proceda, con revisión jurídica. | | Coste | Inversión inicial, gasto recurrente y costes administrativos. | | Financiación | Recursos identificados y qué otras prioridades se desplazarían. | | Impacto | Beneficiarios, posibles perjudicados y efectos distributivos. | | Riesgos | Efectos no deseados, dependencias y medidas de mitigación. | | Evaluación | Indicadores, situación inicial, objetivo y método de comparación. | | Revisión | Criterios para mantener, corregir o abandonar la medida. | No se contabilizarán ahorros anticorrupción o de simplificación como financiación disponible hasta que estén acreditados. Las cifras de los planes a uno y cuatro años son metas propuestas, no datos observados ni estimaciones científicas de impacto. Su viabilidad todavía debe acreditarse con diagnóstico, recursos y encaje legal antes de convertirlas en compromisos ejecutables. ### Evidencia, argumentos y grado de preparación **Cuatro cosas distintas:** una fuente estadística describe una situación; una norma acredita el marco jurídico; un estudio empírico puede estimar un efecto en un contexto; una meta propone un resultado deseado. No se usarán unas como sustituto de las otras. Las referencias [F1]–[F18] se desarrollan en el capítulo 8. Cada eje identifica mecanismo, alternativa e indicador principal. Donde no existe evidencia específica incorporada, el mecanismo sigue siendo una hipótesis a probar, no una solución científicamente demostrada. Los ejemplos extranjeros incluyen límites de transferencia. **Estado actual:** las medidas son borradores, sin aprobación ni financiación institucional acreditada. Las cifras de los pilotos delimitan ambición y alcance; no proceden de un cálculo de impacto o capacidad ya concluido. Antes de ejecutar, justificar por qué cada umbral es viable a partir de línea base, capacidad, costes y comparación con alternativas; si no puede justificarse, declarar la carencia. **Puerta de aprobación:** una medida no pasa a ejecución hasta disponer de diagnóstico, responsable confirmado, habilitación legal, presupuesto, financiación, criterio de éxito y salvaguardas. Si falta uno, mantenerla en diseño o bloqueada. El nivel de preparación no es una valoración política ni una puntuación inventada. ### Presupuesto mínimo de cada medida activa | Partida | Qué debe calcularse | Evidencia para aprobar | |---|---|---| | Inversión | Unidades, coste unitario, licencias, equipamiento y transición. | Referencias comparables, precios contrastados y contingencias justificadas. | | Operación anual | Personal, mantenimiento, energía, seguros, asistencia y revisión. | Cargas de trabajo, contratos y periodo de financiación. | | Evaluación y salida | Medición, control independiente, portabilidad y cierre. | Método, recursos y obligaciones al terminar. | | Financiación | Partida, aportaciones comprometidas y condiciones. | Acuerdo o presupuesto aprobado; una solicitud de ayuda no es financiación. | | Coste de oportunidad | Qué deja de financiarse o qué carga adicional aparece. | Comparación de alternativas y efectos distributivos. | **Coste neto público:** inversión + operación + transición + evaluación − ingresos atribuibles verificados. Presentar además desembolsos por año y financiación; un préstamo o una venta de activo no se confunden con ingreso recurrente. «Pendiente» no significa coste cero. Para viviendas, separar valor del activo, subvención y flujos de alquiler; para fiscalidad, incorporar pérdida de recaudación. **Ejemplos de dimensionamiento, no presupuestos calculados:** las 150 viviendas del eje 2 requieren modalidad, unidades y coste completo por actuación; los 100 contratos del eje 12 requieren horas de extracción, revisión y seguimiento; las 3 áreas sanitarias del eje 13 requieren demanda, personal y capacidad por proceso. Las cantidades no justifican por sí solas que exista dinero o personal. ### Qué haremos, en qué plazo y cómo rendiremos cuentas **Calendario de referencia:** T0 = 3 de octubre de 2026; M12 = 3 de octubre de 2027; M48 = 3 de octubre de 2030. M1–M3 son los primeros tres meses desde T0. El horizonte de cuatro años sirve para ordenar el programa; no afirma que una legislatura real empiece o termine en esas fechas. Si una institución adopta la medida después, se publicarán fecha real y calendario aprobado, conservando el calendario original para explicar retrasos. **Qué cambia, para quién y dónde:** cada plan identifica alcance —municipios, servicios, empresas o participantes— y una mejora vinculada al problema. Cuando una decisión depende de debate democrático o de terceros, el compromiso controlable es evaluar, deliberar y responder, no imponer una conclusión, cerrar un acuerdo privado o reformar la Constitución por decreto. **Cómo comprobaremos el cambio:** la situación de partida será, salvo indicación específica, el periodo comparable de 12 meses anterior a T0, o una medición inicial anterior a la intervención para nuevos grupos de participantes. Publicarla antes de M3 con fuente, definición, denominador y datos faltantes. Una reducción del 20 % significa valor final igual o inferior a 0,80 veces el inicial; subir 10 puntos sobre 100 no significa subir un 10 %. Publicar valores iniciales y finales, no solo el porcentaje. **Quién lo hace y con qué recursos:** antes de M3, el responsable institucional deberá confirmar adhesión, permisos, capacidad, personal y presupuesto. Calcular cantidades por costes unitarios contrastados, inversión, gasto recurrente, evaluación y transición; identificar partida y financiación. Incluir intervalos y escenarios adversos. Si no hay recursos suficientes, reducir alcance mediante decisión pública motivada o declarar la meta no viable; no aparentar ejecución ni rebajar el objetivo silenciosamente. **Cuándo entregaremos cada paso:** registrar hitos M3, M6, M12 y M48, seguimiento trimestral y evaluación anual. Formar los grupos iniciales antes de M6 cuando la medida lo permita; los incorporados más tarde tendrán fechas de seguimiento propias y no se compararán como si llevaran cuatro años de intervención. **Qué garantías no se pueden perder:** publicar pendientes, abandonos, cierres y efectos adversos junto con éxitos. No alcanzar objetivos excluyendo casos difíciles, trasladando costes o reduciendo derechos. Comparar con alternativas y, cuando sea viable, grupos comparables o despliegue escalonado; una mejora antes/después no demuestra por sí sola causalidad. **Qué haremos si no funciona:** detener despliegues ante incumplimientos legales o señales graves de daño; investigarlos y publicar medidas correctoras antes de reanudar. En M12, ampliar solo con evaluación favorable y financiación; de lo contrario, corregir durante un plazo explícito o cerrar. Una meta incumplida conserva su resultado como incumplimiento aunque se apruebe otra después. ### Un seguimiento que no confunda actividad con resultados Cada medida activa tendrá un registro público con fecha de actualización. Este es el formato que se propone utilizar, no un panel de resultados ya obtenidos. | Qué publicaremos | Para qué sirve | |---|---| | Acción y ámbito | Saber qué se está haciendo, para quién y en qué territorio. | | Estado y siguiente paso | Distinguir diseño, solicitud de acuerdo, bloqueo, ejecución y evaluación; incluir motivo y fecha de la próxima entrega. | | Responsable y acuerdos | Diferenciar a quien impulsa la propuesta de quien ha aceptado ejecutarla, con constancia escrita. | | Recursos | Mostrar presupuesto, financiación confirmada y gasto ejecutado por separado; indicar lo que sigue pendiente. | | Resultado y garantías | Comparar situación de partida, meta original y resultado observado, con efectos adversos y fuente. | | Decisión | Explicar por qué se amplía, corrige, espera o cierra, sin borrar incumplimientos anteriores. | **Ejemplo de vivienda:** publicar un diagnóstico o presupuestar 150 viviendas no significa haberlas entregado. Solo se contará disponibilidad cuando sean habitables, se pueda acceder a ellas y se comprueben las condiciones de asequibilidad del programa. Mientras tanto, se comunicará la fase real y qué falta para avanzar. ### Cuando una norma deja de tener sentido Una ley vigente no es necesariamente justa, eficaz ni adecuada para siempre. Identificar una incompatibilidad legal en este documento no cierra el debate: indica qué debe revisarse para convertir una propuesta en una medida ejecutable. - Explicar para qué se creó la regla, qué problema resuelve hoy y qué costes o daños produce. - Comparar mantenerla, reformarla o derogarla, incluyendo quién gana, quién pierde y qué garantías habría que preservar. - Identificar el instrumento y la institución competentes, distinguiendo trámites administrativos, leyes y reformas constitucionales. - Diseñar transición, control y revisión posterior para evitar sustituir una norma deficiente por arbitrariedad o privilegios. - Publicar argumentos y permitir impugnación y debate, sin que quien obtiene un beneficio privado se conceda a sí mismo una excepción. La desobediencia civil puede ser objeto de debate ético y político, pero no convierte todo incumplimiento en legítimo ni elimina automáticamente sus consecuencias jurídicas. En el ejercicio del poder público, discrepar de una regla debe distinguirse de ignorarla unilateralmente o utilizar el cargo para eludir controles. ## 5. Prioridades y fases ### Apilar medidas: primero habilitar, después ejecutar y ampliar No se propone desplegar todos los ejes a escala nacional el primer año. Corrupción, integridad y control del gasto son prioridad transversal: ninguna intervención debe quedar fuera de trazabilidad y control. El orden se basa en dependencias reales; los pilotos son una primera vía ejecutable por eje, no la totalidad de su política. | Capa | Ejes y actuación | Prerrequisito para ampliar | |---|---|---| | Base institucional y datos | 1, 6, 12, 19 y 22: trazabilidad, capacidad administrativa, compra pública, información y evaluación. | Responsables adheridos, acceso legal a datos y presupuesto; no hace falta resolver todo un eje para arrancar otro. | | Vida cotidiana | 2, 3, 7 y 13: licencias y alquiler asequible, turismo, permisos e integración, esperas sanitarias. | Capacidad de tramitación del eje 6 y contratación del 12 cuando sea necesaria; competencias autonómicas y locales acordadas. | | Talento e ingresos | 4, 9, 10 y 24: formación aplicada, salarios, actividad creativa y proyectos personales o comunitarios. | Convenios con centros, empresas y servicios de empleo; oportunidades reales y criterios de evaluación previos. | | Actividad empresarial | 11, 14, 15 y 16: capital, apertura de negocios, autónomos y simplificación fiscal. | Procedimientos claros del 6; inversión privada y cambios normativos o presupuestarios autorizados cuando correspondan. | | Infraestructura e industria | 5, 17, 18, 25 y 26: tecnología útil, energía, datos espaciales, conectividad y fabricación. | Capacidad de compra del 12; el 26 necesita además energía y conectividad, talento y permisos de 17, 25, 4, 9 y 14. | | Decisiones institucionales | 8, 20, 21 y 23: cooperación exterior, cohesión, jefatura del Estado e incentivos públicos. | Información y controles de 1 y 22; acuerdos y habilitación jurídica. Pueden estudiarse desde el año 1 sin predeterminar resultados políticos. | | Protección intergeneracional | 27: suficiencia y financiación de pensiones. | Cuentas comparables, evaluación actuarial y diálogo social; conecta con empleo del 4 y fiscalidad del 16, sin depender de crecimiento garantizado. | | Transición tecnológica y protección | 28: comparar renta básica, garantía de ingresos y apoyos ante IA. | Evidencia, microsimulación, financiación y habilitación legal; conecta con 5, 9, 16 y 24, sin asumir desempleo masivo inevitable. | | Preparación ante crisis | 29: continuidad de servicios, alternativas de suministro y ejercicios. | Adhesión de responsables y operadores, recursos, criterios de activación y protección de información sensible; puede estudiarse sin esperar a una crisis. | | Claridad constitucional | 30: comprensión, fichas comparadas y reformas justificadas. | Revisión jurídica plural, accesibilidad y pruebas; conecta con 9, 20 y 22. Toda reforma depende de la iniciativa y procedimientos del título X; no añade un cuarto frente inicial ni sustituye el texto vigente. | | Justicia y defensa | 31: menos espera de gestión, seguimiento comprensible y asistencia jurídica accesible. | Competencias, independencia, recursos y acceso autorizado a datos; conecta con integridad del 1 y vivienda del 2. No añade un cuarto frente inicial ni reduce garantías para cumplir plazos. | ### Crear riqueza y reducir cargas con financiación demostrada **Tres cuentas diferentes:** riqueza producida en el país, recursos públicos disponibles y renta de hogares y empresas. Exportaciones e inversión pueden aumentar actividad y bases tributarias, pero sus importes no se convierten íntegramente en recaudación. Más ingreso nominal tampoco implica más poder adquisitivo. **Palancas compartidas:** productividad y acuerdos salariales del eje 4; inversión y crecimiento empresarial del 11; permisos del 14; fiscalidad del 16; energía del 17; exportaciones del 8 e industria del 26. No crear un programa de subvenciones adicional para duplicarlas. Conectar cada proyecto a una mejora verificable y publicar su coste completo. | Vía | Qué se puede obtener | Qué no debe contarse como dinero disponible | |---|---|---| | Productividad y exportaciones | Más valor por hora, ingresos privados y posibles recursos públicos adicionales. | Ventas brutas o un crecimiento futuro supuesto como recaudación cierta. | | Mejor contratación y gasto | Menor coste neto para igual o mejor servicio. | Importe íntegro de un contrato cancelado o de una alerta de IA. | | Activos y servicios públicos | Ingreso neto de usos compatibles mediante procedimientos competitivos. | Venta de patrimonio o préstamo como ingreso recurrente. | | Cumplimiento tributario | Cobros efectivos y prevención proporcionada de fraude. | Recaudación potencial no cobrada como financiación de una rebaja permanente. | | Revisión fiscal | Menor carga y complejidad donde aporte valor. | Una rebaja que se supone autofinanciada sin escenarios ni seguimiento. | **Hito a un año:** publicar al menos 10 perfiles fiscales comparables y una conciliación de costes e ingresos de los frentes activos. Incluir salario bruto y rendimiento neto de autónomos por separado, con perfiles de 100.000 y 150.000 euros; aplicar normativa, territorio y fecha declarados [F12]. No se incluye ahora un cálculo de impuestos ficticio o universal. **Hito a cuatro años:** evaluar anualmente las medidas adoptadas por renta disponible real, empleo, coste público y recaudación neta, contando gastos de transición y mantenimiento. Proponer rebajas permanentes solo con financiación recurrente demostrada, o explicar abiertamente deuda, gasto desplazado y riesgos; no prometer que todas puedan aprobarse. ### Año 1 · 2026–2027: preparar y demostrar a escala limitada **M1–M3:** clasificar todos los ejes en una cartera priorizada y desarrollar a fondo solo 3 frentes iniciales: integridad y contratación, vivienda y simplificación administrativa. En cada frente activo, publicar línea base, responsable institucional propuesto, alcance, costes unitarios, presupuesto y dependencias. Los demás mantendrán sus metas propuestas, pero figurarán pendientes de activación y validación. Una invitación institucional no contará como convenio. **M4–M6:** aprobar los primeros pilotos viables, recursos y criterios de evaluación; fijar cohortes y contratar por procedimientos competitivos. Incorporar otros ejes solo cuando haya capacidad y se cumplan sus dependencias; no comenzar obras, tratamientos o pagos nuevos sin habilitación y financiación. **M7–M12:** ejecutar pilotos y publicar resultados frente a las metas de cada eje. Objetivos prioritarios visibles: licencias un 20 % más rápidas en los 3 municipios adheridos, esperas sanitarias un 15 % menores en las 3 áreas elegidas, 100 contratos trazables y 10 procedimientos con menos duplicidad. Son metas propuestas del ámbito participante, no mejoras ya logradas. ### Año 2 · 2027–2028: corregir y ampliar lo que funciona Evaluar externamente los pilotos del primer año y resolver efectos adversos. Ampliar únicamente las intervenciones que mantengan calidad y tengan recursos comprometidos. Activar rehabilitación y construcción, extender formación y simplificación y preparar reformas legales con memoria económica. **Hito M24:** publicar una decisión motivada —ampliar, corregir o cerrar— para cada piloto iniciado en el año 1, junto con coste ejecutado, desviaciones y fecha del siguiente control. ### Año 3 · 2028–2029: consolidar capacidad y entregas Consolidar vivienda, servicios, conectividad y energía antes de acelerar proyectos industriales. Exigir desembolsos y permisos reales para contar inversiones; revisar que las mejoras se mantienen al aumentar escala. **Hito M36:** todos los proyectos activos deberán tener una revisión pública de resultados, gasto recurrente y financiación hasta M48. Los que dependan de una ley o acuerdo pendiente mostrarán esa dependencia y retraso, no una entrega ficticia. ### Año 4 · 2029–2030: comprobar resultados y preparar continuidad Contrastar cada eje con su meta M48, publicar evaluación independiente y proponer continuidad, rediseño o cierre. Para vivienda se contará disponibilidad efectiva; para industria, inversión ejecutada y empleo mantenido; para salarios y energía, resultados de cohortes con ajustes y límites descritos. **Hito M48:** publicar un balance por eje con meta original, resultado observado, presupuesto inicial y ejecutado, incidencias, evaluación y decisión para el siguiente ciclo. Una medida iniciada o una ley aprobada no equivale a su impacto conseguido. ### Lo que OpenSpain puede hacer sin gobernar OpenSpain puede redactar fichas, reunir evidencia y propuestas, solicitar reuniones y publicar apoyos y respuestas; no puede ordenar gasto público, licencias, decisiones judiciales o reformas legales. También puede preparar herramientas abiertas para que ciudadanía, periodistas y organizaciones recorran problema → datos → evidencia → propuesta → seguimiento. «¿Quién paga a quién?» y los mapas de contratos, cargos y mecanismos institucionales son proyectos propuestos, no plataformas ya disponibles ni nuevos frentes activos. Compartirán fuentes fechadas, metodología reproducible, código abierto, datos legalmente reutilizables y revisión de errores. Se reutilizarán herramientas existentes y se priorizará un entregable mantenible antes que un grafo nacional sin cobertura fiable; no se afirma colaboración ni respaldo de ninguna persona u organización. **M3:** disponer de la cartera completa y 3 fichas desarrolladas, con carencias declaradas. **M6:** remitir las fichas de los frentes activados a las instituciones competentes y publicar constancia y estado de respuesta. **M12:** publicar el estado de todos los ejes, distinguiendo pendientes de activos y resultados de compromisos, sin llamar «aprobado» a un apoyo verbal. Repetir el balance cada año hasta M48. El seguimiento distinguirá propuesta, remitida, acuerdo formal, financiada, en ejecución, resultado evaluado y cerrada. Publicar apoyos políticos requerirá consentimiento y evidencia; la falta de respuesta se declarará como tal. ### Pasos pequeños: del programa a entregas comprobables **Cuatro niveles:** visión del país → objetivo del eje a M48 → resultado anual a M12 → hito de 2–4 semanas. Un hito produce una entrega aceptable por sí misma; una tarea es una acción para producirla. «Celebrar una reunión» es una tarea; «obtener un compromiso escrito con alcance y responsable» puede ser un hito, pero no equivale a ejecutar la política. **Límite de trabajo:** empezar con 3 frentes, con un máximo de un hito en curso por frente. Si no existe equipo suficiente, ejecutar uno y mantener los otros en espera. No hay obligación de abrir tres equipos: el alcance se ajusta a las horas y recursos realmente disponibles. **Ficha mínima de cada hito:** identificador, entrega, responsable único, fecha, tareas, dependencia, recursos autorizados, criterio de aceptación y enlace a evidencia. Un colaborador o institución invitada no se anotará como responsable confirmado. El revisor de aceptación no será la única persona que produjo la entrega. **Aceptación:** indicar pendiente, en curso, bloqueado o aceptado. Solo marcar aceptado al cumplir el criterio y dejar evidencia. Una reunión sin compromiso, un enlace sin verificar, una vivienda anunciada o un presupuesto sin aprobar no cuentan como entrega final. No usar un porcentaje global de progreso que mezcle redactar documentos con mejorar la vida de las personas. ### Primeros 90 días: pequeño alcance, evidencia y decisión Los siguientes hitos son propuestos, no realizados. D7, D14 y D30 indican días desde el arranque real publicado de esta etapa, no una nueva fecha automática para reiniciar las metas anuales. La referencia general sigue siendo octubre de 2026–2030. Los responsables son roles a confirmar. | Hito | Plazo máximo | Entrega y criterio de aceptación | Responsable propuesto | |---|---|---|---| | H00 · Capacidad y foco | D7 | Lista de personas disponibles, horas y recursos autorizados; elegir hasta 3 frentes y un responsable confirmado por cada uno. Si solo cabe uno, publicar el resto en espera. | Coordinación OpenSpain | | H01 · Método común | D14 | Una plantilla de ficha, registro de fuentes y criterios de aceptación; revisión por una persona distinta de quien la redactó. | Coordinación y revisión metodológica | | V01 · Vivienda concreta | D30 | Diagnóstico de 1 municipio con al menos 3 fuentes fechadas; separar compra, alquiler, licencias y viviendas recuperables, declarando datos no disponibles. | Responsable de vivienda | | A01 · Un trámite concreto | D30 | Mapa de 1 procedimiento, pasos, autoridad, documentos y plazo oficial; contrastarlo con usuarios o expedientes accesibles legalmente, sin inventar un tiempo observado. | Responsable de simplificación | | C01 · Integridad y contratos | D30 | Revisar 10 contratos públicos de una entidad con criterio de selección publicado; registrar enlaces, fases disponibles y controles aplicables. Las carencias son riesgos a explicar, no acusaciones. | Responsable de integridad y contratación | | V02 · Una solución viable | D45 | Comparar 2 alternativas para el municipio y presentar una actuación limitada con cantidades, costes unitarios contrastados y competencias; revisión técnica y jurídica, con huecos explícitos. | Responsable de vivienda | | A02 · Una simplificación segura | D45 | Proponer eliminar o reutilizar al menos 1 petición documental redundante, explicando base legal, asistencia y método de medir tiempo ahorrado. | Responsable de simplificación | | C02 · Una ficha reutilizable | D45 | Prototipo de seguimiento de los 10 contratos, desde presupuesto hasta entrega; distinguir fase ausente, dato reservado y desviación que exige explicación. | Responsable de integridad y contratación | | H02 · Contraste externo | D60 | Enviar las 3 fichas activas a las autoridades y recoger revisión de usuarios y especialistas. Publicar envío, correcciones y respuestas; si no contestan, registrar falta de respuesta, no adhesión. | Coordinación y responsables de frente | | H03 · Decisión de piloto | D75 | Para cada frente, documentar alcance, responsable institucional, permisos y recursos aprobados, o declarar bloqueado. Sin aprobación, mantener trabajo documental y no actuar como administración. | Institución competente y coordinación | | H04 · Balance y siguiente ciclo | D90 | Publicar entregas aceptadas, carencias, gasto y decisión por frente: probar con acuerdo, corregir, esperar o cerrar. Definir el siguiente hito con fecha y criterio antes de abrir otro. | Coordinación y revisor independiente | La contratación del primer ciclo es una prueba de trazabilidad con información pública, no una acusación de fraude. El trabajo de vivienda no anuncia una obra ni un desalojo; la simplificación no autoriza a saltarse requisitos legales. Si H00 prioriza publicidad institucional dentro del frente de integridad, C01 y C02 se aplicarán a «¿Quién paga a quién?» con 1 entidad, 1 ejercicio y hasta 10 expedientes, o todos si hay menos. Se conservarán los plazos y la revisión independiente, y el entregable incluirá fuentes, conceptos separados, intermediarios, destinatarios acreditados y carencias. Es una sustitución motivada del caso de contratación, no un proyecto adicional simultáneo; el registro parcial no cumple por sí solo la meta anual del eje 19. ### Cómo convertir cualquier eje en un siguiente hito **Diagnóstico acotado, 2–4 semanas:** elegir un territorio, servicio o cohorte; registrar al menos 3 fuentes relevantes y una línea base verificable. Si faltan datos, la entrega será una solicitud y un registro de carencias, no un diagnóstico inventado. **Diseño revisado, 2–4 semanas:** comparar al menos 2 alternativas, definir una intervención, sus dependencias y coste completo, y recoger revisión técnica. Aceptar la ficha solo si permite decidir qué se haría, con quién y bajo qué condiciones. **Acuerdo de ejecución, 2–4 semanas para preparar y solicitar:** identificar responsable institucional, recursos y autorización por escrito. La respuesta de terceros no puede garantizarse en ese plazo; si no llega, el hito queda bloqueado y se publica el motivo. **Prueba y evaluación:** dividir el despliegue autorizado en entregas de 2–4 semanas cuando sea útil, sin forzar ese plazo sobre obras, resultados sanitarios o empleo mantenido. Medir el resultado solo tras el periodo suficiente definido en la ficha; terminar una tarea no demuestra impacto. **Escalado:** abrir el siguiente ámbito o cohorte cuando la prueba supere su criterio, mantenga calidad y tenga financiación. El calendario M12/M48 del eje no se sustituye por una cadena indefinida de pequeños hitos. ### Escenarios de país: mejoras posibles, no predicciones **Ejecución favorable:** si las intervenciones superan evaluación y se financian, puede haber servicios más ágiles, vivienda adicional, mejores capacidades productivas y menor exposición fósil. Comprobarlo por las métricas, no asignar ahora un porcentaje nacional de crecimiento o ahorro. **Ejecución parcial:** acuerdos limitados, permisos lentos o falta de personal reducen alcance. Mantener mejoras locales útiles y publicar qué metas no se alcanzan; no atribuir al país resultados de una pequeña cohorte. **Escenario adverso:** shocks de precios, financiación cara, sobrecostes o efectos distributivos negativos pueden neutralizar beneficios. Preservar servicios esenciales, revisar ritmo e intervención y publicar coste de corregir o cerrar. El objetivo es resiliencia y capacidad de respuesta, no independencia de inflación, mercados internacionales o decisiones de terceros. ## 6. Participación sin constituir un partido El programa puede desarrollarse como iniciativa ciudadana independiente. Si necesita gestionar fondos o contratar servicios, se estudiará una forma jurídica adecuada y obligaciones de transparencia. ### Quién impulsa la iniciativa **Alejandro Acosta**, español, ingeniero de software y coach, impulsa esta iniciativa como un espacio abierto para convertir preocupaciones ciudadanas en propuestas concretas. Su presentación profesional se incorpora a partir de la información facilitada para este proyecto; no implica respaldo institucional ni credenciales adicionales verificadas por el programa. El liderazgo inicial no sustituye la revisión técnica ni el debate plural. La iniciativa deberá hacer públicos sus criterios de decisión, financiación y conflictos de interés a medida que se organice. ### Coimpulsor de OpenSpain **Fabio Franco**, español, Policía Municipal de Madrid y geólogo, es coimpulsor de OpenSpain y aporta una mirada cercana a la seguridad cotidiana, la convivencia y los problemas que viven las personas en sus barrios. Su experiencia profesional y su formación aportan una perspectiva práctica sobre el territorio y cómo las decisiones públicas se traducen en la vida diaria. Presentación facilitada a la iniciativa. Participa a título personal; no se atribuye respaldo al Ayuntamiento de Madrid ni a la Policía Municipal, ni se añaden credenciales o responsabilidades institucionales no acreditadas. ### Vías de actuación: iniciativa propia y colaboración institucional **Modelo propuesto:** plataforma ciudadana independiente que investiga, formula y evalúa, sin exigir que un partido adopte todo el programa. Para gestionar fondos o contratos, revisar antes forma jurídica, responsabilidad y obligaciones; la asociación puede ser una opción, no se afirma que ya exista. | Vía | Entrega concreta | Límite | |---|---|---| | Trabajo propio | Diagnósticos, análisis de datos públicos, fichas y seguimiento. | No ejercer potestades públicas, revelar datos reservados ni emitir condenas. | | Piloto local o autonómico | Propuesta limitada con competencias, recursos y acuerdo firmado. | OpenSpain no concede permisos ni compromete presupuesto institucional. | | Colaboración parlamentaria plural | Dossier de 2 páginas por medida y anexo técnico, remitido con registro de respuestas. | Una pregunta o proposición no legislativa no equivale a ley o financiación aprobada. | | Consultas y participación formal | Aportación presentada por el cauce aplicable, con constancia y revisión de cambios. | Presentar no garantiza admisión, aprobación ni ejecución. | **Petición a partidos e instituciones:** discutir una medida concreta con problema, alternativa, coste, instrumento jurídico, responsable y evaluación. Publicar los cambios acordados y apoyos verificables; colaborar no significa respaldar todo el programa de quien participe. **Compromiso de colaboración:** escuchar antes de atribuir intenciones, responder a la propuesta y no sustituir explicaciones por el «y tú más». Buscar acuerdos parciales útiles, reconocer contribuciones y registrar discrepancias. La transparencia y el control se mantienen: una irregularidad no deja de investigarse porque señalarla incomode a un colaborador. Estas reglas se proponen para el trabajo de OpenSpain, no como una prohibición del debate público. **Control de independencia:** declarar financiación y conflictos, criterios de decisión y reuniones; distinguir propuesta, apoyo, aprobación, financiación y resultado. No vender influencia a donantes ni presentar una foto o una reunión como éxito público. ### De la queja a la acción Escuchar el malestar es el comienzo, no el resultado. La propuesta es convertir cada preocupación en una medida con responsable, coste, financiación y evaluación, y cada desacuerdo en alternativas que puedan discutirse. Manifestarse y expresar críticas son derechos legítimos; el programa propone sumarles trabajo técnico, participación y seguimiento institucional, no sustituirlos ni descalificarlos. El bien común no se presume por la etiqueta de una ley o un decreto. Debe argumentarse mediante efectos sobre ciudadanos, distribución de costes y beneficios, respeto a derechos y resultados verificables. - Recoger propuestas mediante un formulario común y moderación con criterios públicos. - Crear grupos de trabajo por ámbitos, con participación ciudadana y conocimiento técnico. - Publicar versiones, fuentes, discrepancias y motivos para aceptar o descartar propuestas. - Declarar financiación y conflictos de interés de quienes participan en decisiones. - Trasladar medidas a administraciones, representantes, consultas públicas y organizaciones sociales por los cauces disponibles. Participar o votar dentro de la iniciativa no sustituye las competencias de las instituciones ni los procedimientos democráticos oficiales. ### Donaciones y transparencia de la financiación **Estado actual:** las donaciones no están habilitadas. No se publica todavía un receptor ni un enlace de pago; este documento no solicita transferencias. No hay aportaciones registradas en la web. **Opción a desarrollar:** permitir aportaciones voluntarias para investigación, revisión técnica, elaboración de propuestas y difusión. Antes de recibir fondos se deberá identificar al responsable de su gestión, establecer el encaje jurídico y fiscal, publicar las condiciones y disponer de un medio de pago seguro. No se anuncian deducciones fiscales. **Registro público propuesto:** publicar fecha, referencia pública no bancaria, importe, moneda, nombre autorizado o «Nombre no publicado» y finalidad de cada aportación verificada. Solo se publicarán nombres con consentimiento expreso e informado, salvo obligación legal; nunca datos bancarios, documentos de identidad, direcciones ni datos de contacto. No publicar el nombre no significa que el gestor de fondos desconozca la identidad cuando deba comprobarla. **Transparencia del dinero:** mostrar ingresos brutos, comisiones, devoluciones, gastos y saldo, con fechas de actualización y conciliación de cobros. Publicar presupuestos y justificantes expurgados de datos personales, identificando compromisos pendientes. Una promesa de donar no se contará como dinero recibido. **Independencia y control:** las aportaciones no compran influencia sobre el programa, contratos ni trato preferente. Declarar conflictos de interés, valorar concentraciones de financiación y rechazar aportaciones ilegales o condicionadas a ventajas indebidas. Publicar las condiciones de devolución y el cauce de reclamación antes de habilitar pagos. **Puesta en marcha:** abrir el registro solo con aportaciones reales verificadas y un responsable identificado. Revisar periódicamente ingresos y gastos; estudiar una revisión independiente proporcional al volumen gestionado. La estructura está preparada como propuesta, no como plataforma de pagos o auditoría operativa. ## 7. Programa ciudadano resumido **Objetivo común:** una España donde sea más fácil vivir, trabajar, crear y emprender, con instituciones que rindan cuentas y servicios que funcionen. | Eje | Compromiso propuesto | |---|---| | 1. Integridad pública | Hacer trazables financiación y fondos; revisar penas e inhabilitaciones por corrupción con garantías, recuperar activos y exigir transparencia, código ético y dimisión por mentira deliberada acreditada. | | 2. Vivienda accesible y seguridad jurídica | Aumentar el parque público mediante promociones y barrios de vivienda social con servicios, proteger a propietarios e inquilinos y resolver conflictos con garantías y apoyos públicos viables. | | 3. Turismo accesible y barrios habitables | Facilitar alojamiento legal a precios accesibles y competencia, controlando irregularidad y presión residencial según evidencia local. | | 4. Mejores ingresos | Mejorar productividad, formación, cumplimiento laboral y capacidad de negociación. | | 5. Tecnología e innovación | Conectar investigación con productos, procesos y servicios en empresas e industria; desarrollar capacidades propias y adoptar IA útil, evaluable y respetuosa con los derechos. | | 6. Administración eficaz | Priorizar un catálogo de trámites, publicar responsables y cambios realmente eliminados; simplificar sin quitar protecciones y revisar organismos y plantillas sin comprometer servicios. | | 7. Migración, talento e integración | Mejorar contratación legal con contratos verificados y permisos exigibles, atraer talento, evaluar permisos remotos más largos e integrar con derechos, protección y control. | | 8. Cooperación exterior y posición europea | Facilitar ventas en la UE y Estados Unidos, cooperar y comparar escenarios europeos con evidencia y garantías. | | 9. Educación para la vida | Desarrollar habilidades cotidianas, pensamiento crítico, finanzas e inglés práctico; actualizar contenidos sin perder conocimientos fundamentales. | | 10. Talento sostenible | Ayudar a convertir capacidades artísticas y profesionales en carreras viables con derechos y protección. | | 11. Startups y empresas globales desde España | Conectar talento, conocimiento, primeros clientes e inversión para crear empresas en España que puedan operar mundialmente, sin garantías públicas incondicionales. | | 12. Compra pública e influencia transparentes | Mejorar competencia, controlar costes y hacer visible la participación de grupos de interés. | | 13. Sanidad universal y colaboración evaluable | Mejorar acceso, triaje y continuidad, combinar capacidades cuando aporte valor y reducir costes evitables sin disuadir atención necesaria. | | 14. Emprender e ingresos complementarios | Simplificar hasta poder operar y facilitar servicios y economía colaborativa, con reglas claras, clientes y evaluación de ingreso neto. | | 15. Trabajo autónomo y plataformas | Hacer las obligaciones proporcionadas a ingresos variables, proteger derechos y evaluar comisiones, costes e ingreso por hora total. | | 16. Fiscalidad sencilla y proporcionada | Diseñar rebajas sostenibles con casos comparables de trabajadores, autónomos y negocios; separar facturación, margen y dinero disponible y publicar coste y financiación sin prometer mayores salarios automáticamente. | | 17. Energía y transporte con menor dependencia | Reducir consumo de petróleo y gas natural mediante eficiencia, electrificación y alternativas fiables, y desarrollar aviación de bajas emisiones con viabilidad verificable. | | 18. Una economía espacial útil | Participar en ciencia e industria espacial mediante cooperación, contratación competitiva y aplicaciones que mejoren la vida cotidiana. | | 19. Medios libres e independientes | Impulsar «¿Quién paga a quién?» para seguir pagos públicos a medios y proteger autonomía editorial, pluralismo y nombramientos transparentes, sin censura ni clasificaciones partidistas. | | 20. Unir sin uniformar | Cooperar entre personas con ideas distintas, evitar el «y tú más», reconocer aportaciones y cumplir acuerdos sin silenciar crítica, memoria o responsabilidades. | | 21. Jefatura del Estado al servicio de la ciudadanía | Evaluar utilidad, costes y controles de la monarquía y de alternativas concretas mediante debate informado y los cauces constitucionales. | | 22. Democracia informada e igualdad política | Mejorar información sin privilegios electorales; encuentros ciudadanos, debate sin insultos y garantías del voto presencial, por correo y exterior con trazabilidad, secreto y acceso. | | 23. Remuneración y actividad privada compatible | Prevenir conflictos desde el primer día con revisión independiente, abstención y seguimiento; evaluar compatibilidades e incentivos públicos limitados sin autorizar actividades incompatibles. | | 24. Iniciativa y responsabilidad compartida | Facilitar hábitos, oportunidades y pruebas voluntarias de ingresos complementarios sin prometer riqueza ni imponer emprendimiento. | | 25. Oportunidades y movilidad abierta | Conectar trabajo remoto, internet fiable y servicios con transporte público, taxi, VTC y soluciones compartidas en competencia, con acceso legal y garantías. | | 26. Industria tecnológica competitiva | Explorar fabricación de vehículos eléctricos con Tesla y otros fabricantes y desarrollar robótica e IA por fases, con costes y beneficios públicos verificables. | | 27. Pensiones suficientes y sostenibles | Evaluar financiación, suficiencia y efectos por generaciones con escenarios revisados, mejorar gestión e información y tramitar reformas con recursos y garantías. | | 28. Renta básica y libertad de proyecto | Comparar protección de ingresos compatible con trabajo e innovación, evaluar costes e incentivos y probar solo diseños autorizados y financiados, sin dar por inevitable una renta universal. | | 29. Resiliencia y planes de contingencia | Anticipar guerras y otras crisis con alternativas, coordinación, recursos y ejercicios, protegiendo servicios esenciales y revisando lo que falle. | | 30. Constitución clara y accesible | Simplificar la explicación y evaluar reformas de redacción justificadas, reduciendo ambigüedades evitables sin recortar derechos ni eludir las garantías de reforma. | | 31. Justicia accesible y ágil | Reducir demoras evitables y trámites repetidos, facilitar seguimiento y defensa efectiva y reforzar integridad sin interferir en decisiones judiciales. | **Regla de cierre:** ninguna propuesta se considerará lista para ejecución sin responsable, encaje legal, coste, financiación y evaluación. Este es un punto de partida para construir un programa, no una promesa de resultados aún no demostrados. Además de los 31 ejes, el apartado 3.1 desarrolla seguridad ciudadana: prevención, asistencia a víctimas, recursos policiales según necesidades y respuesta a reincidencia acreditada, con garantías y diagnóstico previo. No tiene todavía metas de impacto ni financiación aprobadas y no activa un nuevo frente inicial. ## 8. Fuentes y límites de la evidencia Revisión documental y ampliación de gráficos: 4 de octubre de 2026; incorporación de los ejes constitucional y judicial, sus fuentes y el resumen de acciones: 5 de octubre de 2026. El calendario T0–M48 conserva su referencia original del 3 de octubre. Las publicaciones antiguas pueden ser pertinentes como evidencia o norma, pero no se presentan como estadísticas actuales. Los registros administrativos, nóminas y datos de pilotos mencionados son fuentes que habrá que obtener legalmente, no datos ya recogidos. ### Estadísticas oficiales **[F1] INE · EPA, segundo trimestre de 2026.** Publicación de 28 de julio de 2026: paro del 9,87 % y 22.779.000 personas ocupadas. Describe el mercado laboral nacional, no el impacto de OpenSpain. [Consultar EPA](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPA2T26.htm). **[F2] INE · IPC general, agosto de 2026.** Publicación de 15 de septiembre: tasa anual definitiva del 4,3 %. Serie de 2025 y enero–agosto de 2026 utilizada en gráficos. No confundir con IPCA. [Consultar IPC definitivo](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPC0826.htm). **[F3] INE · IPC adelantado, septiembre de 2026.** Publicación de 29 de septiembre: estimación anual del 4,9 %. No se incorpora a la serie definitiva sin esa condición. [Consultar adelanto](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/adIPC0926.htm). **[F4] INE · IPV, segundo trimestre de 2026.** Publicación de 7 de septiembre: variación anual nacional de compra del 12,2 %. No es un índice de alquiler ni mide viviendas únicas ocupadas. [Consultar IPV](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/IPV2T26.htm). **[F7] Ministerio del Interior · allanamiento y usurpación.** Serie nacional original: 15.289 hechos conocidos en 2023, 16.426 en 2024 y 14.875 en 2025. Incluye distintas infracciones e inmuebles, no equivale a viviendas ocupadas, personas condenadas o incidencias únicas. [Tabla oficial](https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/Tabla.htm?path=/Datos11//l0/&file=11002.px&type=pcaxis&L=0). [CSV original](https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/files/_px/es/csv_bdsc/Datos11/l0/11002.csv_bdsc). ### Estudios y experiencias de implementación **[F5] Greenaway-McGrevy y Phillips · Auckland.** El resumen de investigación publicado por Cowles describe un análisis cuasiexperimental de la reforma urbanística de 2016 y evidencia de aumento de construcción, considerando desplazamiento entre zonas. No demuestra una reducción determinada del alquiler ni valida las metas españolas de este programa. [Consultar investigación](https://cowles.yale.edu/research/cfp-1863-impact-upzoning-housing-construction-auckland). **[F6] e-Estonia · X-Road.** Documenta intercambio entre sistemas con autenticación, firma, cifrado y registro. Es evidencia de implementación de interoperabilidad, no una evaluación causal de ahorro ni justificación para compartir datos sin base legal. [Consultar descripción](https://e-estonia.com/service/interoperability-services/x-road/). ### Marco jurídico: no prueba por sí solo eficacia **[F8] Ocupación y procedimiento.** [Código Penal, art. 202](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a202) y [art. 245](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a245). [LECrim, art. 795](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036#a795), con inclusión de ambos delitos por la LO 1/2025 y efectos desde el 3 de abril de 2025. El procedimiento depende de requisitos y del caso, no autoriza desalojo privado ni garantiza un plazo universal. **[F9] Altos cargos.** [Ley 3/2015](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3444): dedicación, excepciones, retribución y conflictos. Las compatibilidades más amplias del eje 23 son propuestas de reforma, no permisos vigentes. **[F10] Expresidentes.** [Real Decreto 405/1992](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-9509): medios y prerrogativas tras el cese. No se identifica toda dotación con salario personal vitalicio ni se confunde con pensión ordinaria. **[F11] Pensiones.** [Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724). Acredita marco normativo, no suficiencia o solvencia futura; falta incorporar un análisis actuarial y fiscal completo. **[F12] IRPF.** [Ley 35/2006](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764). Las simulaciones necesitan normativa y tramo territorial aplicables, fecha y circunstancias; no hay un tipo efectivo universal para quien gane 100.000 euros. **[F13] Contratación pública.** [Ley 9/2017](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902). Referencia para instrumentos de compra y obligaciones; no demuestra que una herramienta de IA detecte corrupción o produzca ahorro. **[F19] Teletrabajo internacional.** [Ley 14/2013, texto consolidado](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074): artículos 74 bis a 74 quinquies. Visado de hasta un año, residencia de hasta tres y renovaciones por períodos de dos si se mantienen condiciones; el plazo puede ser inferior según el trabajo. Es un régimen específico para nacionales de terceros Estados, no cualquier empleo local ni exención fiscal automática. La ampliación del eje 7 es reforma propuesta. **[F33] Transporte de viajeros y viajes particulares.** [Ley 16/1987, LOTT, texto consolidado](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-17803): artículo 99.4, autorización para arrendamiento de turismo con conductor; artículo 101, condiciones del transporte privado particular y límites a remuneraciones. La aplicación concreta requiere normas autonómicas, locales y reglamentarias; no se deduce que cualquier particular pueda realizar viajes comerciales mediante una aplicación. **[F34] CNMC · impugnación de la regulación balear de taxi y VTC, 17 de julio de 2026.** [Nota oficial y expediente LA/02/2026](https://www.cnmc.es/prensa/impugnacion-decreto-vtc-taxi-20260717). Cuestiona determinados artículos del Decreto 6/2026: requisitos de vehículos, solicitudes, contratación parcial y tarifas. Describe la posición de la autoridad de competencia y una actuación judicial, no una sentencia firme ni una derogación general de restricciones españolas. Sus efectos económicos propuestos deben contrastarse, no contabilizarse como mejoras ya medidas. **[F35] Constitución Española · texto y reforma.** [Texto consolidado del BOE](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229), consultado el 5 de octubre de 2026 y revisado para el mapa de reformas. Artículos 166–169: iniciativa, procedimiento ordinario y agravado y límites temporales; artículos 87.1–2 y 116 por remisión. Para las ampliaciones institucionales: artículo 1.3 y título II, monarquía parlamentaria y Corona; artículos 2 y 137, autonomía; 23 y 68, participación y sufragio; 66, 69 y 90, funciones parlamentarias y Senado; 99, 101, 108 y 112–114, investidura, cese y responsabilidad del Gobierno; 117 y 122, independencia y gobierno judicial; 27 y 149, educación y distribución competencial. Estructura: 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final, sin contar preámbulo, títulos o rúbricas como artículos. Son cifras normativas, no una medición de dificultad, ambigüedad o comprensión. No justifican por sí solas reformar el texto; las explicaciones ciudadanas no tienen valor normativo. **[F36] CGPJ · duración media estimada de asuntos civiles terminados en 2025.** [Metodología oficial](https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-los-asuntos-terminados/) y [Excel original de primera instancia civil](https://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/Duraciones/20260416%20Juzgados%20de%20Primera%20Instancia%20%20y%20Primera%20Instancia%20e%20Instruccion%20-%20Civil%20-%20Duraciones.xlsx), de 16 de abril de 2026, consultados el 5 de octubre. Hojas «Ordinarios» y «Demas verbales», fila España, columna 2025: 15,464086576143092 y 11,137450171266176 meses, redondeados a 15,5 y 11,1. Modelo de ingresos, resoluciones y pendientes, no medición directa ni previsión individual; no distingue formas de terminación. La categoría «Demás verbales» no incluye todas las modalidades verbales. No cubre por sí sola recursos y ejecución ni cuantifica corrupción. **[F37] Asistencia jurídica gratuita.** [Ley 1/1996, texto consolidado](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750), consultada el 5 de octubre de 2026, junto con artículos 24 y 119 de la Constitución [F35]. La elegibilidad, alcance y reconocimiento dependen de los supuestos legales; no todo servicio de abogado es gratuito para cualquier persona. La norma no demuestra tiempos reales de designación, suficiencia de medios o ausencia de barreras; deben medirse. **[F38] Financiación y representación sindical.** [Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16660), [Estatuto de los Trabajadores, artículo 68](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430#a68) y [Ley 38/2003 General de Subvenciones](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977), textos consultados el 5 de octubre de 2026. Marco de libertad sindical, crédito horario, acumulación conforme a convenio y control y publicidad de ayudas. No demuestra qué proporción de ingresos proviene del Estado, utilidad de cada liberación ni dependencia partidista; requiere cuentas, registros y evaluación independiente. **[F39] CGPJ · designación y nombramientos.** [Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, artículo 567](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666#a567), texto consultado el 5 de octubre de 2026, junto con artículo 122 de la Constitución [F35]. Cada Cámara elige 10 vocales por tres quintos: 6 del turno judicial y 4 juristas, con requisitos y comparecencias previstos en la ley. Describe el modelo vigente, no prueba imparcialidad o sesgo de resoluciones ni eficacia de una alternativa. **[F40] IBI, entidades religiosas y entidades sin ánimo de lucro.** [Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 62](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214#a62), [Ley 49/2002, artículo 15](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039#a15) y [Acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos económicos de 1979](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-29490), consultados el 5 de octubre de 2026. Las exenciones dependen de titularidad, régimen, uso y supuestos legales; no toda propiedad religiosa está exenta por el mero hecho de serlo. Revisar una exención exige identificar su fundamento y efectos, no inventar recaudación recuperable ni equiparar beneficio legal con fraude. **[F41] Energía nuclear · autorización, seguridad y residuos.** [Ley 25/1964 sobre energía nuclear](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1964-7544), [Real Decreto 1217/2024, Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-25205) y [Real Decreto 102/2014 sobre gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2489), consultados el 5 de octubre de 2026. Marco de autorización, control, residuos y desmantelamiento; no demuestra costes, plazos o rentabilidad de una extensión o nueva central. Cada escenario requiere estudios técnicos, regulatorios y económicos propios y comparación del sistema completo. **[F42] Garantías electorales, voto por correo y voto exterior.** [Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, texto consolidado](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672), consultado el 9 de octubre de 2026; especialmente artículos 72–75, junto con las instrucciones de los órganos competentes para cada convocatoria. Marco para voto por correo y residentes ausentes; los procedimientos de residentes temporalmente en el extranjero deben contrastarse por separado con su normativa e instrucciones oficiales. Inscripción censal, modalidades, documentación y plazos dependen de la situación y convocatoria: no se exige genéricamente presencia consular a todo votante exterior. La norma no prueba ausencia o existencia de fraude ni el impacto de una mejora propuesta; una investigación, anomalía o diferencia de resultados no acredita por sí sola manipulación electoral. **Qué sigue pendiente:** evidencia específica y costes por intervención, fuentes de datos locales, evaluación jurídica detallada y acuerdos de ejecución. Argumentar un mecanismo y definir métricas mejora el diseño, pero no convierte todos los ejes en soluciones probadas. ### Vivienda, percepción de corrupción y experiencia de renta básica **[F14] INE · Censo de viviendas 2021.** Publicación de 30 de junio de 2023: 26.623.708 viviendas totales, 18.536.616 principales en el apartado de parque, 18.539.223 hogares familiares y 3.837.328 viviendas clasificadas como vacías por consumo eléctrico. Son cifras históricas de universos distintos. El 45 % de las vacías estaba en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 10,5 % en ciudades de más de 250.000. Vacía no significa disponible, habitable o situada donde existe demanda; la clasificación de uso se describe como provisional en la nota. [Consultar censo y metodología](https://www.ine.es/prensa/censo_2021_jun.pdf). **[F15] INE · Personas sin hogar 2022.** Publicación de 19 de octubre de 2022: 28.552 personas de 18 o más años usuarias de centros asistenciales de alojamiento o restauración en municipios de más de 20.000 habitantes. No es un recuento de todas las personas sin hogar ni de quienes necesitan vivienda asequible; referencia febrero–marzo de 2022, no 2026. [Consultar encuesta y alcance](https://www.ine.es/prensa/epsh_2022.pdf). **[F16] Transparency International España · CPI 2025.** Publicación de 10 de febrero de 2026: España obtiene 55 puntos sobre 100, uno menos que en 2024 (56). Mide percepción de corrupción del sector público según expertos y empresarios; una puntuación más alta indica menor percepción. No es porcentaje de corrupción, número de delitos ni dinero sustraído. [Consultar informe y metodología](https://transparencia.org.es/actualidad/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2025/). **[F17] Kela · ensayo finlandés de renta básica 2017–2018.** 2.000 personas desempleadas recibieron 560 euros mensuales durante dos años. La evaluación comunicó efectos laborales pequeños y mayor bienestar percibido. No fue una renta universal para toda la población ni prueba de financiación española. [Consultar evaluación y límites](https://www.kela.fi/ajankohtaista/perustulokokeilu-opetti-mita-yhteiskunnallisen-kenttakokeen-toteuttaminen-vaatii). **[F18] Poder Judicial · caso Nóos.** El resumen oficial de la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 describe condenas y pagos públicos por servicios no realizados. Ilustra por qué hay que comprobar concurrencia, entrega y pagos, pero un caso no cuantifica toda la corrupción española ni prueba culpabilidad en otros contratos. Deben respetarse absoluciones y distintos tipos de responsabilidad. [Consultar resumen oficial](https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-condena-a-Inaki-Urdangarin-a-5-anos-y-10-meses-de-prision-por-malversacion--prevaricacion--fraude--dos-delitos-fiscales-y-trafico-de-influencias-en-el--caso-Noos-). ### Diagnóstico gráfico ampliado y preparación ante crisis **[F20] INE · España en cifras 2026.** Se han contrastado las tablas del [PDF original](https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/EEC_2026_PUBLICACION_COMPLETA.pdf). La edición es de 2026, pero cada variable conserva su año. Páginas del PDF: población 10; educación 15; cultura 18; vivienda y pobreza 24–25; acceso digital e IA doméstica 26; empleo 28–29; exportaciones 34; empresas 36; innovación 37; tecnología empresarial 38; industria 41; turismo 49–50. Contiene fuentes INE y otras oficiales. No interpretar datos censales, encuestas, medias, contratos o créditos como universos intercambiables. **Ejemplos contrastados:** abandono educativo 12,8 % en 2025; IA empresarial 21,2 % en el universo indicado de empresas de 10 o más empleados conectadas; 3.310.824 empresas del DIRCE a enero de 2025; salarios medios anuales de 2024 por sector de la encuesta; 20,7 % de población mayor de 64 años a enero de 2025. Los gráficos aclaran cuándo estos datos son contexto y no el indicador causal de la medida. **[F21] Eurostat · dependencia energética, sdg_07_50.** [Consulta original](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/sdg_07_50?lang=EN&geo=ES&sinceTimePeriod=2019). Total: 75,034 % (2019), 67,892 % (2020), 69,38 % (2021), 74,202 % (2022), 68,261 % (2023) y 68,871 % (2024). En 2024: petróleo sin componente biológico 100,274 % y gas natural 97,391 %. Importaciones netas/energía bruta disponible; puede superar 100 por balances y existencias. No equivale a compras a Rusia o Irán, ni las series determinan el efecto de una guerra. **[F22] OIReScon · Informe Anual de Supervisión 2026, módulo I.** [Documento original](https://www.hacienda.gob.es/rsc/oirescon/informe-anual-supervision-2026/ias2026-modulo1.pdf), tablas 74 y 77: en 2025, excluyendo negociados sin publicidad, 94.639 de 225.695 lotes/contratos tuvieron un licitador (41,93 %). Por sector: estatal 45,76 %, autonómico 45,49 %, local 37,31 %. Son porcentajes por número, no por importe; una sola oferta no acredita corrupción. **[F23] Ministerio de Sanidad · listas de espera a diciembre de 2025.** [Nota SISLE-SNS](https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Nota_Resumen_SISLE__dic25.pdf): 853.509 pacientes pendientes de cirugía electiva y espera media de 121 días; 21,6 % llevaba más de seis meses. Datos agregados suministrados por comunidades. Media nacional no equivale a mediana local ni compara calidad pública y privada. **[F24] Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional · Informe 2024.** [PDF original](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/cpci/Documents/Informe-2024.pdf), cuadro 2.1: 108 campañas de AGE y sector público estatal y gasto de 70.430.604 euros. Se separan campañas comerciales y no se incluye toda publicidad autonómica o local. La distribución por ministerio no prueba reparto por medio, afinidad o censura. **[F25] Eurostat · confianza interpersonal, ilc_pw03.** [Serie original](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/ilc_pw03?lang=EN&geo=ES&sex=T&age=Y_GE16&isced11=TOTAL): población de 16 o más años, sexo y educación totales, media 0–10: 6,3 en 2021–2023 y 6,2 en 2024–2025. No es confianza en partidos, prueba de lealtad ni explicación causal de polarización. La ruptura de serie de 2018 no se mezcla en el gráfico. **[F26] Ley 31/2022 · presupuestos y remuneración normativa de 2023.** [Texto y anexos](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128). Tabla inicial de altos cargos: presidente 90.010,20 euros, vicepresidente 84.600,72 y ministro 79.415,16, sin antigüedad o posteriores actualizaciones. Anexo I: programas 911M (8.431,15 miles de euros) y 911Q (7.775,83 miles). No son nóminas de 2026, ejecución auditada o coste completo de la jefatura del Estado. **[F27] Junta Electoral Central · elecciones del 23 de julio de 2023.** [Resultados definitivos en el BOE](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-18907), cuadro I: 37.469.458 electores y 24.952.447 votantes; no votantes calculados por diferencia, 12.517.011. Incluye residentes ausentes y certificaciones censales. No confundir con avances sin voto exterior ni convertir participación en calidad de deliberación. **[F28] Unión Europea · Estrategia de Preparación, marzo de 2025.** [JOIN(2025) 130 final](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025JC0130), de 26 de marzo: anticipación, coordinación, funciones vitales y orientación para autosuficiencia ciudadana de al menos 72 horas. Es un marco de preparación, no una certificación de capacidad española ni una obligación de acumular productos sin asesoramiento. Reconoce carencias de gestión principalmente reactiva. **[F29] Ministerio de Ciencia · contribución española a la ESA.** [Comunicación de noviembre de 2025](https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2025/noviembre/espana-cuarta-potencia-esa.html): contribución anual citada de 202 millones en 2018 y 300 millones en 2025. La misma fuente distingue compromisos para 2026–2030; no se representan como gasto ya ejecutado ni como retorno garantizado. **[F30] Eurostat · ingresos tributarios, gov_10a_taxag.** [Consulta del agregado](https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/gov_10a_taxag?lang=EN&geo=ES&sinceTimePeriod=2023&unit=PC_GDP§or=S13&na_item=D2_D5_D91): 23,7 % del PIB en 2023 y 23,9 % en 2024, sin cotizaciones sociales. No es presión fiscal completa ni tipo individual de IRPF; el dato ausente de 2025 no se representa como cero. **[F31] INE · Coyuntura Turística Hotelera, diciembre de 2025.** [Nota original](https://www.ine.es/dyngs/Prensa/CTH1225.htm): ADR de 120,3 euros por habitación ocupada en diciembre; cinco estrellas 277,5, cuatro 126,0 y tres 93,9. El ADR anual de 2025 fue 127,7 euros. ADR no es precio final ofrecido, asequibilidad individual ni coste de vivienda turística; no mezclar periodo mensual con anual. **[F32] Ministerio de Transportes · autorizaciones de viajeros en turismos, 1 de septiembre de 2026.** [Tabla nacional original](https://cdn.transportes.gob.es/portal-web-transportes/transporte-terrestre/estadisticas-tt/webturi.pdf): total 60.074 VT-N y 27.107 VTC-N, distribuido por comunidad autónoma. «N» indica ámbito nacional de la autorización estatal, no habilitación para cualquier servicio urbano. No equivale a personas empleadas, vehículos activos, viajes ni todas las licencias municipales de taxi. El enlace se actualiza: la figura conserva la fecha de la tabla consultada el 4 de octubre de 2026. **Cálculos transparentes y límites:** con asalariados = 100 − 54,4 %; población menor de 65 = 100 − 20,7 %; otros órganos de publicidad = total menos cuatro ministerios mostrados; no votantes = censo − votantes. Son cálculos de contexto, no nuevas mediciones. Los datos publicados cubren cada eje, pero muchas líneas base específicas del objetivo, costes, comparadores e impactos causales siguen pendientes. ## 9. Problemas principales y primeras acciones **Una idea central:** menos barreras para vivir y crear, más garantías para todos y responsables que expliquen qué hacen. Este resumen selecciona problemas y acciones del programa; no demuestra su magnitud ni convierte propuestas en medidas aprobadas. | Problema principal | Acción propuesta | Primer paso comprobable | Ejes | |---|---|---|---| | Corrupción y respuesta penal insuficiente cuando se acredite | Hacer trazables contratos y fondos; revisar penas e inhabilitaciones proporcionadas y reforzar recuperación de activos y ejecución judicial. | Revisar 10 contratos de una entidad y preparar un diagnóstico jurídico de insuficiencias antes de proponer artículos concretos. Una alerta o denuncia no es una condena. No confundir demora con corrupción ni contar activos pendientes como dinero recuperado. | 1, 12 y 31 | | Carga fiscal y renta disponible | Diseñar rebajas sostenibles y simplificación, junto a productividad y cumplimiento laboral, con coste y financiación explícitos. | Comparar perfiles de trabajadores, autónomos y empresas y al menos 2 diseños con efectos distributivos y presupuestarios. No garantizar más salario bruto ni financiarse con crecimiento supuesto. | 4 y 16 | | Barreras para innovar, emprender y crecer | Conectar investigación con productos y servicios en startups, empresas existentes e industria; reducir trámites y facilitar talento, primeros clientes, inversión y mercados internacionales. | Elegir 1 trámite y proponer eliminar 1 petición redundante; identificar un problema, una aplicación de conocimiento y la siguiente prueba de un proyecto sin prometer financiación o ventas. | 5, 11, 14, 15 y 26 | | Inversión anunciada que no se convierte en actividad | Facilitar inversión extranjera con seguridad jurídica, plazos previsibles y conexiones locales, sin privilegios ni incentivos sin evaluación. | Mapear 1 itinerario de inversión y comparar fricciones, costes y responsables; verificar desembolsos, empleo y actividad real, no solo anuncios. | 8 y 11 | | Barreras para atraer talento y teletrabajo internacional | Facilitar orientación, reconocimiento profesional, permisos e integración; comparar ampliaciones de plazos y renovaciones. | Revisar 1 categoría de permiso y sus demoras, requisitos y efectos sobre vivienda y servicios. Una propuesta de ampliación no es un permiso vigente. | 7 | | Normas y trámites innecesarios, gasto público y funciones duplicadas | Revisar requisitos obsoletos o sin utilidad acreditada, simplificar permisos, auditar organismos y asesores y compartir servicios sin eliminar protecciones esenciales. | Revisar 1 trámite y justificar cada requisito por su finalidad, tiempo y coste; proponer eliminar una duplicidad por la vía legal y calcular ahorro neto después de transición, con continuidad del servicio. No se adopta abolición autonómica general. | 1, 6, 14 y 23 | | Inmigración laboral sin vías claras y riesgo de explotación | Facilitar contratos reales y autorizaciones de trabajo según necesidades acreditadas, con verificación y control de abusos. | Mapear 1 vía de contratación legal con requisitos de empleador, salario y permiso; separar protección internacional y reagrupación. Un contrato no concede automáticamente autorización. | 7 | | Vivienda difícil de encontrar y pagar | Ampliar el parque público y protegido de alquiler, construir barrios sociales, rehabilitar y habilitar suelo residencial donde haya demanda, servicios financiados y garantías. | Elegir un municipio y comparar al menos 2 alternativas de construcción o rehabilitación con suelo, transporte, servicios, coste y financiación. Reclasificar suelo no equivale a entregar viviendas. | 2 | **Por dónde empezar:** proponemos hasta 3 frentes: vivienda, integridad y contratación, y simplificar un trámite concreto. Antes de arrancar, cada uno necesita una persona que asuma el trabajo, recursos y una fecha. Explicaremos el problema, el siguiente paso y cómo comprobar el resultado. Si solo hay capacidad para uno, empezaremos por ese. Los demás, incluida justicia, esperarán a contar con equipo, competencias y financiación. **Al terminar el primer ciclo de 90 días:** explicar qué hemos hecho, qué nos ha frenado y cuánto hemos gastado. A partir de ahí, decidir si probar la propuesta con los acuerdos necesarios, mejorarla, esperar o descartarla. Preparar un proyecto ayuda a avanzar, pero no equivale a entregar viviendas, reducir la corrupción o agilizar la justicia.